Bdj n.° 83/18 – Jurisprudencia actualizada PENAL (4/12/2018)

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones relevantes de los tribunales de la provincia sobre temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de la redactora Laura Ahumada, de la supervisora Fernanda Diez, y de los tutores Sergio Núñez y Carlos Antacli, quienes elaboraron los sumarios seleccionados. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

 

 

RESOLUCIÓN 1

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado de Control y Faltas n.° 3. 

Autos: “Suplicatoria de la Fisc. Dist. 2 Turno 3 solicitando sustitución de medida cautelar en autos 2224370 ‘Cima A. Franceschini R. y otro p. ss. aa. vaciamiento de empresas”, expediente 7498280.

Resolución: Auto n.° 280.

Fecha: 24/9/2018.

Juez: Esteban Díaz Reyna.

Análisis documental: Carlos Eduardo Antacli (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El fiscal de instrucción le solicitó al juez de control la sustitución de una medida cautelar ordenada con anterioridad, que originariamente consistió en el secuestro de los bienes de una firma comercial, en el marco de la potestad-deber del art. 302 del CPP. En virtud de ello, el fiscal solicitó la realización de esos bienes –vía subasta judicial electrónica–, con el correspondiente depósito del dinero obtenido en un plazo fijo a favor de esa causa, para el eventual caso de que los imputados resulten condenados en el plenario. Finalmente, el juez rechazó la medida por entender que la misma excede el ámbito de actuación del juez de control.

 

SUMARIOS:

 

PROCESO PENAL. Ministerio Público Fiscal. Investigación penal preparatoria: finalidades. Juez de control: funciones.   

Las normas contenidas en los arts. 301 y 302 del CPP permiten, indubitadamente, sostener que la investigación penal preparatoria está a cargo del Ministerio Público Fiscal, siendo su excepción el que recaiga en cabeza del juez de control (art. 36, inc. 1, CPP). De tal suerte, es el propio código ritual el que concentra la actividad persecutoria en el fiscal de instrucción durante la investigación fiscal preparatoria, imponiéndole la potestad de impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y de reunir la prueba útil que otorgue sustento a la acusación o determine el sobreseimiento del imputado. Tan es así que el art. 75 del CPP expresa que el fiscal de instrucción dirigirá la investigación, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella y solo actuará ante el juez de control cuando corresponda (art. 36, inc. 1° in fine del CPP).

PROCESO PENAL. Ministerio Público Fiscal. Investigación penal preparatoria: finalidades, medidas probatorias. Juez de control: intervención de excepción. Cese de los efectos del delito: rol del fiscal de instrucción. Sistema acusatorio. 

El Código Procesal Penal, de manera expresa establece que el allanamiento de morada, la intercepción de correspondencia, la apertura y examen de correspondencia y la intervención de comunicaciones, entre otras medidas, deben ser ordenados por el juez o tribunal competente (dada su intervención de excepción) a requerimiento del instructor. Dicha exigencia que no se requiere para el registro ni para el secuestro, ni para la requisa (arts. 203, 210 y 208 del CPP), ni para la detención (art. 272), ni mucho menos, para el cese de los efectos de delito (art. 302 del CPP). Estas últimas medidas le conciernen al órgano encargado esencialmente de dirigir la investigación penal preparatoria y, por disposición de la ley, deben ser discernidas, ordenadas y practicadas por el mismo. Así las cosas, de las disposiciones y sistemática del ordenamiento de rito, es claro que la decisión sobre las medidas requeridas por el fiscal de instrucción, no son de las que le corresponden al juez de control. Una interpretación contraria a la esgrimida, esto es, pretender que el juez de control sea quien materialice actos como el ordenado por el fiscal de instrucción, implicaría reducir al primero de ellos al rol de un simple brazo ejecutor de las decisiones del segundo, desnaturalizando el sistema acusatorio mixto instaurado por el legislador en la reforma de la ley adjetiva.

 

PROCESO PENAL. SUSTITUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. Órgano competente para sustituir la medida cautelar: fiscal de instrucción. Funciones del juez de control.       

