Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones de los tribunales provinciales sobre temas de Derecho Penal Juvenil. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de las redactoras Gisela Spitale, Verónica Silvana Devita, Paula Mariel Borgarello, Cecilia Álvarez; y de las supervisoras Fernanda Belén Diez y Marcela Meana , quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de los tutores Carlos Antacli y Sergio Nuñez. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

 

 

RESOLUCIÓN 1

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado Penal Juvenil de Sexta Nominación, Secretaría 6.

Autos: “C, R. A.  Causa penal juvenil, puesta a disposición (con mayor)”.

Resolución: Sentencia n.° 15.

Fecha: 17/4/2018.

Jueza: Liliana Beatriz Merlo de Rossi.

Análisis documental: Gisela Spitale (redactora), Fernanda Belén Diez (supervisora) y Carlos Antacli (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La jueza declaró al joven coautor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego operativa (arts. 45 y 166, inc. 2°, segundo párrafo del CP), disponiendo un período de probación socio-comportamental por el término de un  año, computable a partir del día en que cesó la privación cautelar de libertad.

 

SUMARIOS:

 

PROCESO PENAL JUVENIL. Tratamiento tutelar: Finalidad.

El tratamiento tutelar que prevé el artículo 4°, inciso 3°, de la Ley 22278, ha sido estatuido a modo de “probación” para que el o los culpables, concreten su recuperación conductual y den muestras de integración social. La sentencia declarativa de responsabilidad no puede pronunciarse sobre la eventual imposición de pena, la que debe quedar diferida para cuando haya vencido el período de probación socio-comportamental exigido por la legislación vigente, que no debe ser inferior al mínimo legal de un año.

 

PROCESO PENAL JUVENIL. Aspecto penal. Aspecto educativo. Período de probación. Tratamiento tutelar.

El proceso penal juvenil se caracteriza porque sus intervenciones institucionales o privativas de libertad son esencialmente de ultima ratio y “el proceso se conforma en primer lugar con un aspecto formalmente penal, y en segundo lugar con otro educativo, que se dispone siempre sin anular las garantías implicadas en el primero, pues éstas son el presupuesto esencial para legitimar la pretensión punitiva o reeducadora del Estado” (en el mismo sentido,  Cámara de Acusación, in re Peña, auto  456, de fecha 3 de septiembre de 2009). Desde esta perspectiva, el régimen penal juvenil vigente (Ley 22278) –interpretado según las pautas establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados internacionales que rigen en la materia– establece los lineamientos principales de la intervención judicial haciendo prevalecer lo protectorio y lo educativo, sobre lo punitivo. Al implementar un período de probación subsiguiente a la declaración de responsabilidad penal, se tiene en cuenta que el tratamiento tutelar puede adquirir diversas modalidades, y por ello el tribunal debe escoger la que más se adapta a las necesidades educativas y a los principios de rehabilitación, proporcionalidad y mínima suficiencia que impone la normativa nacional y supranacional (Conv. sobre los Derechos del Niño, arts. 40.1 y 4.4, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing–, arts. 5.1, 18.1, etc.). (en el mismo sentido, TSJ, sentencia n.° 122, de fecha 25/11/04, en “Bustamante, Juan José p.s.a. robo, etc. – Recurso de Casación“).

 

PROCESO PENAL JUVENIL. Principio favor minoris. Tratamiento tutelar. Cómputo del plazo.

El período de probación implementado al momento de la declaración de responsabilidad se computa desde la fecha en que cesó la privación cautelar de la libertad. Ello, en atención al principio favor minoris y lo resuelto in re Coria (TSJ, Sala Penal, sentencia n.° 115, año 2006), conforme una interpretación progresiva de los Derechos Humanos.

 

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RESOLUCIÓN 2

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado Penal Juvenil de Sexta Nominación, Secretaría 6.

Autos: “M. N. A. p. s. a. abuso sexual gravemente ultrajante, etc.”

Resolución: Sentencia n.° 82.

Fecha: 28/12/2017.

Jueza: Liliana Beatriz Merlo de Rossi.

Análisis documental: Verónica Silvana Devita (redactora), Fernanda Belén Diez (supervisora) y Carlos Antacli (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La jueza penal juvenil realizó la audiencia a los fines de resolver la eventual imposición de pena al imputado, a quien ya se lo había declarado autor penalmente responsable de delitos de instancia privada. Luego de escuchadas todas las partes, la jueza resolvió absolver de pena al joven en razón del resultado altamente positivo del tratamiento y del cumplimiento de todas las pautas establecidas en la sentencia en la cual se había declarado su responsabilidad. No obstante, a pedido del fiscal interviniente, se le impuso mantener la restricción de contacto con la víctima menor de edad a los fines de su protección.

