Bdj-n.° 82 / NOVIEMBRE 18

Jurisprudencia Actualizada

 

DERECHO CIVIL

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones de los tribunales de la provincia, sobre temas relevantes de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de los redactores Agustín Metzadour, Marina Gabriela Magnano, Diego Giovanonni, María Julieta Trejo, y de las supervisoras Valeria Moyano y Carolina Comba, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Constanza Scotto. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

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RESOLUCIÓN 1

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación.

Autos: “CMR Falabella S.A. c/ Müller, Guillermo – Presentación múltiple – Abreviados”, expediente n.° 5790438.

Resolución: Sentencia n.° 124.

Fecha: 22/10/2018.

Jueces: Silvana María Chiapero y Delia Inés Carta de Cara.

Análisis documental: Agustín Metzadour (redactor) y Constanza Scotto (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

En el marco del juicio abreviado por cobro del saldo deudor proveniente del uso de tarjeta de crédito, el juez a quo rechazó la demanda, tras considerar que la falta de prueba de remisión de los resúmenes de cuenta –carga probatoria que incumbía a la actora– impedía tener por configurada la presunción de cuentas aprobadas, desde que esa omisión impidió que el usuario demandado pudiera impugnarlas e incluso controlar si hubo anatocismo o capitalización de intereses (arts. 18 y 23, inc. ñ de la Ley 25065). Radicada la causa en la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la accionante, la cámara revirtió lo resuelto y admitió la demanda.

 

SUMARIOS:

 

DERECHO DE CONSUMO. TARJETA DE CRÉDITO. RESUMEN DE CUENTA. Obligaciones del emisor. Envío al domicilio del usuario. Dispensa: Improcedencia. Deber de información. Vías de comunicación con el usuario.

Frente a la obligación legal que impone el envío del resumen de cuenta (arts. 22 y 24 de la Ley 25065), no resultan válidas las cláusulas que disponen que, a falta de envío de los resúmenes por el emisor, debe ser el deudor quien debe agotar los medios para su obtención (art. 37, Ley de Defensa del Consumidor). La ley vigente dispone que el envío del resumen es una obligación impuesta al emisor y no obstante prever que debe ponerse a disposición del usuario un canal de comunicación telefónica u otros medios durante las veinticuatro horas para que éste pueda informarse sobre el estado de su cuenta (art. 25), esto no debe ser interpretado como una dispensa de la obligación de emitir y enviar el resumen. El uso de los canales de comunicación por el usuario o la posibilidad de consultar la copia del resumen puesta a su disposición en la sede del emisor, es un derecho que se debe reconocer en el marco de la obligación de informar que le corresponde al emisor.

 

DERECHO DE CONSUMO. TARJETA DE CRÉDITO. RESUMEN DE CUENTA. Obligaciones del emisor. Envío al domicilio del usuario. Incumplimiento de la obligación: Efectos. Mora del deudor. Impugnación del resumen: Oportunidad. Contestación de la demanda.

La falta de acreditación del envío de los resúmenes de cuenta al usuario no es suficiente para rechazar la demanda interpuesta por el proveedor. Por el contrario, habiéndose estipulado que la emisora remitiría un resumen de los gastos que el usuario hubiera realizado, si hubiera acreditado tal circunstancia, la obligación de pago se hubiera tornado exigible una vez que la misma se hubiere producido y el usuario receptado la pertinente liquidación, ya que recién a partir de dicha oportunidad hubiera podido controlar los gastos realizados en el período informado y saber en qué tiempo afrontar su pago. No acreditado que ese hecho se produjera ni demostrado que haya sido requerido fehacientemente, la facultad de impugnar los resúmenes se produce recién con la notificación de la demanda, oportunidad en la que el usuario debe impugnar el contenido de los acompañados en sustento de la acción. A esos fines, no basta la mera negativa genérica de haber usado la tarjeta de crédito que se reconoce haber adquirido.

 

DERECHO DE CONSUMO. TARJETA DE CRÉDITO. RESUMEN DE CUENTA. Obligaciones del emisor. Envío al domicilio del usuario. Incumplimiento de la obligación: Efectos. Mora del deudor. Impugnación del resumen: Oportunidad. Contestación de la demanda.

