Bdj n.° 84/18 – Jurisprudencia actualizada ADMINISTRATIVO (7/12/2018)

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones de los tribunales de la provincia sobre temas de Derecho Administrativo. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de los redactores María Beatriz Calas e Ignacio Díaz Cafferata, y de la supervisora Andrea Molina, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Virginia Casella. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

  

RESOLUCIÓN 1

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Tribunal Superior de Justicia (Sala Contencioso Administrativa).

Autos: “Toyota Argentina S.A. c/ Provincia de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso de Apelación”, expediente n.° 1671671.

Resolución: Sentencia n.° 54.

Fecha: 27/8/2018.

Jueces: Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati.

Análisis Jurisprudencial: María Beatriz Calas (redactora), Andrea Molina (supervisora) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La parte actora dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Cámara Contencioso Administrativa, que rechazó la demanda y confirmó las resoluciones emitidas por la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia, a través de las cuales se le aplicó una multa por haber incurrido en la omisión prevista en el art. 76 del Código Tributario de la Provincia (Ley 6006, t.o. 2012) –hoy art. 80, t.o. 2015–, con relación al pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. La apelante descalificó el fallo alegando el desconocimiento de la naturaleza penal de dicha multa, la falta de configuración de los elementos objetivo y subjetivo del tipo legal y el criterio basado en el principio de la personalidad de la pena. Resistió el decisorio del tribunal a quo que infirió que el acogimiento a un plan de pagos implicó el reconocimiento de una infracción. Negó su calidad de contribuyente frente al impuesto de que se trata y aseveró la existencia de un error excusable. Por último, resaltó la prescripción de las facultades del Fisco para imponer multas, lo que a su entender, debía resolverse mediante la aplicación del Código Penal de la Nación. El Tribunal Superior de Justicia no hizo lugar al recurso incoado, con costas.

 

SUMARIOS:

 

DERECHO TRIBUTARIO. INFRACCIONES TRIBUTARIAS: Omisión de pago. Configuración. Elementos. Prueba. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DE LA PENA.

El tipo legal previsto en el art. 76 del Código Tributario Provincial (t.o. 2012) –hoy art. 80, t.o 2015–  se caracteriza por la omisión culposa del contribuyente que no paga el tributo o lo paga parcialmente, de manera incompleta, insuficiente. Consecuentemente, su configuración presupone un elemento objetivo –omisión de pago o pago parcial–  y un elemento subjetivo –culpabilidad–. En efecto, el referido artículo, consagra el principio de personalidad de la pena, por el que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. De este modo, el tipo legal del ilícito fiscal así establecido, exige al ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también el proceder culposo; al propio tiempo que impone como deber del contribuyente demostrar las causas de justificación o exculpación que pudieran enervar la antijuridicidad de su conducta.

 

DERECHO TRIBUTARIO. INFRACCIONES TRIBUTARIAS.  PERSONAS JURÍDICAS: Omisión de pago. Presunción de culpa. Prueba: Caracteres. Causa exculpatoria.

Para aplicar la sanción prevista en el art. 76 del Código Tributario Provincial (t.o.2012), hoy art. 80 (t.o. 2015) en orden a las personas jurídicas y a tenor del art. 86 ib., el Fisco debe probar el soporte fáctico de la presunción de culpa, el que debe ser cierto y no meramente conjetural. Una vez acreditado aquél, se infiere la conducta culposa. Es decir, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo recaudador (omisión de pago o pago parcial del impuesto) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (elemento subjetivo), lo que posibilita tener por cierto que se obró con culpa. Asimismo, la vinculación entre el soporte fáctico y el hecho presunto, tiene que ser unívoca, sin margen razonable para una consecuencia distinta. En ese marco, la interpretación sistemática del art. 86 al amparo del principio de personalidad de la pena en materia tributaria, conduce a sostener que se ha consagrado una presunción legal iuris tantum o relativa. Ello, pues dispensa de la prueba directa del hecho presumido al organismo fiscal favorecido por ella, pero puede ser contrarrestada por el contribuyente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se confirme la falsedad o inexistencia del hecho presumido a través de la acreditación fehaciente de una causa exculpatoria.

 

DERECHO TRIBUTARIO. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. Suscripción de plan de pago. Reconocimiento de deuda. DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS.

El acogimiento por parte de la empresa actora a una moratoria a través de un plan de pagos, que establece un régimen de facilidades para la cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, implica un reconocimiento de deuda que reviste el carácter de declaración jurada del contribuyente. Dicho reconocimiento importa admitir la no presentación de las declaraciones juradas originales por los montos debidos, lo que trae aparejado la materialidad de la omisión de pago imputada. En ese marco, el argumento relativo a la inexistencia de sustento territorial del impuesto, fundado en que no realizarían actividades en la Provincia relacionada con la venta de su producción, carece de trascendencia para revertir la configuración del elemento objetivo de la omisión de pago del tributo de que se trata. De este modo, si el contribuyente conoce y consiente los términos del plan de pago que suscribe, cuyas cláusulas establecen una reducción de las multas pero no su eximición, no resulta de recibo aquella pretensión que contradice su accionar previo, sin justificar la dimisión de su anterior, voluntaria y explícita aquiescencia.