La función fundamental del juez de control es resguardar y controlar el efectivo respeto de las garantías constitucionales, e intervenir solo en los casos en que lo dispone la regulación procesal. Esto se logra mediante las herramientas establecidas por la ley para las partes –control jurisdiccional, oposición, etc.–, o  cuando, excepcionalmente, se disponga la atribución de la adopción de determinadas medidas a su cargo. Por ello, el fiscal de instrucción tiene potestad para ordenar y ejecutar la sustitución de una medida cautelar, mientras que el rol del juez de control debe quedar reservado para dirimir cualquier planteo que las partes deseen efectuar, en contra de la decisión del fiscal.

 

PROCESO PENAL. SUSTITUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. Fiscal de instrucción: Funciones, Cese de los efectos del delito, Facultades: Secuestro de bienes. Preservación del valor de los bienes.

El fiscal de instrucción ejerce sus propias potestades legales cuando ordena y materializa el secuestro de determinados bienes para evitar que el delito produzca consecuencias ulteriores. Por ello, si lo que pretende el fiscal de instrucción no es preservar esos objetos (fin propio del secuestro) sino su valor en dinero, no cabe ninguna intervención del juez de control en la materialización de esa sustitución.

 

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RESOLUCIÓN 2

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Acusación.

Autos: “Federico, Pablo Augusto y otros p. ss. aa. falsificación de instrumentos públicos”, expediente n.° 2904323.

Resolución: Auto n.° 490.

Fecha: 5/9/2018.

Jueces: Carlos Alberto Salazar, Patricia Alejandra Farías y Maximiliano Octavio Davies.

Análisis documental: Sergio Nuñez (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La cámara confirmó la elevación a juicio de tres empresarios imputados por los ilícitos de falsificación de documento público reiterada (art. 292 del Código Penal), en cuanto consideró que esos eventos fueron independientes del uso de esos documentos como medio para consumar la simulación del pago y la evasión agravada del impuesto a los sellos, hechos por los que fueron sobreseídos en otro decisorio.

 

SUMARIOS:

 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS. Falsificación material. Uso de documento público falso. Nociones. Relaciones. Dolo. Consumación. CONCURSO APARENTE. Alcance.

La falsificación material de instrumentos públicos resulta independiente de todo otro ilícito que implique la utilización de los documentos falsos. En tal sentido, la falsificación de los timbrados que acreditaban el pago del impuesto de sellos resulta perfectamente escindible, como suceso fáctico, de los delitos tributarios que se habrían cometido luego mediante su utilización. En efecto, el perjuicio potencial que exige el tipo del art. 292 del Código Penal se consuma, en el caso de los instrumentos públicos, con la mera confección del documento falso; no resulta necesario –a diferencia de lo que ocurre con la falsificación de instrumentos privados– el uso posterior del instrumento. El concurso aparente sólo es posible si por razones conceptuales un tipo penal cede su aplicación frente a otro; no puede depender, en cambio, de consideraciones empíricas, como lo sería aquella que, por ejemplo, argumentara que existe unidad delictiva porque el sujeto, al participar dolosamente de la falsificación, ya tenía también el dolo de uso del documento.  En primer lugar, porque lo que el sujeto se represente y pretenda, por ser justamente una cuestión fáctica, no influye en absoluto en la relación conceptual que pueda haber entre las figuras. En segundo lugar, porque incluso situados en el plano estrictamente empírico, aunque el sujeto haya participado en la falsedad con el objetivo final de usar el documento falsificado, lo cierto es que ello, jurídicamente, se traduce en la presencia de dos dolos diferentes: el de falsificar y el de usar lo falsificado. (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, causa “Urretz Zavalía”, auto n.° 252, de fecha 5 de diciembre de 2006)

 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS. Falsificación material. Uso de documento público falso. Consumación. Delitos instantáneos. Identidad del sujeto activo. CONCURSO REAL.