 

SUMARIOS:

 

DERECHO PENAL JUVENIL. Período de prueba. Objeto. Empoderamiento: Alcance.

En el marco establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, el enfoque del derecho penal juvenil parte de presupuestos y define lineamientos basados preeminentemente en la educación y medidas de corte socio-pedagógicas, antes que represivas. Todo ello apunta a privilegiar aquellos procesos que puedan fortalecer a la persona, empoderarla, posibilitando con ello su reinserción socio-comunitaria. Esto ocurre cuando el joven, finalizado el período de prueba, ha podido demostrar que logró aquellas incorporaciones fundamentales tanto en el orden normativo como en el ámbito de los aprendizajes sociales, que pueden instalarlo con la suficiente fortaleza en sus espacios y entorno comunitarios, con una adaptación dinámica y armónica a la convivencia social.

 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. PROCESO PENAL JUVENIL. Absolución. Medidas de protección a la víctima menor de edad. Fundamento.

La conclusión de absolver de pena a un joven acusado de delitos contra la integridad sexual en contra de una niña, no impide a su vez proteger a la víctima de cualquier situación que pueda colocarla en situación de revictimización. Ello es consecuente también con lo establecido en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención de Belem Do Para) que obliga a los Estados partes a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (art. 7, inc. d). Y, si se trata de una víctima menor de edad, no puede soslayarse el interés superior del niño. El art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el art. 3 de la Ley 26061 y el art. 3 de la Ley 9944, sostienen este principio rector por el cual se debe atender en la singularidad del caso lo que mejor beneficie a la persona en su minoridad.

 

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RESOLUCIÓN 3

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Acusación.

Autos: “C. P., J. A. y otros p. ss. aa. robo, etc. – cuerpo de copias – cuestión de competencia”.

Resolución: Auto n.° 520.

Fecha: 1/10/2015.

Jueces: Patricia Alejandra Farías, Carlos Alberto Salazar y María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapellato.

Análisis documental: Verónica Silvana Devita (redactora), Fernanda Belén Diez (supervisora) y Sergio Nuñez (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El Juzgado Penal Juvenil de 4.° Nominación se declaró incompetente para conocer en una causa  en la cual se investigaba la participación de un menor de edad inimputable. Ordenó remitirla al Juzgado Penal Juvenil de 6.° Nominación, en acumulación a otra causa en la que se había investigado al mismo menor de edad, pero que ya se encontraba archivada. Sostuvo que el archivo dispuesto se había fundado en un “criterio de oportunidad” no previsto por nuestra legislación procesal, motivo por el cual entendía que existía una conexión subjetiva entre ambas causa. Ante ello, este último tribunal resolvió rechazar la acumulación y dejó planteado un conflicto negativo de competencia. La Cámara de Acusación, por unanimidad, descartó la existencia de conflicto de competencia y resolvió que no correspondía la acumulación en virtud del archivo firme de la causa precedente.

 

SUMARIOS:

 

PROCESO PENAL JUVENIL. Menores inimputables. Archivo.

El procedimiento especial previsto para las niñas, niños y adolescentes no punibles, cuando se les atribuye intervención activa en un hecho delictivo (art. 92 y ss. de la Ley 9944; art. 1 y cc. de la Ley 22278) tiene como objetivo primordial la protección y asistencia integral de aquéllos (art. 82 de la Ley 9944). Ello obliga al juez penal juvenil a adoptar las medidas que resulten adecuadas para garantizar dicho objetivo, siempre y cuando ellas sean exigidas en función del interés superior de la niña, niño o adolescente. Aquellas medidas, de resultar procedentes, constituyen la única reacción posible por parte del Estado frente al delito cometido por un menor de dieciséis años, teniendo en cuenta que la ley consagra la no punibilidad de aquéllos (art. 1, primer párrafo, de la Ley 22278). Así, teniendo en cuenta la situación especial en la que se encuentran los menores de edad inimputables frente a la ley penal, la Ley 9944 ha previsto la posibilidad de que el juez penal juvenil resuelva el cierre definitivo del proceso penal iniciado en contra de un menor inimputable sin aplicar medida tutelar alguna, resolución que se materializará mediante el archivo de las actuaciones.

 

PROCESO PENAL JUVENIL. ARCHIVO. Cosa juzgada. Efecto ante otros órganos jurisdiccionales.

En los casos de cierre definitivo del procedimiento, no podrá discutirse que la resolución del juez penal juvenil deviene firme si no es válidamente impugnada, adquiriendo en consecuencia valor de cosa juzgada. En esta dirección, no corresponde a un tribunal de idéntico grado (ni tampoco a un tribunal de alzada cuya competencia no ha sido abierta para ello), efectuar consideraciones acerca del mérito de una sentencia, ni mucho menos cuestionar los efectos definitivos propios de una resolución jurisdiccional que no ha sido recurrida.