La falta de recepción de la liquidación podrá ser obstáculo para que el deudor pudiera haber impugnado en tiempo propio el resumen no enviado al domicilio fijado en la suscripción, pero en modo alguno importa liberarlo “por arte de magia” de su obligación de asumir el pago de lo debido. La mera negativa de haber usado la tarjeta no alcanza para rechazar la demanda, cuando la existencia de la deuda surge acreditada con las conclusiones de la pericia contable no impugnada, a lo que cabe adicionar que del propio resumen de cuenta surge que se deben cuotas, lo que permite inferir que desde la suscripción de la tarjeta hasta el vencimiento de la deuda contenida del resumen que se reclama ha existido la cancelación de cuotas anteriores.

 

DERECHO DE CONSUMO. TARJETA DE CRÉDITO. RESUMEN DE CUENTA. Obligaciones del emisor. Envío al domicilio del usuario. Incumplimiento de la obligación: Efectos. Mora del deudor. Impugnación del resumen: Oportunidad. Contestación de la demanda.

El déficit probatorio que se le atribuye a la actora al no haber acreditado remitir el resumen al domicilio del deudor impide la configuración de la presunción de cuentas aprobadas, pero en modo alguno constituye un valladar al progreso de la demanda. Frente a la prueba pericial que respalda la existencia de la deuda y la falta de ejercicio por parte del demandado de su legítimo derecho de impugnar el resumen en oportunidad de la contestación de la demanda, se impone la condena a pagar la suma reclamada con más sus intereses. Respecto a la fecha de la mora, en tanto la cláusula del contrato que pone en cabeza del titular de la tarjeta el deber de obtener los resúmenes concurriendo a la sede de la emisora o informándose por el canal de comunicación debe ser considerada ineficaz, por cuanto pretende exonerar la responsabilidad del emisor por falta de envío en tiempo y forma del correspondiente resumen (art. 37, LDC), corresponde que los intereses corran desde la fecha de la notificación de la demanda.

 

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RESOLUCIÓN 2

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación.

Autos: “YPF S.A c/ Dirección del Registro General de la Provincia de Córdoba – Recurso de Apelación c/ Decisiones de persona Jur. Pub. No estatal”, expediente n.° 7025136.

Resolución: Auto n.° 199.

Fecha: 7/9/2018.

Jueces: Jorge Miguel Flores y Rubén Atilio Remigio (mayoría), y María Rosa Molina Caminal (en disidencia).

Análisis documental: Marina Gabriela Magnano (redactora), Carolina Comba (supervisora) y Constanza Scotto (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La actora, titular del derecho real de hipoteca, impetró recurso de apelación en contra de la resolución del Registro General de la Provincia que observó el pedido de reinscripción de la garantía, porque el inmueble figuraba transferido en juicio de usucapión y con posterioridad a ello, había sido objeto de sucesivas subdivisiones y transferencias. La cámara de apelaciones, por mayoría, ordenó la reinscripción de la garantía.

 

SUMARIOS:

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. USUCAPIÓN. Gravámenes anteriores sobre el inmueble. Subsistencia.

La forma en que debe proceder el Registro ante la inscripción de una sentencia de usucapión consiste simplemente en inscribir al nuevo titular dominial, manteniendo vigentes los gravámenes anteriores. El art. 789 del CPCC no hace referencia alguna a la eliminación de la matrícula y creación de una nueva, solo dispone la inscripción del nuevo titular en la matrícula y la cancelación de la inscripción de los titulares de dominio anteriores. (del voto de los jueces Jorge Miguel Flores y Rubén Atilio Remigio)

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. USUCAPIÓN. Gravámenes anteriores sobre el inmueble. Hipoteca. Oponibilidad al adquirente por usucapión.

El art. 1905 del Código Civil y Comercial expresamente señala que la sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, imponiendo al juzgador “fijar” la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real efectivo. Por lo cual, la hipoteca constituida por el propietario –en tanto no se encuentre acreditado que el acreedor hipotecario haya tenido conocimiento efectivo sobre la existencia de la usucapión– conserva todo su valor y puede ser opuesta al adquirente por usucapión. Ello, sin que pueda considerárselo negligente por no haber indagado la presencia de un poseedor en el inmueble que le ofrece en garantía el propietario inscripto. (del voto de los jueces Jorge Miguel Flores y Rubén Atilio Remigio)

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. USUCAPIÓN. Gravámenes anteriores sobre el inmueble. Hipoteca. Reinscripción: Imposibilidad de realizarla.

