Bdj n.° 87/18 – Jurisprudencia actualizada CONSTITUCIONAL (20/12/2018)

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones de los tribunales de la provincia, sobre temas relevantes de Derecho Constitucional. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de las redactoras Lourdes María Soledad Ogas y Natalia Chierasco;  y del supervisor Juan Pablo Rodas Peluc, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Virginia Casella. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

 

 

RESOLUCIÓN 1

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Tribunal Superior de Justicia en pleno (Secretaría Electoral y de Competencia Originaria).

Autos: “Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) y otros c/ Dirección General de Recursos Tributarios de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba – Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, expediente n.° 3400181.

Resolución: Auto n.° 63.

Fecha: 22/8/2018.

Jueces: Aida L. Tarditti., Domingo J. Sesin, Luis E. Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, María Marta Cáceres de Bollati, Sebastián C. López Peña y Ángel Antonio Gutiez.

Análisis jurisprudencial: Lourdes María Soledad Ogas (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (supervisor) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

Los accionantes interpusieron acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de Córdoba, requiriendo que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución n.° 15/2016 de fecha 4 de abril de 2016, emitida por la Dirección General de Recursos Tributarios de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. Solicitaron la cesación del estado de incertidumbre en que los colocaba la entonces inminente designación como agentes de retención para la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, por las operaciones que efectúen con quienes revistiendo calidad de proveedores, desarrollen actividades alcanzadas por el tributo. El Tribunal Superior de Justicia en pleno, resolvió declarar formalmente inadmisible la acción por ausencia de impugnabilidad objetiva. Ello, toda vez que el acto atacado no revestía las condiciones de generalidad, abstracción e impersonalidad propios de aquellos susceptibles de ser impugnados por esa vía.

 

SUMARIOS:

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.  Vías procesales: Concentrada. Difusa. Diferencias.

En la provincia, el sistema procesal constitucional combina la posibilidad de que el control de constitucionalidad sea ejercido de forma concentrada (con carácter preventivo y declarativo) por el Tribunal Superior de Justicia en competencia exclusiva y originaria, y de forma difusa (por vía indirecta o incidental), por el resto de los tribunales. En el segundo caso, eventualmente, el Alto Cuerpo también puede intervenir, pero por vía recursiva. En la primera hipótesis, el control lo es en virtud de una acción sustancial por medio de la cual, en el marco de un caso concreto, una parte interesada demanda en forma directa el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria, atribuida taxativamente por la Constitución provincial al Tribunal Superior de Justicia, para que despliegue en forma preventiva el examen de compatibilidad constitucional de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales que dispusieran sobre materia regida por la Constitución provincial o, en general, por el bloque de constitucionalidad federal.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Acción declarativa de inconstitucionalidad. Carácter preventivo. 

La acción declarativa de inconstitucionalidad es una acción de derecho público que nace de forma directa de la Constitución y cuyo fin es sanear el orden jurídico provincial de las normas tachadas de inconstitucionales, prácticamente desde el momento mismo de la incorporación de las disposiciones a dicho ordenamiento. Esto es lo que pone de manifiesto su carácter preventivo, en la medida en que el examen de constitucionalidad precede a la actividad de aplicación individualizada de la norma en cuestión. Este rasgo es central y marca la mayor diferencia con el control indirecto o por vía incidental (por ejemplo, instado a raíz de la oposición de una excepción o de una defensa de inconstitucionalidad), porque en esta hipótesis se evalúa ya el despliegue o el impacto de la disposición por su eventual afectación a derechos en juego en el marco de una determinada relación jurídica.

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Vía directa o indirecta. Diferencias. 

En el control de constitucionalidad por la vía directa, la cuestión constitucional, en toda su pureza y autonomía, es el objeto central de la acción. En el caso de ser admitida, el proceso debe concluir con una declaración que despeje la incertidumbre sobre la compatibilidad (o no) de la norma en cuestión con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad federal antes de que la disposición sea efectivamente aplicada. En cambio, en la vía indirecta, el planteo constitucional existe, pero de forma accesoria e inserto en una controversia principal a la cual accede incidentalmente y a la cual condiciona como cuestión prejudicial, que hay que resolver pero sin perder de vista la cuestión principal. En otras palabras, la duda constitucional carece de la autonomía y centralidad con la que se presenta en la acción declarativa de inconstitucionalidad.