 

DERECHO TRIBUTARIO. INFRACCIONES TRIBUTARIAS: Omisión de pago. DECLARACIÓN JURADA: Rectificación. Consecuencias. SANCIÓN: Morigeración del quantum. 

Resulta ajeno a una recta hermenéutica de los ilícitos definidos en el Código Tributario Provincial, la despenalización de quien –a través de su declaración jurada rectificativa– admite la infracción de tipo material consumada. Así, quien no haya presentado una declaración jurada o la haya presentado de manera inexacta, omitiendo el pago del impuesto resultante, aun cuando rectifique la misma, queda incurso en la omisión de impuestos al concurrir sus presupuestos esenciales, sin perjuicio de tornarse operativa la morigeración del quantum de la sanción.

 

DERECHO TRIBUTARIO. INFRACCIONES TRIBUTARIAS: Omisión de pago: Elemento subjetivo. Ausencia de culpa. Error excusable. Prueba. Carga de la prueba: Procedencia.  INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA.

La ausencia de culpa, en tanto elemento subjetivo de la infracción consistente en la omisión de pago del tributo, debe ser probada. Ello, en razón de que el error de hecho o de derecho es causal de absolución si es excusable y, por tanto, quien alega esa circunstancia exculpatoria tiene el deber de probarla. En ese marco, la conducta del contribuyente que deja de pagar el impuesto, o lo hace por un monto inferior al debido, argumentado un criterio de interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión y previamente conocido, no puede otorgar sustento a la invocación de un error excusable. Una conclusión distinta implicaría suponer que el cumplimiento de las obligaciones tributarias quede sujeto a la opinión que le merezca a la persona comprendida en sus términos, el mérito de la disposición legislativa.

 

DERECHO TRIBUTARIO. INFRACCIONES TRIBUTARIAS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TRIBUTARIA: Normativa aplicable. DIFERENCIAS CON LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PENAL.

El Código Tributario Provincial, como ley especial, regula específicamente el instituto de la prescripción, fijando las causales de interrupción y suspensión de las acciones del Fisco (arts. 108 y sgtes., t.o. 2012). Ello, en concordancia con los principios generales que rigen la materia referida a las sanciones tributarias que instituye la jurisdicción local, sancionando antijuridicidades respecto a bienes jurídicos de contenido distinto al que custodian las figuras delictivas del Código Penal o las faltas de índole contravencional. Por tal motivo, la invocación de la prescripción de la acción sancionatoria por el vencimiento del plazo establecido por el Código Penal no es de recibo, ya que las faltas o contravenciones a normas locales –tributarias– dictadas en ejercicio de potestades también locales, tienen su regulación integral de la misma naturaleza, por lo que corresponde la aplicación del Código Tributario, aun en el tema de la prescripción.

 

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RESOLUCIÓN 2

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Villa María.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo.

Autos: “Albagli, Alfredo David c/ Municipalidad de Villa María – Demanda Contencioso Administrativa – Plena Jurisdicción”, expediente n.° 367669.

Resolución: Sentencia n.° 43.

Fecha: 21/8/2018.

Jueces: Alberto Ramiro Domenech, Luis Horacio Coppari y Augusto Gabriel Cammisa.

Análisis documental: Ignacio Díaz Cafferata (redactor), Andrea Molina (supervisora) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El actor, empleado municipal, interpuso demanda contencioso administrativa y cuestionó la validez de los descuentos efectuados por horas de trabajo no laboradas. El accionante se agravió de la sanción debido a que consideró que se trató una medida disciplinaria encubierta, no prevista legalmente y resuelta sin el procedimiento administrativo establecido, en violación de sus garantías constitucionales. Por su parte, la accionada sostuvo que el descuento fue la consecuencia legal frente a la conducta incurrida, consistente en abandonar sus tareas injustificadamente, al haber asistido a asambleas ilegítimas, no avaladas por el sindicato correspondiente. El tribunal rechazó la demanda incoada, con costas.

 

SUMARIOS:

 

EMPLEO PÚBLICO. DEBERES: Cumplimiento del horario laboral.  POTESTAD DISCIPLINARIA. SANCIÓN. Descuento de haberes por horas no laboradas. Asambleas ilegítimas. Incumplimiento de deberes.