La reinscripción de la hipoteca no resulta materialmente posible si el inmueble fue transferido en juicio de usucapión y posteriormente objeto de sucesivas subdivisiones y transferencias. Tal reinscripción no puede hacerse al no existir el dominio sobre el que recaía. No corresponde en esta instancia analizar el derecho que puede asistir a quien es titular de un derecho real de hipoteca frente a quien adquirió un inmueble por usucapión, ya que cualquier posible vulneración de sus derechos o indefensión debe analizarse en el proceso de adquisición del dominio por usucapión. (del voto de la jueza María Rosa Caminal)

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. USUCAPIÓN. Gravámenes anteriores sobre el inmueble. Hipoteca. Extinción.

Mientras no se haya cumplido el plazo de prescripción adquisitiva, el titular dominial mantiene la posibilidad de recuperar el inmueble mediante la acción de reivindicación. No obstante, una vez que se justifica la cancelación de la matrícula como consecuencia de la procedencia de la acción de usucapión, el hipotecante pierde su titularidad y en consecuencia la garantía hipotecaria, su vigencia. Esto es así puesto que por prescripción veinteañal se adquiere un dominio originario en función de la posesión ejercida durante el tiempo establecido por la ley. (del voto de la jueza María Rosa Caminal)

 

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RESOLUCIÓN 3

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación.

Autos: “Villagra, Carlos Martín c/ Telecom Argentina SA – Abreviado – Cumplimiento / Resolución de contrato”, expediente n.° 5880166.

Resolución: Sentencia n.° 109.

Fecha: 23/8/2018.

Jueces: Walter Adrián Simes, Alberto Fabián Zarza y Claudia Elizabeth Zalazar.

Análisis documental: Diego Giovanonni (redactor), Valeria Moyano (supervisora) y Constanza Scotto (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El actor promovió demanda abreviada de cumplimiento contractual contra una empresa de telefonía, a los fines de que se la condene a proveer el servicio de telefonía fija e internet en su domicilio, por el cual abonó el cargo de instalación. Asimismo, requirió el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento y la aplicación de la multa prevista por el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor n.° 24240 (LDC). El tribunal de primer grado hizo lugar parcialmente a la demanda; le otorgó un plazo a la accionada para que cumpla con la instalación y la condenó al pago de gastos, daño moral y daño punitivo. En contra de tal resolución, la demandada interpuso apelación. Se agravió por la procedencia y cuantificación del daño punitivo y moral. La alzada acogió parcialmente el recurso y redujo, por mayoría, el monto del daño punitivo mandado a pagar. Explicitó los distintos procedimientos seguidos para la cuantificación de éste y finalmente lo estimó conforme a las particularidades del caso; dejando de lado la utilización de la fórmula “Irigoyen-Testa” aplicada por el a quo.

          

SUMARIOS:

 

DERECHO DE CONSUMO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Pago por conexión del servicio. Incumplimiento del proveedor. Principio de buena fe. Deber de información. Violación.

No resulta conteste al principio de buena fe ni evidencia una conducta acorde a la requerida por las normas del consumo, el hecho de cobrar el arancel correspondiente a la conexión de un servicio cuando resulta que la empresa no se encuentra en condiciones de brindarlo de manera inmediata. Si sumado a ello, la prestataria no comunica ni informa al usuario los problemas habidos a los fines de que éste ejerza la opción de esperar su solución o solicitar la devolución del dinero, evidencia un accionar que resulta reprochable de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 4 y 25 de la Ley de Defensa del Consumidor.

 

DERECHO DE CONSUMO. Marco normativo.

La conducta de empresarios y consumidores está reglada por un conjunto de normas que forman un marco de pautas orientativas acerca de la manera en que éstos deben comportarse. El Código Civil y Comercial regula estas cuestiones en los arts. 1096/1099 y la Ley de Defensa del Consumidor, en el art. 8 bis. La ley busca proteger y precaver al usuario de los avasallamientos que en la práctica cometen algunas empresas proveedoras de servicios.

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. Empresa de telefonía. Incumplimiento en la conexión del servicio. Procedencia.