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Vía directa o indirecta. Diferencias. Función de cada vía.

En el control de constitucionalidad, ambas vías persiguen el mismo fin: asegurar el primado de la Constitución. Sin embargo, responden a alternativas procesales, situaciones y necesidades diferentes. En la vía indirecta, el derecho del impugnante ya ha sido afectado por una violación consumada o se encuentra en trance de tal como producto de la aplicación de la norma objetada (vgr.: hipótesis de una acción de amparo), y el proceso sirve para reestablecer la vigencia y efectividad del orden jurídico alterado por la disposición presuntamente inconstitucional. He aquí la función reparadora de esta variante, en la medida en que la causa de la impugnación es el perjuicio concreto sufrido con soporte, precisamente, en la norma cuestionada o en el régimen jurídico por ella establecido, cuya declaración de inconstitucionalidad, por eso mismo, se demanda. En cambio, en la vía directa, aún no se ha consumado ninguna violación, dado que solo media una amenaza –por parte de la disposición objetada– a una relación jurídica o a un derecho que podrían verse lesionados, razón por la cual urge despejar la incertidumbre que pesa acerca de la compatibilidad constitucional de la norma en debate (ley, decreto, resolución, ordenanza, etc.).

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Vía directa e indirecta. Certeza.

Tanto en el control de constitucionalidad directo como en el indirecto, resulta imprescindible generar certeza, pero con sentidos distintos. En el caso de la acción declarativa de inconstitucionalidad, lo primordial es despejar la incertidumbre constitucional que plantea la norma cuestionada, prácticamente ab origine, desde su incorporación misma al ordenamiento jurídico. Esto es lo que justifica que la búsqueda de seguridad se transforme en un bien en sí mismo y, por ello, el cometido de la sentencia ha de agotarse en la mera declaración del resultado que arroje el test de constitucionalidad al que se someta a la disposición impugnada. En cambio, en la vía indirecta lo que se busca es desterrar la incertidumbre que la norma tachada de inconstitucional provocaba.

 

ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD. Finalidad. Certeza.

El fin de la acción declarativa de inconstitucionalidad es producir certeza respecto de la norma objetada y, por eso mismo, el control de constitucionalidad ejercido de forma directa por el Tribunal Superior de Justicia se torna en el objeto de dicha acción. Cabe aclarar que la certidumbre que se procura procede, por una parte, incluso cuando la norma no se encontrara atrapada en ninguna zona de penumbra textual (en tanto sus previsiones fueran claras, precisas y terminantes), pero contextualmente el examen de compatibilidad constitucional resultara imprescindible. Ahora bien, la búsqueda de certeza también puede estar destinada a despejar las oscuridades textuales (vaguedades, ambigüedades o indeterminaciones) pero en tanto pudieran resultar inconstitucionales por la amenaza potencial a los derechos de una parte concreta. En este último caso, la interpretación constitucional desplegada por el Tribunal Superior de Justicia, en forma preventiva y antes de que dichas oscuridades se proyectaran sobre una relación concreta, cobra toda su relevancia. En cambio, en la vía indirecta, la finalidad es llevar certeza a la relación jurídica ya concretizada y en desarrollo y, con ese cometido, los jueces se ven obligados a desplegar dicho examen de compatibilidad constitucionalidad pero de forma incidental o refleja; esto es, al servicio del objetivo principal: clarificar los contornos de esa relación en particular, litigiosa, ya trabada, o de los derechos en juego, afectados por el despliegue de la norma.

 

ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD. Admisibilidad formal. Requisitos. Caso concreto planteado por parte interesada.

