Juicio ejecutivo laboral – Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado de Conciliación de Primera Nominación, Secretaría 2.

Autos: “Romero Ariel Gustavo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba –Ejecutivo – Cobro de Crédito Laboral (art. 68 inc. 1 LPT)”, expediente n.° 7041245.

Resolución: Auto Interlocutorio n.° 224.

Fecha: 3/12/2018.

Jueza: Sofía Andrea Keselman Procupez.

Análisis documental: Silvina Barbatti Dechiara (redactora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El trabajador que había sufrido un accidente de trabajo, inició demanda ejecutiva en base a la Resolución del Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica jurisdiccional, por el cual se le reconocía la incapacidad derivada del siniestro. La accionada interpuso excepción de inhabilidad de título arguyendo que el instrumento en que la demanda se sustentaba era inhábil al efecto, por cuanto no se bastaba a sí mismo, no contenía una obligación de pagar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable y que el documento que se presentaba como cosa juzgada administrativa reflejaba una deuda inexistente e inexigible. La actora resistió esa defensa alegando que se trataba de una deuda líquida, cuantificada y exigible, que surgía de un instrumento público emanado de la Comisión Médica jurisdiccional que había determinado el grado de incapacidad por el accidente laboral sufrido. Asimismo expuso que la cuantía indemnizatoria había sido calculada por el área técnica competente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y sus decisiones no fueron apeladas por la demandada. El tribunal rechazó la incidencia articulada y mandó a llevar adelante la ejecución. 

SUMARIOS:

JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Instrumento público.

La resolución emitida por el Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica jurisdiccional, en tanto en él intervienen funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, constituye un instrumento público en los términos del art. 289 del Código Civil y Comercial y art. 68 de la Ley 7987.

JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Deuda fácilmente liquidable.

Aun cuando es cierto que en la resolución emitida por el Servicio de Homologación que integra la Comisión Médica jurisdiccional no se expresa numéricamente el monto de la prestación a la que se halla obligada la accionada, la falencia apuntada no es por sí apta para privar de eficacia al título. Ello, en tanto el mismo puede ser válidamente integrado con otros elementos que se hallan en el mismo expediente administrativo que aquél concluye. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la deuda reclamada es fácilmente liquidable, toda vez que para establecer el monto correspondiente a las prestaciones dinerarias establecidas en el sistema de riesgos del trabajo respecto del porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica, basta con la realización de una simple operación aritmética en función de la fórmula legal y la retribución correspondiente al actor que fuera informada al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) y de los recibos de haberes extendidos por la propia accionada.

JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Exigibilidad del crédito. Cosa juzgada administrativa.

El art. 2 de la Ley 27348 prescribe que los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley 20744. La alusión que hace la Ley 27348 a la cosa juzgada en los términos del art. 15 de la LCT no es inocua.  El texto de dicho art. 15 de la LCT, en la redacción conferida por la Ley 25345 (art. 44), expresamente determina el valor de cosa juzgada de la homologación administrativa. Así, pese a que como principio general la cosa juzgada es considerada un atributo exclusivo de la jurisdicción, el art. 15 de la LCT, le otorga explícitamente valor de cosa juzgada a las resoluciones homologatorias emitidas por la Autoridad Administrativa Laboral, y lo propio hace la Ley 27348. En efecto, esta última expresamente asigna el valor de cosa juzgada administrativa a lo decidido por la Comisión Médica, incorporando dicho valor, por ende, al derecho sustancial, confiriéndole así, por razones prácticas, los caracteres antedichos. 

JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Exigibilidad del crédito.

La coercibilidad importa la exigibilidad de lo resuelto, esto es su posibilidad de ejecución coactiva. De conformidad a ello, transcurrido el plazo para deducir recurso con relación a lo resuelto por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, la decisión en el punto ha pasado a autoridad de cosa juzgada, lo que importa la posibilidad de exigir coactivamente el pago de la prestación dineraria prevista legalmente respecto de la incapacidad determinada. Ella no se halla sujeta a condición ni plazo alguno, en tanto la ley no estipula un término al que se encuentre supeditado el cumplimiento de aquélla por parte de la ART o empleador obligado.

JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Razonabilidad de la vía.

Resulta irrazonable pretender que el trabajador damnificado, que inició el trámite previo, obligatorio y excluyente previsto en la legislación nacional y local, habiendo obtenido una resolución que lo contenta y que no fue cuestionada por quien se encuentra legalmente obligada al pago, deba luego iniciar una acción ordinaria al solo efecto de procurar el abono de la suma correspondiente a la prestación dineraria cuya liquidación se encuentra contemplada en el propio expediente administrativo tramitado con intervención de ambas partes, y del que fueron impuestas con motivo de la audiencia celebrada de modo previo a la emisión de aquélla. Una exégesis semejante afectaría uno de los objetivos esenciales del sistema de infortunios del trabajo, cual es el resarcitorio, y que se encuentra previsto en el art. 4 de la Ley 24557 y reiterado en el art. 1 de la Ley 26773, en cuanto este último determina que “las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y ‘automaticidad de las prestaciones’ dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias”.

JUICIO EJECUTIVO LABORAL. Cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad. Resolución del Servicio de Homologación de la Comisión Médica. Intereses. Tasa legal. Cómputo

La ley 24557, en su art. 12 –texto según Ley 27348– determina, en el inc. 3°, que “a partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación”. Ello así, estando fijada legalmente la tasa de interés a aplicar al caso corresponde estar a la misma. En cuanto a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, la ley vigente determina que, cuando media acuerdo entre las partes, las prestaciones dinerarias que se liquiden como consecuencia de la homologación deberán ser puestas a disposición del trabajador o de sus derecho habientes dentro de los cinco días (conf. artículo 4 del Anexo I a la Ley 27348 y el art. 13 de la Resolución de SRT n.° 298). Toda vez que respecto de los casos en que no ha mediado acuerdo nada dispone el Sistema de Riesgos del Trabajo, corresponde arbitrar igual solución, aplicando aquellas previsiones por analogía (conf. art. 2 del CCC ). Luego, los intereses comenzaran a correr a partir del quinto día hábil siguiente al de la notificación de la resolución expedida por el Servicio de Homologación.

Acceda a la resolución completaAuto 224

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