Amparo de salud. Silencio de la obra social

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara Contenciosa Administrativa de Primera Nominación.

Autos: “M., M. R. c/ Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) – Amparo (Ley 4915)”.

Resolución: Sentencia  n.° 139.

Fecha: 25/9/2018.

Jueces: Gabriela A. Cáceres, Ángel Antonio Gutiez y Leonardo F. Massimino.

Análisis documental: Natalia Chierasco (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (Supervisor) y Virginia Casella (tutora).

 

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La actora –quien padece bulimia nerviosa purgativa– interpuso acción de amparo y solicitó se ordene la cobertura del tratamiento médico que le fue suscripto para poder tratar la patología diagnosticada. Alegó que con motivo de la negativa de la demandada a la cobertura del mismo, comenzó su tratamiento en una fundación, que es la única institución que brinda la atención multidisciplinaria e integral que requiere la patología que padece. Solicitó, como medida cautelar, la continuidad del tratamiento en dicha fundación, ya que su interrupción implicaría un grave riesgo y consecuencias irreparables a su salud. La Cámara Contencioso Administrativa resolvió hacer lugar a la acción. Ordenó a la obra social brindar cobertura integral del tratamiento que venía efectuando la joven, atento a la naturaleza de la dolencia y la falta de cupo de la institución que ofrecía la cartilla.

 

 

SUMARIO:

 

 

AMPARO DE SALUD. Arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. DERECHO A LA SALUD. FALTA DE COBERTURA MÉDICA DE LA OBRA SOCIAL. Silencio de la obra social. Obligación de cobertura.

Es manifiesta la arbitrariedad e ilegalidad de la falta de cobertura del tratamiento médico, cuando la amparista demuestra que su enfermedad requiere una inmediata intervención médica –aun en un centro de salud que no figura en la cartilla de prestadores de la obra social, toda vez que el único prestador no tiene cupo– y la obra social provincial guarda silencio y no da soluciones concretas. Es que la obligación de cobertura no está circunscripta únicamente a la Ley provincial n.° 9277. El tratamiento médico integral de la patología de la amparista hace a la protección de su salud, derecho que surge de la esencia misma de la calidad de persona humana y su derecho a la vida, y que goza de protección constitucional superior a las leyes que crean y reglamentan a la obra social provincial. En consecuencia, la obligación de cobertura a la especial situación médica, deriva del derecho constitucional a la salud de la accionante.

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