Los requisitos que la Constitución provincial exige para la admisibilidad formal de la acción declarativa de constitucionalidad son: que la cuestión constitucional planteada en forma directa lo sea en contra de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por la Constitución, en el marco de un caso concreto y por una parte interesada. El objeto de control por vía de la acción autónoma de inconstitucionalidad sólo pueden ser normas de carácter impersonales y abstractas emergentes de las distintas esferas del gobierno provincial o de las autonomías municipales. De manera que lo que inviste a un acto de autoridad suficiente para ser cuestionado mediante la vía de la acción declarativa de inconstitucionalidad, entre otras cosas, es que su contenido estatuya sobre materia regida por la Constitución provincial, que regule una conducta en forma impersonal, general y abstracta, y que tal regulación se postule como lesiva del ordenamiento constitucional. (en el mismo sentido, TSJ en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, en “Barrutia”, auto n.° 2 de fecha 12/2/2001)

 

ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD. Admisibilidad formal. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. Condiciones del acto atacado: generalidad, abstracción e impersonalidad.

No constituye materia habilitada para ser revisada mediante la acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 165, inc. 1°, apartado “a” de la Constitución provincial), la resolución de la Dirección General de Recursos Tributarios del municipio, que se limita a designar a quienes revisten la calidad de agentes de retención de una contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios y los emplaza para formalizar su alta en tal carácter, en el régimen instituido por el ordenamiento. Tal resolución es un acto particular de aplicación de un régimen general instituido por el ordenamiento jurídico objetivo municipal. El acto atacado no reviste las condiciones de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de aquellos susceptibles de ser impugnados por esta acción, toda vez que no está dirigido a la generalidad de los habitantes de la ciudad, sino concretamente a cada uno de los mencionados como agentes de retención. No es abstracta, desde que impone con claridad y precisión a sus destinatarios; por el contrario, es justamente este acto de aplicación el que transforma la abstracción del régimen general en una norma jurídica concreta y particular para cada uno de los actores, lo que evidentemente conlleva descartar su carácter impersonal.

 

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RESOLUCIÓN 2

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara Contenciosa Administrativa de Primera Nominación.

Autos: “M., M. R. c/ Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) – Amparo (Ley 4915)”.

Resolución: Sentencia  n.° 139.

Fecha: 25/9/2018.

Jueces: Gabriela A. Cáceres, Ángel Antonio Gutiez y Leonardo F. Massimino.

Análisis documental: Natalia Chierasco (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (Supervisor) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La actora –quien padece bulimia nerviosa purgativa– interpuso acción de amparo y solicitó se ordene la cobertura del tratamiento médico que le fue suscripto para poder tratar la patología diagnosticada. Alegó que con motivo de la negativa de la demandada a la cobertura del mismo, comenzó su tratamiento en una fundación, que es la única institución que brinda la atención multidisciplinaria e integral que requiere la patología que padece. Solicitó, como medida cautelar, la continuidad del tratamiento en dicha fundación, ya que su interrupción implicaría un grave riesgo y consecuencias irreparables a su salud. La Cámara Contencioso Administrativa resolvió hacer lugar a la acción. Ordenó a la obra social brindar cobertura integral del tratamiento que venía efectuando la joven, atento a la naturaleza de la dolencia y la falta de cupo de la institución que ofrecía la cartilla.

 

SUMARIO:

 

AMPARO DE SALUD. Arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. DERECHO A LA SALUD. FALTA DE COBERTURA MÉDICA DE LA OBRA SOCIAL. Silencio de la obra social. Obligación de cobertura.

Es manifiesta la arbitrariedad e ilegalidad de la falta de cobertura del tratamiento médico, cuando la amparista demuestra que su enfermedad requiere una inmediata intervención médica –aun en un centro de salud que no figura en la cartilla de prestadores de la obra social, toda vez que el único prestador no tiene cupo– y la obra social provincial guarda silencio y no da soluciones concretas. Es que la obligación de cobertura no está circunscripta únicamente a la Ley provincial n.° 9277. El tratamiento médico integral de la patología de la amparista hace a la protección de su salud, derecho que surge de la esencia misma de la calidad de persona humana y su derecho a la vida, y que goza de protección constitucional superior a las leyes que crean y reglamentan a la obra social provincial. En consecuencia, la obligación de cobertura a la especial situación médica, deriva del derecho constitucional a la salud de la accionante.

 

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RESOLUCIÓN 3

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación.

Autos: “Asociación Civil de Conductores de Autos de Alquiler con Chofer 25 de Mayo c/ Municipalidad de Córdoba – Amparo (Ley 4915)”, expediente n.° 7152041.

