Bdj n.° 80/18 – Jurisprudencia actualizada LABORAL (21/11/2018)

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos resoluciones de los tribunales de la provincia sobre temas relevantes de Derecho Laboral. En el diseño de la presente edición se destaca el aporte de los redactores Gabriela Minasian, María Jimena López Achával y Martín Abel Fernández, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Silvia Kiatkovski. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

 

RESOLUCIÓN 1

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Primera de la Cámara del Trabajo, Secretaría 2.

Autos: “Labasto, Graciela Rita c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Salud) y otro – Ordinario – Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos)”, expediente n.° 3193175.

Resolución: Sentencia n.° 286.

Fecha: 10/8/2018.

Juez: Ricardo Agustín Giletta.

Análisis documental: Gabriela Minasian (redactora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La trabajadora –técnica radióloga– promovió demanda en contra de su empleadora y de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, persiguiendo una indemnización por incapacidad derivada de enfermedad profesional por una patología oncológica. Planteó la inconstitucionalidad del art. 6 ap. 2 de la Ley 24557. Las demandadas solicitaron el rechazo de la demanda. La empleadora planteó defensa de falta de acción atento a que la actora no transitó la vía de las comisiones médicas. Subsidiariamente, planteó que la enfermedad por la cual reclamaba la trabajadora (cáncer mamario) no se encontraba en el listado de enfermedades profesionales y revestía el carácter de inculpable. Formuló defensa de prescripción atento a que hacía más de dos años que la accionante había tomado efectivo conocimiento de su enfermedad y no existió ningún acto suspensivo ni interruptivo de su curso. Por su parte, la Aseguradora demandada planteó defensa de prescripción, falta de acción. Asimismo, interpuso defensa de falta de legitimación pasiva en tanto la enfermedad descripta era de naturaleza inculpable. El Tribunal rechazó la demanda en contra de la empleadora e hizo lugar a la misma en contra de la Aseguradora. Para así decidir, analizó aspectos relativos al beneficio de la duda y los indicios en el campo de la Ley de Riesgos, frente a la patología oncológica. También se consideró la aplicación de los baremos frente a daños que no están enunciados específicamente en el detalle del baremo específico.

 

SUMARIOS:

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Enfermedad profesional. PRESCRIPCIÓN. Cómputo del plazo.

Nadie puede reclamar por un derecho que no sabe que tiene, con lo que resulta irrazonable que pueda jugar en su contra el plazo de prescripción, máxime en casos en  que la naturaleza de la enfermedad resulta ciertamente de muy difícil discernimiento y que no se encuentra dentro del listado de enfermedades profesionales del Decreto 658/96. El plazo de prescripción corre desde el momento en que el daño es cierto y susceptible de apreciación por parte del damnificado. Ello, porque la prescripción es inseparable de la acción y comienza desde que ésta existe, por lo cual no puede afirmarse que tenga curso mientras no existe una posibilidad real de ejercitarla. Dicha regla se justifica en tanto el tiempo computable para la prescripción debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción, por lo que no puede reprocharse al acreedor no haber actuado en una época en la que todavía no podía hacerlo, salvo que si su ignorancia obedeciere a una negligencia injustificada. En base a este criterio, la trabajadora estuvo en condiciones de ejercitar su derecho cuando fue anoticiada de que la enfermedad podía ser profesional y que aparejaba una incapacidad cierta. No existiendo ningún documento, relato ni prueba que explique o justifique una ‘toma de conocimiento’ anterior, corresponde estar al certificado médico que acompaña en su demanda.

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Enfermedad oncológica no listada. Calificación. Cáncer mamario. Radióloga. Indicios. Beneficio de la duda.

Tratándose de una enfermedad oncológica no listada, cuya etiología es todavía indescifrable; pero que con grado de probabilidad cierta, según el perito médico (cuyas conclusiones no han sido rebatidas por dictámenes médicos contrarios de peritos de las demandadas) las radiaciones –a las que estuvo expuesta la trabajadora durante treinta años– han sido predisponentes de la enfermedad, no cabe sino admitir su calificación como profesional. Subsidiariamente, y con igual resultado, el asunto debería decidirse por el beneficio de la duda a favor de la trabajadora, contenido en el art. 9 de la LCT.  En el caso, la prueba rendida –por la naturaleza del tema en decisión– genera mínimamente duda razonable sobre la causalidad. La posibilidad denunciada por el perito médico de que las radiaciones ionizantes hayan inducido a través de los años el cáncer de la trabajadora, a la par que su aclaración de que resulta imposible afirmar fehacientemente esa causalidad; el efecto cancerígeno de esas radiaciones –reconocido por la aseguradora en su responde y traducido en la inclusión de otros tipos de cáncer ocupacional para esas tareas– y la situación de absoluta desatención y precariedad en que se llevó a cabo el servicio durante treinta años, dan un marco de indicios concordantes que si no constituyen plena prueba, sí generan al menos una duda que impone decidir –en este caso concreto– en favor de la calificación de profesional de dicha enfermedad.