Es correcto el proceder de la Administración de descontar sumas de dinero por horas no laboradas cuando se acredita la participación de un empleado en asambleas que no se encuentran autorizadas o, lo que es lo mismo, son ilegales o ilegitimas, no avaladas por el sindicato correspondiente. Así, ante la ilegalidad de las asambleas, el descuento no adolece de los vicios de arbitrariedad e ilegalidad sino que deriva del incumplimiento de los deberes que la función exige.

 

EMPLEO PÚBLICO. DEBERES: Cumplimiento del horario laboral. POTESTAD DISCIPLINARIA: Participación en asambleas ilegítimas. Descuento de haberes por horas no trabajadas. Razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

Resulta razonable y proporcionada la medida adoptada por la Administración, en tanto sólo dispone el descuento al agente de las horas no trabajadas por asistir a asambleas ilegítimas; sin efectivizar eventuales apercibimientos disciplinarios previstos en el ordenamiento que rige la actividad del empleado que pudieran aplicarse, tales como la suspensión sin prestación de servicios ni percepción de haberes, que tiene por causa, entre otras, el incumplimiento reiterado del horario de trabajo, las inasistencias injustificadas reiteradas o el abandono de servicio (art. 148, incs. a, b y e, de la Ordenanza Municipal de Villa María n.° 5759).

 

ACTO ADMINISTRATIVO: Presunción de legitimidad. Presunción de regularidad. Presunción de validez. RÉGIMEN EXORBITANTE DE DERECHO PÚBLICO.   ACTO ADMINISTRATIVO ILEGÍTIMO: Prueba. Inversión de la carga de la prueba.  Obligación a cargo del administrado.

La actuación de la Administración Pública goza de presunción de legitimidad, de la que deriva la presunción de regularidad y de validez de sus actos. Ello constituye una prerrogativa propia del régimen exorbitante del derecho público y si bien se trata de una presunción simple o iuris tantum, es el particular o administrado quien tiene que demostrar que el acto impugnado contraría el orden vigente si pretende desvirtuarlo. Se produce así  la inversión de la carga de la prueba, quedando la Administración relevada de la obligación de probar la legitimidad de sus actos.

 

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RESOLUCIÓN 3

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Río Cuarto.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación.

Autos: “Puelles, Ignacio c/ Municipalidad de Río Cuarto – Demanda Contencioso Administrativa”, expediente. n.° 490357.

Resolución: Sentencia n.° 55.

Fecha: 12/6/2018.

Jueces: Carlos A. Lescano Zurro, Daniel Gaspar Mola y José María Herrán.

Análisis Jurisprudencial: Ignacio Díaz Cafferata (redactor), Andrea Molina (supervisora) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El actor interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, impugnando la validez de la resolución del juez administrativo de faltas, que lo declaró responsable de obstaculizar el accionar de la autoridad municipal y le impuso una sanción de multa. El accionante se agravió al considerar que no se verificó el hecho imputado y que, en consecuencia, los actos cuestionados se encontraban viciados. Asimismo, reclamó una indemnización por el daño moral sufrido en ocasión del indebido proceder municipal. El tribunal hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la resolución impugnada, dejando sin efecto la sanción impuesta. Rechazó la pretensión relativa al daño moral; con costas por el orden causado.

 

SUMARIOS:

 

DERECHO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLICÍA. VERIFICACIÓN DEL HECHO IMPUTADO. ACTA DE CONSTATACIÓN: Presunción de veracidad. Diferencia con informe. Prueba del hecho.

Si el hecho que supuestamente se le atribuye al accionante –que da lugar a la sanción administrativa– no surge de un acta de constatación que diera lugar a actuaciones administrativas, sino que es una inferencia del juez administrativo municipal construida a partir de un informe elaborado por un  funcionario público días después del supuesto hecho, entonces el mismo no se encuentra acreditado. Dicho informe no puede ser asimilado a un acta, pues no reúne las condiciones para ser considerado como tal  y solo puede ser apreciado –en el mejor de los casos– como una denuncia. Como consecuencia, carece de la presunción de veracidad que poseen las actas de constatación, y por ende, los hechos allí relatados requieren de otro medio de prueba que los corrobore.

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. DERECHO A INDEMNIZACIÓN. DAÑO MORAL: improcedencia. Inexistencia de actuación irregular, infundada o arbitraria.

Aun cuando se declare la nulidad de la resolución que dispone una sanción, ello no torna en ilegítimo el proceder de la Administración que, frente a la posible comisión de una infracción, dispone llevar adelante las acciones tendientes a su determinación. Es parte de la función del Estado velar por la seguridad pública e instruir las actuaciones necesarias para sancionar las conductas que infringen el orden preestablecido. En ese contexto, para que surja el deber de responder, el obrar de aquélla debe ser irregular, en el sentido de que medien excesos, o una falla grave o un error inexcusable. Así, el derecho a indemnización no debe ser reconocido automáticamente como consecuencia directa y necesaria del sobreseimiento o absolución administrativa, sino sólo cuando el operar de la Administración se revela como incuestionablemente infundado o arbitrario.