Resolución: Sentencia n.° 126.

Fecha: 24/8/2018.

Jueces: Gabriela A. Cáceres, Ángel Antonio Gutiez y Leonardo F. Massimino.

Análisis jurisprudencial: Natalia Chierasco (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (Supervisor) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

Una asociación civil de auto remis inició acción de amparo a fin de obtener la declaración de ilegalidad de la modificación tarifaria dispuesta por el municipio demandado. Sostuvo que tal modificación fue arbitraria, pues no se consideraron las particularidades del servicio prestado ni se expresó el criterio diferencial con el servicio de taxi. Por su parte, la demandada argumentó que la diferencia entre los servicios de auto remis y auto taxi fueron ponderadas al fijar las tarifas respectivas, en base a estudios económicos y evaluaciones por parte de la Municipalidad. La Cámara Contencioso Administrativo resolvió no hacer lugar a la acción.

 

SUMARIOS:

 

ACCIÓN DE AMPARO: Improcedencia. DETERMINACIÓN TARIFARIA. Metodología. Complejidad del cálculo. Órgano competente.

Si se sostiene que la diferencia establecida en las tarifas correspondientes para los servicios de auto taxis y auto remis debió ser mayor –o simplemente distinta a la efectivamente dispuesta–, o que debieron aplicarse criterios distintos para su determinación, tales cuestiones deben resultar de un procedimiento de determinación de reajuste de tarifas a llevarse a cabo por parte de los órganos competentes según lo establece la normativa aplicable, sin que pueda utilizarse la vía de amparo en reemplazo. Ello así, porque la determinación tarifaria está precedida de la producción de estudios económicos y evaluaciones que compete considerar al Concejo Deliberante, además de los estudios los precios existentes en el mercado entre otros recaudos propios de la metodología de determinación tarifaria.

 

ACCIÓN DE AMPARO: Improcedencia. DETERMINACIÓN TARIFARIA.

En todo régimen de prestación indirecta de servicios, las tarifas son fijadas o aprobadas por el poder público, como parte de la policía del servicio, lo que no obsta a la existencia de bases fijadas por ley o bajo forma contractual. La mencionada atribución tiene en miras consideraciones de interés público, tales como asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y la protección del usuario (en el mismo sentido CSJN, in re “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/amparo colectivo”, de fecha 18 de agosto de 2016). En consecuencia, la determinación de la estructura y/o el nivel tarifario de un determinado servicio –su quantum y contenido– es una tarea técnica compleja que, dada su naturaleza y la interdisciplinariedad, debe ser desarrollada por y ante los poderes públicos competentes. En ese entendimiento, la solicitud de evaluación del reajuste tarifario, importa una cuestión que requiere un mayor debate y prueba que excede el marco del amparo.

 

ACCIÓN DE AMPARO: Improcedencia. Inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Vía judicial más idónea. DETERMINACIÓN TARIFARIA: Servicio de taxis y remises.  Revisión judicial de actos administrativos.

Es improcedente una acción de amparo por falta de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, cuando la pretensión implica que el tribunal juzgue la ilegitimidad del cálculo tarifario de auto-remis y auto-taxis fijado por ordenanza municipal, y los criterios cualitativos diferenciales entre ellos. Esto, toda vez que dicho análisis está categóricamente condicionado por juicios técnicos, que hallarán en el cauce del proceso especial para la revisión de los actos administrativos, el medio judicial más idóneo para asegurar el debido proceso legal con todas las garantías (arts. 8 y 25.1. C.A.D.H. y art. 75 inc. 22, CN).

 

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INVITACIÓN A COLABORAR

Esta publicación periódica es una construcción colaborativa entre los tribunales de toda la Provincia y el equipo del Boletín Digital Judicial.

El análisis documental de las resoluciones es un servicio a la comunidad, que facilita y organiza la comprensión de la función reguladora del derecho en condiciones de igualdad para todos los interesados.

Contar con el apoyo de todos quienes dictan las resoluciones en toda la Provincia es la única garantía de un producto de excelencia.

Los fallos se receptarán en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

 

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