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Aplicación de principios y reglas que imperan en el contrato de trabajo. PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. Aplicación.

La norma del art. 9 de la LCT no involucra directamente a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que no son parte del contrato de trabajo.  No obstante, en la arquitectura del sistema éstas vinieron a sustituir la figura del empleador frente a los daños derivados de la prestación de servicios, marcando un quiebre respecto de nuestra historia jurídica, que –en el marco del contrato de seguro clásico– nunca sustrajo del carácter de obligado al causante (subjetivo u objetivo) del daño. Esta sustitución en la figura a modo de subrogación legal, que opera en forma particularmente visible en los casos del art. 28 inc. 2) de la Ley 24557 (repetición de lo pagado por la cobertura de un trabajador no registrado de un empleador asegurado), impone la automática traslación de los principios y reglas que imperan en el contrato de trabajo a la aseguradora, en el limitado ámbito en que se opera esa sustitución. Así, reglas tales como la gratuidad del art. 20, la justa composición de derechos e intereses de acuerdos conciliatorios del art. 15 y el principio ‘in dubio pro operario’ del art. 9, le son aplicables en lo que a sus obligaciones conciernen.

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Aplicación de principios y reglas que imperan en el contrato de trabajo. Reclamo en la relación de empleo público. PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. Aplicación.

Puede resultar discutible traer al caso la regla in dubio pro operario que existe –normativamente– en la Ley de Contrato de Trabajo, que no es aplicable a las relaciones de empleo público, como la habida entre la actora y la Provincia. Pero, la finalidad de la Ley 24557 y de sus predecesoras, al colocar a los trabajadores del sector público dentro del mismo marco tutelar de daños laborales que rige para los trabajadores del sector privado, ha sido igualar sus niveles de protección y reparación. En materia de derecho de forma ha sido también así interpretado, al sustraer estos supuestos del ámbito contencioso administrativo para insertarlos en la competencia del fuero del trabajo (actualmente, art. 1 inc. 2 de la Ley 7987). La regla ‘in dubio pro operario’ con el alcance impuesto por la Ley 26428 tiene la categoría de principio general del Derecho del Trabajo y atraviesa de esa forma, de manera transversal, todas las relaciones de trabajo (privadas y públicas). Se trata de una regla de valoración impuesta a los jueces, que por la identidad de cobertura reparatoria que supone la Ley 24557 para todos los trabajadores (públicos y privados) resulta extensible al caso. Es que esa identidad reparatoria se vería alterada si el marco probatorio fuese objeto de conclusiones diversas según la calidad del trabajador afectado: si para un obrero de una empresa privada la duda llevara a decidir en su favor y para un operario que cumpla igual rol en un municipio, debiere adoptar un decisión contraria.

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Enfermedad oncológica no listada. Calificación. Cáncer mamario. DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD. Mastectomía. Daño no previsto en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (TEIL).

Cuando se presentan daños no previstos en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (TEIL) del Dec. 659/96 pero que son probados y que a criterio médico aparejen incapacidad, la situación debe analizarse desde la perspectiva teleológica que marca el art. 1 inc. 2-b) de la Ley 24557, que impone como objetivo de la ley “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales”. En consecuencia, ante la inexistencia de una determinación de invalidez concreta derivada de la mastectomía total izquierda en el baremo específico del sistema, la recurrencia a otro reconocido, como lo ha hecho el perito médico oficial, resulta adecuada. En tal sentido y en relación al porcentaje de incapacidad fijado por el perito, si bien “en nuestro sistema, la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal de la Corte, que por mayoría, hace suyo in re: “Andino Flores c. Hospital Italiano”, CSJN Fallos: 331:2109).

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. ENFERMEDAD PROFESIONAL. Enfermedad oncológica no listada. Cáncer mamario. RESARCIMIENTO DEL DAÑO. Primera manifestación invalidante.