Como el uso de documento no es condición necesaria de la consumación de la falsedad de instrumentos públicos, queda claro que ésta queda consumada con independencia del uso, y que si luego ese instrumento público falso es empleado por quien participó en la falsificación, se está cometiendo un hecho conceptual y empíricamente independiente al de la falsedad que, por ello, puede y debe concurrir materialmente con él. La conclusión según la cual el uso en tales casos “no hace más que continuar la consumación” de la falsedad no resiste el análisis, si se parte de la idea correcta de que tanto la falsedad como el uso son delitos instantáneos. El carácter instantáneo o continuo de un delito se determina por razones conceptuales, y ese carácter no puede ser modificado casuísticamente por el hecho de que, desde un punto de vista empírico o fáctico, en un determinado supuesto a la falsedad de un instrumento público le siga su uso por parte del propio autor o partícipe de aquélla.  (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, causa “Urretz Zavalía”, auto n.° 252, de fecha 5 de diciembre de 2006)

 

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RESOLUCIÓN 3

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Acusación. 

Autos: “Federico, Pablo Augusto; Federico Pablo Ignacio; y Federico, Natalia Victoria p. s. a. Falsificación de instrumentos públicos”, expediente 2904323.

Resolución: Sentencia  n.° 35.

Fecha: 5/9/2018.

Jueces: Maximiliano Octavio Davies, Carlos Alberto Salazar y Patricia Alejandra Farías.

Análisis documental: Carlos Eduardo Antacli (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El juez de control confirmó la elevación a juicio de la causa seguida en contra de varios imputados por los delitos de falsificación de instrumento público, simulación dolosa de pago reiterada y evasión agravada. La defensa de los imputados interpuso recurso de apelación, aduciendo que durante el curso del proceso se sancionó la Ley 27430 con la que se aprobó, entre otras cosas, un nuevo régimen penal tributario. Agregó que, este nuevo régimen elevó el monto de la condición objetiva de punibilidad de $400.000 a $1.500.000 y que, por ende, la nueva ley penal tributaria resultaba más benigna y debía aplicarse retroactivamente. Finalmente, la Cámara de Acusación hizo lugar al planteo defensivo y, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, sobreseyó parcialmente a los imputados por los hechos calificados como simulación dolosa de pago reiterada y evasión agravada.

  

SUMARIOS:

 

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO. EVASIÓN TRIBUTARIA. Montos mínimos. Naturaleza jurídica: condiciones objetivas de punibilidad.

Respecto de los montos mínimos previstos para el delito de evasión tributaria, debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene el criterio de considerarlos como condiciones objetivas de punibilidad, situadas por fuera del ilícito y de la culpabilidad (conforme CSJN, Sentencia de fecha 19/8/1999, en autos “Morrone”, LL, 2000-c-432, entre otras).

 

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO. EVASIÓN TRIBUTARIA. Ley n.° 27430. Elevación de los montos mínimos. Aplicación retroactiva ley penal más benigna.

La Ley n.° 27430, con la que se aprobó un nuevo régimen penal tributario, elevó el monto de la condición objetiva de punibilidad de $400.000 a $1.500.000. Por ello, la nueva normativa constituye una ley penal más benigna respecto de los imputados, en tanto establece una condición objetiva de punibilidad más beneficiosa para ellos. Por esa razón corresponde que sea aplicada retroactivamente en su favor, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 2° del CP, el art. 9° in fine de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 15, inc. 1°, in fine del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, cuando el monto total de lo presuntamente simulado y evadido no supere, en ningún caso, los montos mínimos legalmente establecidos por la nueva normativa, dichas conductas ya no pueden considerarse punibles.

 

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO. EVASIÓN TRIBUTARIA. Ley n.° 27430. Elevación de los montos mínimos. Principio de irretroactividad de la ley, excepción: aplicación retroactiva ley penal más benigna.