El daño punitivo –art. 52 bis, LDC– es procedente si la empresa de telefonía adopta un accionar dilatorio y negligente ante las sucesivas presentaciones y reclamos de un cliente a los efectos de lograr la conexión del servicio por el cual ha abonado el arancel correspondiente.

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. Multa civil. Finalidad del instituto. Carácter excepcional. Intencionalidad. Beneficio económico.

Ante determinadas situaciones lesivas, la mera reparación del perjuicio puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos nocivos del ilícito; en particular, cuando quien daña a otro lo hace deliberadamente con el propósito de obtener un rédito o beneficio. Tal el caso de daños causados por productos elaborados en los que al proveedor, fabricante o distribuidor le resulta más barato pagar indemnizaciones a los consumidores que afrontar controles de calidad y/o cumplir acabadamente con una adecuada prestación del servicio. Frente a esto, la Ley de Defensa del Consumidor introdujo un sistema de multas. Este instituto tiene un propósito netamente sancionatorio de un daño que resulta intolerable; su finalidad es punir graves inconductas y prevenir el acaecimiento de hechos similares. Es de carácter excepcional y debe ser empleado con prudencia frente a una plataforma fáctica que evidencie claramente no sólo una prestación defectuosa del servicio sino también una intencionalidad de obtener provecho económico del accionar antijurídico; aun teniendo que pagar indemnizaciones.

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. CUANTIFICACIÓN. Mecanismo. Ponderación de las particularidades del caso. Límite. Pautas de valoración. Antecedentes jurisprudenciales.

En relación a la cuantificación del daño punitivo, se propicia su estimación conforme a las particularidades de cada supuesto, debiendo ponderarse entre otras cosas, el beneficio que la inconducta proporcionó al demandado. El límite máximo es el establecido en el art. 47 de la LDC. Asimismo, deben tenerse en cuenta las pautas del art. 49 de la LDC, que si bien refiere a la sanción administrativa resulta útil para considerar también la sanción punitiva. Si bien la determinación de la multa depende del prudente arbitrio judicial, el juzgador debe analizar la capacidad económica del dañador, la naturaleza y grado de reproche, la extensión del beneficio obtenido, la propagación de los efectos de la infracción, la prolongación en el tiempo del daño y la extensión de los riesgos sociales. En consecuencia, la cuantificación obedece a una serie de variables que deben ser ponderadas de manera específica, siendo útil asimismo, recurrir a los precedentes jurisprudenciales como parámetro indicativo. El juez debe buscar pautas objetivas a los fines de que la sanción punitiva que se concrete pecuniariamente se encuentre sólidamente fundada, máxime teniendo en cuenta su claro tinte sancionatorio. (del voto del juez Walter Adrián Simes)

 

DERECHO DE CONSUMO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Empresa de telefonía. Demora en la conexión de la línea. DAÑO MORAL. Procedencia.

La demora en la conexión de la línea de telefonía ofertada, y la larga vía que tuvo que recorrer la parte actora en aras a lograr la conexión solicitada, debiendo finalmente recurrir a la Justicia a los fines de lograr la satisfacción de los perjuicios padecidos a raíz de la conducta desaprensiva de aquélla, son situaciones que poseen la virtualidad de producir un estado de desasosiego, preocupación y angustia, que excede las incomodidades que puede generar cualquier incumplimiento. El daño moral del usuario aparece palpable, resultando evidente la configuración de tal padecer, ante la afección a sus bienes materiales destinados a brindar confort y comodidad esenciales y básicos, en el diario vivir, dentro del ámbito doméstico. La aflicción espiritual que produce este tipo de conductas donde se oculta información, se intenta dar permanentes excusas y no se asume una conducta responsable, como si se desconociera la situación que sufre el cliente, implica una actitud reprochable que debe ser resarcida con la consiguiente reparación del daño moral.

 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS. DERECHO DE CONSUMO. DAÑO MORAL Y DAÑO PUNITIVO. Diferencias. Finalidad del daño punitivo.

El hecho de que se admita el daño punitivo no es óbice a la procedencia del daño moral pues son capítulos que participan de distinta naturaleza. El daño moral busca indemnizar los padecimientos espirituales con génesis en el hecho lesivo, mientras que el daño punitivo procura punir las inconductas del demandado mediante el pago a la víctima de una suma de dinero. El principal propósito del instituto previsto en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor consiste en sancionar las inconductas del prestador del servicio y prevenir el acaecimiento de hechos similares.