 

PROCESO PENAL JUVENIL. ARCHIVO. Comisión de otro hecho ilícito. Efecto provisional. Alcance.

La presunta comisión de otro hecho ilícito por parte de la misma persona no puede considerarse una causal que obligue a la prosecución de actuaciones archivadas, incluso si su archivo obedece a un obstáculo transitorio para la continuación del proceso en el que fue dictado (art. 342, segunda hipótesis y art. 334, primera hipótesis del Código Procesal Penal).

 

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RESOLUCIÓN 4

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado  Penal Juvenil de Sexta Nominación, Secretaría 5.

Autos: “R. C. G. p. s. a. robo calificado con armas”.

Resolución: Sentencia  n.° 53.

Fecha: 25/9/2017.

Jueza: Liliana Beatriz Merlo de Rossi.

Análisis documental: Paula Mariel Borgarello (redactora), Marcela Meana (supervisora) y Carlos Antacli (tutor).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La cámara del crimen declaró al imputado menor de edad como coautor penalmente responsable por el delito de robo calificado por el uso de arma impropia (arts. 45 y 166 inc. 2, primer supuesto, del Código Penal) y remitió antecedentes al juzgado penal juvenil, a fin de resolver si era necesaria la imposición de una pena. En virtud de ello, el juzgado penal juvenil interviniente implementó, entre otras cuestiones, un período de probación socio-comportamental por el término de un año, prorrogable por igual período. Finalmente, se resolvió la absolución del imputado, atento a que dicho proceso de probación resultó altamente satisfactorio en cuanto al cumplimiento de sus fines.

 

SUMARIOS:

 

RÉGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD. Período de probación. Finalidad. Empoderamiento.

El período de probation tiene por finalidad fortalecer a la persona, empoderarla, posibilitando con ello su reinserción socio-comunitaria. El empoderamiento es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social, y pueden así impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Este concepto es perfectamente aplicable al período de probation cuando el joven, finalizado el mismo, ha podido demostrar que logró aquellas incorporaciones fundamentales tanto en el orden normativo como en el ámbito de lo aprendizajes sociales y que pueden instalarlo con la suficiente fortaleza en sus espacios y entornos comunitarios, con una adaptación dinámica y armónica a la convivencia social.

 

RÉGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD. Sistema acusatorio. Conclusión del alegato fiscal: pedido de absolución. Efecto vinculante.

La conclusión del alegato fiscal en la discusión final, que se ha pronunciado en favor de la absolución de pena (con arreglo a lo autorizado por el art. 4° de la Ley 22278), exime al juez penal juvenil de mayores consideraciones. Es que con dicha solicitud, está clausurada cualquier posibilidad de evaluar la necesidad de una sanción, al dejar sin sustento la pretensión punitiva que se esgrimía. Además, se debe tener en cuenta que la norma ritual que contiene el art. 414 del CPP, que hace al diseño de un procedimiento acusatorio puro, si bien se encuentra regulado para el juicio correccional, al mismo tiempo fija límites a la decisión del tribunal unipersonal en instancia única, en cuanto impone cierta concurrencia estimativa respecto del ilícito entre el fiscal y el juzgador. Ello así, toda vez que al encontrarse consagrado el principio acusatorio en nuestro sistema penal, dicha solución legal debe aplicarse también a los supuestos en los que quien decide sobre el fondo de la cuestión es un tribunal unipersonal, como es el caso del juzgado penal juvenil.

 

RÉGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD. Período de probación: cumplimiento, análisis del tribunal, valoración. Absolución de imputado.

Una vez cumplido el período de probación exigido por la ley (art. 4 de la Ley 22278), corresponde al juez penal juvenil examinar la modalidad del hecho, los antecedentes, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa y personal que se ha recogido del justiciable. En virtud de ello, corresponde absolver al imputado cuando el inicio del proceso de probación, su seguimiento como su consolidación, se produce necesariamente con la asunción de responsabilidad por lo acaecido, la voluntad de iniciar el cambio, el compromiso con las condiciones asumidas y el planteo de metas a futuro.

 

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RESOLUCIÓN 5

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado Penal Juvenil de Sexta Nominación, Secretaría 5.

Autos: “C., I. A. y otro p. ss. aa. homicidio agravado por el art. 41 bis”.

Resolución: Sentencia n.° 23.

Fecha: 9/5/2017.

Jueza: Liliana Beatriz Merlo de Rossi.

Análisis documental: Cecilia Álvarez (redactora), Marcela Meana (supervisora) y Carlos Antacli (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA.