Las disposiciones convencionales en materia de derechos humanos no permiten otra conclusión que no sea la de la desincriminación de las conductas anteriores que han quedado por debajo de los nuevos montos establecidos por la Ley n.° 27430. Es que se trata efectivamente de una ley penal más benigna cuya aplicación deviene obligatoria, de acuerdo a los términos del art. 2° del CP. Esta norma introdujo una excepción al principio general de irretroactividad de ley penal, derivado del principio de legalidad (en su sentido de ley previa). Conforme a ello, el imputado ha de ser, en principio, juzgado en atención a la ley vigente al momento de cometer el delito (tempus regit actum), pero, excepcionalmente, podrá aplicársele una ley no vigente, por resultar más benigna.

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO. EVASIÓN TRIBUTARIA. Ley n.° 27430. Elevación de los montos mínimos. Principio de irretroactividad de la ley, excepción: aplicación retroactiva ley penal más benigna: disposiciones convencionales, tratados internacionales, aplicación obligatoria.

La incorporación con rango constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no sólo ha reafirmado la vigencia del principio de legalidad (art. 18 de la Constitución nacional), sino que lo ha ampliado, al reconocer el principio de “extraactividad” de la ley penal más benigna, que desde 1994 goza de rango constitucional. Ello es así, en tanto la apreciación de la benignidad de una nueva ley, a los fines de su obligatoria (y oficiosa, según la CSJN) aplicación retroactiva, necesariamente ha de partir de la perspectiva del beneficiario de dicha garantía constitucional, esto es, el imputado o condenado. Por esta razón, en materia penal tributaria no puede aceptarse el criterio que deniega el beneficio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, ya que tal postura supone atribuir preeminencia a una presunta “valoración social” negativa de aquellas conductas que, a partir de la nueva ley (Ley n.° 27430), quedarían por debajo de la condición objetiva de punibilidad de la ley penal derogada, haciendo prevalecer el punto de vista de la sociedad en detrimento del beneficiario de la garantía constitucional.

 

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RESOLUCIÓN 4

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Acusación.

Autos: “Bechis, Diego Alejandro y otros p. ss. aa. defraudación calificada por administración fraudulenta, etc.”, expediente n.° 7049659.

Resolución: Auto n.° 271.

Fecha: 8/6/2018.

Jueces: Patricia Alejandra Farías Maximiliano, Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar.

Análisis documental: Laura Ahumada (redactora), Fernanda Diez (supervisora) y Sergio Nuñez (tutor).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra del auto dictado por el juez de control, por medio del cual se confirmó la prisión preventiva del imputado. El tribunal de alzada convalidó la medida de coerción al entender que se encuentra debidamente fundada en indicios de peligro procesal concreto, derivados de conductas previas del imputado tendientes a obstaculizar el proceso, tales como las manifestaciones efectuadas cuando era defensor de los otros imputados en la causa.

 

SUMARIOS:

 

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES: Inviolabilidad de las comunicaciones.  Derecho a la intimidad. Excepción.

La intervención de las comunicaciones del imputado es un medio de prueba previsto expresamente en el art. 216 del Código Procesal Penal (CPP), que tiene como requisito sine qua non que sea adoptada por resolución fundada de un tribunal, bajo pena de nulidad. Dicha exigencia deriva de la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones y del derecho a la intimidad, reconocidos a nivel constitucional y convencional (arts. 46 de la Constitución provincial (Const. pcial.), 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (CN); 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Los derechos y garantías constitucionales no son absolutos (art. 14 de la CN; 18 de la Const. pcial.), y existen casos en que la garantía de las comunicaciones privadas puede ser restringida con la finalidad de comprobar la existencia del ilícito y la participación del imputado.

 

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES. Naturaleza jurídica. Alcance. Requisitos.

La intervención de las comunicaciones es una verdadera medida de coerción real, que implica una injerencia en el ámbito de la vida privada del sospechoso y de las personas que aparecen indirectamente vinculadas con el delito investigado. Debe ser ordenada por un juez, tener sustento en prueba que justifique la pertinencia y utilidad para la consecución de los fines del proceso, y recaer sobre las comunicaciones en que se encuentre involucrado el imputado, esto es, la persona que se encuentre sospechada de cometer un ilícito. (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, causa “Berón”, auto n° 503, de fecha 23 de diciembre de 2008)

 

DERECHO DE DEFENSA: Comunicación entre el imputado y su defensor.   SECRETO PROFESIONAL: Alcance.