 

RECURSO DE APELACIÓN. DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. Cuantificación. Morigeración del monto mandado a pagar en primera instancia. COSTAS. Incidencia.

La cuantificación del rubro daño punitivo obedece en cierta medida al prudente arbitrio judicial. Por ello, el simple hecho de que en la alzada se determine un monto menor, no importa un vencimiento capaz de influir directamente en la condena en costas; máxime cuando resulta evidente la inconducta de la empresa prestataria del servicio.

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. CUANTIFICACIÓN. Mecanismo. Fórmulas matemáticas. Utilidad. Fórmula “Irigoyen Testa”. Prudente arbitrio judicial.

La aplicación de fórmulas matemáticas es de suma utilidad en la indemnización por daños futuros, cuya cuantificación depende no sólo del grado de las lesiones incapacitantes sino también de un juicio de probabilidades acerca de los perjuicios que va acarrear a la víctima. No obstante, para el daño punitivo no se advierte la conveniencia de su aplicación puesto que las variables a considerar, salvo la que se identifica con el valor del daño patrimonial reconocido al reclamante, obedecen a la particular valoración que realice el juzgador de las distintas probabilidades a computar, estas son: Pc (probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados) y Pd (probabilidad de ser condenado por daños punitivos). En este sentido, el cálculo del daño punitivo mediante la fórmula “Irigoyen-Testa” se encuentra igualmente alcanzado por el prudente arbitrio judicial. Frente a ello, es conveniente cuantificarlo mediante la prudente apreciación de las particulares circunstancias del caso, debiendo conjugarse las variables relativas a la entidad de la conducta asumida y el fin que se persigue al sancionar graves inconductas de los proveedores hacia los consumidores. La consideración sobre la gravedad del hecho conlleva la necesidad de relacionar la conducta no solamente como un hecho grave, sino también con la nota de indiferencia o desaprensión que trasgreda las pautas de la moral media impuestas por la colectividad. (del voto del juez Alberto F. Zarza)

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. CUANTIFICACIÓN. Valoración de los antecedentes jurisprudenciales. Condena ínfima. Reincidencia en el incumplimiento. Ineficacia de la sanción.

Si de los antecedentes jurisprudenciales resulta la reincidencia de la empresa prestataria del servicio en el incumplimiento de los derechos del consumidor; en especial falta de instalación del servicio y violación al deber de información, trato digno y equitativo; ello es demostrativo de que las ínfimas sumas mandadas a pagar en concepto de daño punitivo, no resultaron eficaces para cumplir con su finalidad disuasoria y preventiva; circunstancia que justifica el aumento de la condena decidida en primera instancia. (del voto de la jueza Claudia E. Zalazar)

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. CUANTIFICACIÓN. Pautas de valoración.

Si bien la Ley de Defensa del Consumidor no determina los parámetros para la cuantificación del daño punitivo, doctrina y jurisprudencia son contestes en que debe acudirse a las pautas del art. 49 de dicho cuerpo legal, a saber: a) perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario; derivado de ponderar el deber de información y trato digno, la protección de los intereses económicos, el tiempo perdido en perseguir el cumplimiento y la protección de la confianza depositada en la empresa; b) posición del infractor en el mercado; si el proveedor presta el servicio en condiciones de monopolio, el consumidor “cautivo” no tiene otra opción que someterse a las condiciones que aquél le impone; c) cuantía del beneficio obtenido; derivado no sólo del incumplimiento de un contrato sino de los gastos o inversiones que la empresa ahorra al incumplir las prestaciones asumidas (infraestructura, rentabilidad, financiación, plan de inversión, etc.); d) grado de intencionalidad, generalidad y reincidencia; a partir de la conducta extrajudicial y judicial de la empresa prestataria; y e) gravedad de los riesgos o perjuicios sociales derivados de la infracción; en virtud de la “institucionalización de una práctica abusiva” de un prestador de servicio público que deja a consumidores, clientes que contrataron y abonaron el servicio, sin la prestación efectiva del mismo. (del voto de la jueza Claudia E. Zalazar)

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. Monto de condena. Eficiencia de la protección. Deber de los jueces. Fundamento constitucional.