La jueza penal juvenil absolvió de pena al imputado, quien siendo menor de edad había sido declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ello, atento a que el fiscal de instrucción no mantuvo su pretensión punitiva en la discusión final. Asimismo, consideró la evolución favorable de la etapa de probation del joven.

 

SUMARIOS:

 

SISTEMA ACUSATORIO. Órganos. Funciones. Pedido de absolución del fiscal: carácter vinculante.

La conclusión del alegato fiscal que se ha pronunciado en favor de la absolución de pena (art. 4° de la Ley 22278) clausura cualquier posibilidad de evaluar la necesidad de una sanción, al dejar sin sustento la pretensión punitiva que se esgrimía. Nuestro sistema jurídico está diseñado sobre una base garantista que tiende a proteger derechos individuales de raigambre constitucional. Tales garantías se entienden como límites a la potestad punitiva y persecutoria del Estado. Ello, conlleva a la separación por un lado, de los roles procesales de investigación y persecución (que culmina con la acusación pública o privada, de arribar el caso a esa instancia); y, por otro lado, de las facultades de decisión y juzgamiento, las que son llevadas a cabo por un tribunal natural, imparcial –respecto de las partes–, e independiente de los intereses de los otros poderes.

 

RÉGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD. Normativa. Lineamientos. Período de probación. Finalidad. Empoderamiento.

En el marco establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, el enfoque del Derecho Penal Juvenil parte de presupuestos y define lineamientos basados preeminentemente en la educación y medidas de corte socio-pedagógicas, antes que represivas. Todo ello apunta a privilegiar aquellos procesos que puedan fortalecer a la persona, empoderarla, posibilitando con ello su reinserción socio-comunitaria. El empoderamiento es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social, y pueden así impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Tal concepto y significación, es aplicable a los casos en que el joven, finalizado el período de prueba, ha podido demostrar que logró aquellas incorporaciones fundamentales tanto en el orden normativo como en el ámbito de los aprendizajes sociales, que pueden instalarlo con la suficiente fortaleza en sus espacios y entorno comunitarios, con una adaptación dinámica y armónica a la convivencia social. El inicio del proceso de probación y seguimiento, como su consolidación, se produce necesariamente con la asunción de responsabilidad por lo acaecido, la voluntad de iniciar el cambio, el compromiso con las condiciones asumidas y el planteo de metas a futuro.

 

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RESOLUCIÓN 6

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado Penal Juvenil de Sexta Nominación, Secretaría 6.

Autos: “C, J. E. p. s. a. robo calificado por el uso de arma de fuego”.

Resolución: Sentencia n.° 53.

Fecha: 16/8/2017.

Jueza: Liliana Beatriz Merlo de Rossi.

Análisis documental: Gisela Spitale (redactora), Fernanda Belén Diez (supervisora) y Sergio Nuñez (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La jueza declaró a un menor coautor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego operativa en grado de tentativa, a tenor de los arts. 42, 45 y 166 inc. 2, segundo párrafo del Código Penal. Asimismo, dispuso un período de tratamiento tutelar por el término de un año, prorrogable por igual plazo en caso de ser necesario, dando intervención al Programa de Tratamiento Tutelar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para su seguimiento. Finalmente, difirió el pronunciamiento sobre la necesidad de la pena y sobre la eventual imposición de costas hasta el vencimiento del término de probación socio-comportamental.

 

SUMARIO:

 

PROCESO PENAL JUVENIL. Privación de libertad: Ultima ratio. Conducción y contención del imputado. Prioridad familiar.

El proceso penal juvenil se caracteriza porque sus intervenciones institucionales o privativas de libertad son esencialmente de ultima ratio. Al respecto, debe ponerse de relieve la prioridad familiar en aquellas causas en que se diriman situaciones de conflicto con la ley penal de niños y adolescentes. Ello, pues resulta positivo y superador que sea la propia familia la que asuma la responsabilidad de conducción y contención con el seguimiento del Equipo técnico de Tratamiento Tutelar de SENAF, previsto por la legislación penal juvenil.

 

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INVITACIÓN A COLABORAR

Esta publicación periódica es una construcción colaborativa entre los tribunales de toda la Provincia y el equipo del Boletín Digital Judicial.

El análisis documental de las resoluciones es un servicio a la comunidad, que facilita y organiza la comprensión de la función reguladora del derecho en condiciones de igualdad para todos los interesados.

Contar con el apoyo de todos quienes dictan las resoluciones en toda la Provincia es la única garantía de un producto de excelencia.

Los fallos se receptarán en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

 

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Coordinación: Ab. Silvia Kiatkovski – Sub Área de Documentación e Información Pública | Tel. 0351 4481000 int. 37361

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