Para el cálculo de la indemnización por incapacidad que debe abonarse en el marco de la Ley 24557 (LRT), la ley plantea la recurrencia a un módulo denominado ingreso base mensual, que es  un promedio de las remuneraciones percibidas por la damnificada durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (arts. 14 y 12, LRT). La primera manifestación invalidante no está expresamente definida en la normativa y suele ser incorrectamente identificada con la primera ‘manifestación clínica’ de la enfermedad, cuando en realidad identifica la primera vez que el trabajador se vio impedido de prestar servicios como consecuencia del siniestro o enfermedad profesional. Es lo que surge del art. 13 inc. 1° de la Ley 24557 relativo a la incapacidad temporaria. Tal norma aclara que la primera manifestación invalidante es la que habilita el pago de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), y ésta existe a partir del día en que el trabajador no puede prestar servicios como consecuencia del siniestro o enfermedad. Si en el caso  no obra ninguna prueba que permita determinar el primer día en que la actora se vio impedida de prestar servicios por su patología oncológica, y en la necesidad de recurrir a una fecha de corte a los fines del cálculo de la prestación por ILP, se considera la correspondiente a la primera cirugía mamaria, en tanto claramente fue impeditiva del cumplimiento de servicios.

 

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RESOLUCIÓN 2

 

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Octava de la Cámara del Trabajo, Secretaría 16.

Autos: “Acuña, Carlos Alberto c/ Prevención ART SA- Ordinario- Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos)”, expediente n.° 3137450.

Resolución: Sentencia n.° 289.

Fecha: 30/8/2018.

Juez: Jorge Alberto Vega.

Análisis documental: María Jimena López Achával (redactora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El accionante demandó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo reclamando por la indemnización derivada de la Ley de Riesgos del Trabajo. Previo a celebrarse la audiencia de vista de la causa, la demandada puso en conocimiento del tribunal que luego de presentada la demanda y en el decurso del proceso convino con el actor y su letrado la realización de una junta médica extrajudicial –con la participación del perito de control del actor–, tras lo cual alcanzaron un acuerdo para el pago de la indemnización respectiva. En tal oportunidad se convino que una vez percibida dicha indemnización, el actor se comprometía a desistir de la acción y del derecho en la presente causa. Manifestó que se abonó el capital conciliado y los honorarios del letrado. Señaló que luego de percibidas las sumas, el actor decidió continuar con la acción, no respetando lo pactado. Posteriormente compareció el abogado del accionante y denunció el fallecimiento del actor y el proceso continuó con sus herederos.  En oportunidad de la audiencia, el abogado del actor dejó constancia que el actor había cobrado en el acuerdo privado pero que luego no desistió conforme lo convenido. El tribunal luego de hacer consideraciones en relación al acuerdo extrajudicial para dar por concluido el pleito –reconocido por ambas partes–, hizo lugar a la demanda incoada. No obstante, teniendo en cuenta que el actor había percibido el importe convenido, ordenó deducir dicha suma del monto de la condena.

 

SUMARIOS:

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Enfermedad profesional. ACUERDO CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL. Validez. Orden público laboral.

Celebrado un acuerdo extrajudicial para dar por concluido el proceso por el cual se reclaman indemnizaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, si ambas partes reconocen que el mismo se habría cumplido parcialmente (abonando la aseguradora el monto convenido a favor del actor y los honorarios de su abogado) pero se encuentra pendiente la ejecución de un supuesto compromiso asumido por el accionante (hoy fallecido) de desistir de la acción y del derecho luego de que percibiera su crédito, luego, las incidencias relatadas no pueden ser materia de juzgamiento por el tribunal. Ello, porque los contendientes eligieron un camino distinto al previsto en la ley para concluir correctamente el litigio y, con ello, asumieron también el riesgo propio de tal elección.  En consecuencia, pretender –como lo requiere la demandada– que se efectúe una “interpretación especial” sobre los pagos realizados (salvo la deducción de los mismos de la condena, dado su expreso reconocimiento), carece de asidero. Ello, habida cuenta que el juzgador no puede –ni debe– apartarse de los elementos objetivos con los que cuenta para decidir, ni resolver sobre la base de acuerdos extrajudiciales que se formulan con parámetros ajenos a los previstos en la ley y que, por ello, quedan excluidos del paraguas protector del orden público laboral.

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Enfermedad profesional. ACUERDO CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL. Validez. Pago. Compromiso incumplido. Riesgo asumido.