La Constitución nacional en el art. 42 impone al Poder Judicial, como una de las autoridades del Estado, el deber de proveer: “a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos”, lo que se traduce en el deber de tornar eficiente el derecho del consumidor. La manda constitucional impone que se tomen las medidas necesarias y efectivas para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y en especial, si resulta procedente el daño punitivo, cuantificarlo en la medida necesaria para que cumpla con su finalidad preventiva y evite que las empresas paguen las ínfimas sumas que se les manda a pagar y sigan vulnerando los derechos de la parte débil de la relación de consumo. (del voto de la jueza Claudia E. Zalazar)

 

DERECHO DE CONSUMO. DAÑO PUNITIVO. CUANTIFICACIÓN. Mecanismo. Fórmula “Irigoyen Testa”. Ventajas.

La utilización de la fórmula “Irigoyen-Testa” permite visualizar, entender e incluso atacar los criterios tenidos en cuenta por el juez al cuantificar el daño punitivo. Este mecanismo es el que resulta más objetivo en la actualidad; máxime cuando es posible determinar –aun cuando sea dificultoso– las variables del mismo modo. (del voto de la jueza Claudia E. Zalazar)

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RESOLUCIÓN 4

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava Nominación.

Autos: “Ryan, Lisandro Fidel c/ Sub Comisión de Motos y Asociación Biblioteca y Gimnasia de Ballestero y otros – Ordinario – Otros”, expediente n.° 5679299.

Resolución: Auto n.° 200.

Fecha: 21/8/2018.

Jueces: José Manuel Díaz Reyna y Héctor Hugo Liendo.

Análisis documental: María Julieta Trejo (redactora) y Constanza Scotto (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El juez de primera instancia rechazó el incidente de perención incoado por la accionada en el entendimiento de que el pedido de desarchivo formulado por la parte actora con la manifestación que lo hacía “a los fines de continuar la tramitación del mismo” y las notificaciones de la constitución de nuevo domicilio, gozaban del efecto interruptivo del plazo de perención y se instituían como actividades preparatorias para continuar el juicio. Contra tal resolución, la parte demandada interpuso recurso de apelación. La cámara hizo lugar al medio impugnativo empleado y, en consecuencia, declaró perimida la instancia.

 

SUMARIOS:

 

PERENCIÓN DE INSTANCIA. Actos interruptivos. DESARCHIVO DE LAS ACTUACIONES: Falta de aptitud impulsora. Actos procesales posteriores.

No basta la mera intención de la parte de querer activar la instancia, sino que son necesarios actos positivos que tiendan a hacer avanzar el procedimiento. El solo pedido de desarchivo de las actuaciones con la expresión genérica “a los fines de continuar la tramitación del mismo”, sin instar en concreto el procedimiento ni señalar que se lo hace en vistas a un acto procesal específico que permita hacer avanzar el proceso, carece de fuerza interruptiva del curso de la perención de instancia. No basta la expresión de pretender hacerlo avanzar, si efectivamente no lo hace avanzar.

 

PERENCIÓN DE INSTANCIA. Actos interruptivos. DESARCHIVO DE LAS ACTUACIONES: Falta de aptitud impulsora. Actos procesales posteriores.

El pedido de desarchivo de las actuaciones no produce la interrupción del plazo de perención, pues no tiene operatividad para hacer avanzar el trámite. En efecto, dicho pedido y la consecuente puesta a disposición de las partes en casillero, no posee directa y concreta virtualidad impulsora, sino que solo despeja el obstáculo que impide la marcha ulterior del procedimiento, por tanto su virtualidad impulsora depende de la ulterior conducta desplegada por la parte que la peticiona.

 

PERENCIÓN DE INSTANCIA. Actos interruptivos. CAMBIO DE DOMICILIO PROCESAL: Falta de aptitud impulsora.

La constitución de un nuevo domicilio procesal carece de efecto interruptivo del plazo de perención de la instancia, en tanto en sí misma es irrelevante para impulsar el proceso, el cual queda en la misma situación que se encontraba dentro del iter procesal. En consecuencia, la cédula que notifica dicha constitución corre la misma suerte.

 

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