La garantía de comunicación libre y privada entre un imputado y su defensor, que integra el derecho constitucional de defensa en juicio, y todo lo relacionado con el secreto profesional, constituyen instrumentos destinados a proteger y resguardar al imputado a fin de que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Sólo mediatamente puede sostenerse que ellos también favorecen al defensor, en el sentido de que no podría ser citado a declarar como testigo, en virtud del secreto profesional (art. 221 del CPP). El secreto profesional constituye antes un deber de abstención para el profesional establecido en resguardo del imputado, del que se deriva –en esa medida– un derecho de abstención de brindar testimonio para el defensor.

 

PRISIÓN PREVENTIVA: Manifestaciones del defensor. Intervención de comunicaciones telefónicas. Indicio de peligrosidad procesal. Valoración. DERECHO DE DEFENSA: Alcance.

Las manifestaciones efectuadas por un defensor a sus defendidos, incorporadas al proceso en virtud de una intervención telefónica válidamente ordenada, constituyen indicios de riesgo procesal para ese defensor –que luego resultó imputado en la misma causa–, al denotar la intención de realizar y llevar a cabo diversas conductas entorpecedoras de la investigación, dado que ello excede claramente el ámbito de una mera estrategia defensiva. En este sentido, el derecho de defensa del imputado comprende el derecho a un comportamiento procesal pasivo (derivado del principio nemo tenetur se ipsum acussare), lo que configura un aspecto de la garantía de incoercibilidad moral del imputado (art. 18 de la CN), pero de ningún modo autoriza –ni al imputado ni a su defensor– la ejecución de conductas activas tendientes a obstaculizar la investigación. De este modo, el derecho del imputado, incluso a mentir, no se hace extensivo a proteger maniobras tendientes a eludir o entorpecer la acción de la justicia. (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, causa “Bustos”, auto n.° 4, de fecha 12 de febrero de 2007)

 

INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA: Imputación. Ampliación. Cese de los efectos del delito.

La detección de la participación de una persona que antes no se tenía como sospechosa del hecho investigado, genera la obligación, para los órganos judiciales, no sólo de intervenir y ampliar el horizonte de la investigación hacia este nuevo partícipe, sino de hacer cesar las nuevas acciones que prima facie se presentaban como delictivas, obligación legal imposible de evadir desde el mismo momento de esa constatación. (del voto del juez Maximiliano Octavio Davies)

 

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES: Orden judicial. Fundamentación. Validez.

La irrupción del Estado en un ámbito tan privado como el vinculado a las comunicaciones personales, impone una solemnidad acorde con la garantía constitucional que le da sustento. De no ser así, estaríamos alentando una incontrolable invasión estatal. Forzoso es concluir, entonces, que sólo una orden judicial fundada puede proceder al quiebre de la razonable expectativa de privacidad que cualquier ciudadano tiene al respecto. En consecuencia, en casos en los que el decisorio refiere, por ejemplo a “las constancias del sumario de prevención policial que tuve a la vista”, obliga a otros tribunales intervinientes a un análisis ex post que no suple la manda legal y constitucional indicada. (del voto del juez Carlos Alberto Salazar)

 

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INVITACIÓN A COLABORAR

Esta publicación periódica es una construcción colaborativa entre los tribunales de toda la Provincia y el equipo del Boletín Digital Judicial.

El análisis documental de las resoluciones es un servicio a la comunidad, que facilita y organiza la comprensión de la función reguladora del derecho en condiciones de igualdad para todos los interesados.

Contar con el apoyo de todos quienes dictan las resoluciones en toda la Provincia es la única garantía de un producto de excelencia.

Los fallos se receptarán en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

 

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Coordinación: Ab. Silvia Kiatkovski – Sub Área de Documentación e Información Pública | Tel. 0351 4481000 int. 37361

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