 

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RESOLUCIÓN 4

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación.

Autos: “Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. c/ Colegio de Ingenieros – Plena Jurisdicción”, expediente n.° 1392848.

Resolución: Sentencia n.° 50.

Fecha: 5/4/2018.

Jueces: Leonardo Massimino, Gabriela Cáceres y Cecilia de Guernica.

Análisis Jurisprudencial: María Beatriz Calas (redactora), Andrea Molina (supervisora) y Virginia Casella (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La empresa accionante interpuso demanda contencioso administrativa en contra del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, solicitando la revocación y declaración de nulidad absoluta de las resoluciones que le impusieron una multa por incumplimiento de una supuesta obligación de registro de la tarea profesional. Fundamentó su agravio en el hecho de arrogarse la demandada, la facultad de sancionar con multas a terceros ajenos a la matrícula, sin que ley alguna lo habilite para ello. La accionada, por su parte, sostuvo poseer potestades regulatorias sobre la materia, las que no se agotan en el simple control de los colegiados, sino también sobre las obras en que la actividad profesional de éstos se aplica. La cámara interviniente hizo lugar a la demanda incoada, con costas. 

 

SUMARIOS:

 

COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA. Potestades públicas delegadas: Extensión. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: Imposición de sanciones a terceros no profesionales de la Ingeniería: Improcedencia.  Ejercicio de potestades no delegadas.

La ratio legis de la Ley n.° 7673 y su Decreto Reglamentario n.° 1402/96, que regulan la actividad de los profesionales de la ingeniería, consiste en la atribución a la entidad colegial, de potestades públicas encaminadas a verificar las pautas deontológicas referidas al ejercicio profesional bajo su custodia, en materia de representación exterior y cuestiones disciplinarias. Tales aspectos constituyen el baremo según el cual se debe meritar la legitimidad de su obrar. En ese entendimiento, extender la facultad de imponer sanciones incorporando como destinatarios a terceros –no profesionales de la ingeniería que sean propietarios de las obras– revela un yerro hermenéutico, con la consecuente asunción de atribuciones que no le han sido delegadas.

 

COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: Imposición de sanciones a terceros no profesionales de la ingeniería: Improcedencia.  PODER DE POLICÍA. Seguridad pública: materia no delegada. Seguridad de las obras: Riesgos. Comunicación a las autoridades competentes

La aplicación solidaria de un régimen de multas al propietario o comitente, por incumplimiento de la obligación de registro de la tarea profesional, con fundamento en que dicha obligación tiende a preservar la seguridad pública por el riesgo que tales obras implican, carece de recibo. Ello, en razón de que el poder de policía –que comprende la facultad de proveer lo conducente a la seguridad pública en sentido amplio– corresponde al Estado y no ha sido objeto de delegación en favor del colegio profesional. En ese marco, si la entidad advierte que se encuentran involucrados aspectos referidos a seguridad de las obras, debe anoticiar a las autoridades competentes para la adopción de las medidas que fueren menester.

 

COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA. Potestades públicas delegadas: Control deontológico respecto de colegiados. Control deontológico respecto de terceros no profesionales: Improcedencia.

El argumento esgrimido por el Colegio de Ingenieros, en el sentido que en el marco de las funciones que le fueron atribuidas, sus potestades no se agotan en el simple control de los profesionales ingenieros especialistas (control subjetivo), sino también sobre las obras en que la actividad profesional de ellos se aplica (control objetivo), lo que lo habilita a sancionar al propietario de la obra o comitente, no es de recibo. Ello así, pues ni la Ley n.° 7673 y ni su Decreto reglamentario n.° 1402/96 contemplan dicha posibilidad ni extienden el control deontológico respecto de terceros no profesionales. En ese  marco, el control objetivo debe entenderse, como un medio o herramienta con el que cuenta el Colegio dirigido a fiscalizar el ejercicio de la actividad profesional, sin que signifique ampliar los alcances subjetivos de las competencias deontológicas que le han sido atribuidas legalmente.

 

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INVITACIÓN A COLABORAR

Esta publicación periódica es una construcción colaborativa entre los tribunales de toda la Provincia y el equipo del Boletín Digital Judicial.

El análisis documental de las resoluciones es un servicio a la comunidad, que facilita y organiza la comprensión de la función reguladora del derecho en condiciones de igualdad para todos los interesados.

Contar con el apoyo de todos quienes dictan las resoluciones en toda la Provincia es la única garantía de un producto de excelencia.

Los fallos se receptarán en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

 

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Coordinación: Ab. Silvia Kiatkovski – Sub Área de Documentación e Información Pública | Tel. 0351 4481000 int. 37361

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