Con la celebración del acuerdo privado extrajudicial invocado, ambas partes incurrieron en el incumplimiento deliberado de estrictas disposiciones legales referentes a los requisitos de celebración y eficacia de los acuerdos  transaccionales, estatuidos por los arts. 15 y 277 de la LCT. Asimismo, implica reconocer que ambas partes consintieron en sustraerse, de común acuerdo, al cumplimiento de la normativa imperativa invocada, sin duda alguna por conveniencias recíprocas; y lo hicieron, por un lado, apelando  a un modo desnaturalizado –e intrínsecamente incompatible–  de poner fin al litigio (ya que el desistimiento de la acción y del derecho al que se comprometía el actor resulta contradictorio con el pago de la indemnización),  y, por el otro,  conociendo y asumiendo  los riesgos derivados de tal actuar. Ello así, y sin desconocer que lo acordado por las partes pudo sustentarse en un acto fundado en la buena fe negocial (aunque fuera jurídicamente reprochable), está claro que si el desistimiento prometido por el trabajador no se materializó, ello constituye un ingrediente propio de aquel “riesgo” asumido por las partes, en especial, por quien mayor celo debía guardar para tener por cancelada la obligación, siendo alcanzada por el viejo aforismo de que “nadie puede alegar en su favor su propia torpeza”.

 

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RESOLUCIÓN 3

 

 

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Primera de la Cámara del Trabajo, Secretaría 2.

Autos: “U.O.M.R.A. C/ Tecma Ascensores SA – Ordinario – Aportes – Contribuciones Fondos Sindicales”, expediente n.° 6459059.

Resolución: Auto n.° 213.

Fecha: 6/11/2018.

Jueces: Víctor Hugo Bute, Ricardo Agustín Giletta y Enrique Andrés María Rolón.

Análisis documental: Martín Abel Fernández (redactor) y Silvia Kiatkovski (tutora).

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La empresa accionada interpuso recurso de apelación en contra de la resolución homologatoria del acuerdo celebrado entre las partes. Relató que ambas partes celebraron un acuerdo en el estudio jurídico de los letrados de la parte actora, quedando a cargo de éstos su presentación judicial a los fines  de la homologación, lo que se efectivizó con antelación a proveerse la prueba ofrecida. Pero, sin perjuicio de su presentación, las actuaciones siguieron su curso. Se proveyó a la prueba ofrecida por la parte actora, diligenciándose la misma sin su presencia. Indicó que se celebró la audiencia de exhibición, el sorteo de perito, y se incorporó informe pericial contable. Expresó que posteriormente, fue agregado al expediente el acuerdo celebrado entre las partes junto con el escrito presentado en aquella oportunidad (cuatro meses antes) por la parte actora. A continuación se dictó la sentencia homologatoria. Ante esta situación, la demandada atacó dicha resolución que le ocasionaba un gravamen irreparable. Cuestionó que su parte no previó en absoluto tener que cargar con las costas que se generaron por el nombramiento de un perito contador ya que cuando el acuerdo fue suscripto no existía prueba alguna proveída. Solicitó al tribunal ad quem que resuelva la nulidad de la resolución en su parte pertinente, y de todo acto posterior a la fecha de presentación del acuerdo. Pidió que se haga lugar a la rectificación de la homologación, eximiendo a su parte del pago de las costas del perito. El tribunal declaró erróneamente concedido el recurso de apelación interpuesto.

 

SUMARIOS:

 

MEDIOS IMPUGNATIVOS. Admisibilidad. Orden público.

Por imperio del art. 89 de la Ley 7987, el tribunal de alzada está obligado a verificar el cumplimiento de las formas establecidas por la ley, que conforman el examen de admisibilidad que deben preceder al tratamiento de fondo de la cuestión planteada, aun habiendo sido éste concedido por el a quo. Ello así, en tanto la normativa que regula el instituto de los recursos, reviste el carácter de orden público, por lo que no es disponible por las partes ni el tribunal. Los operadores jurídicos deben ceñirse estrictamente en materia recursiva al sistema implementado por el legislador, en los medios impugnativos permitidos, requisitos de formalidad de cada uno, fundamentación y plazos de interposición, estando ello intrínsecamente relacionado, con el derecho de defensa en juicio e igualdad de las partes.

 

MEDIOS IMPUGNATIVOS. Recurso de apelación. Incidente de nulidad. Oportunidad.

Conforme el régimen instituido por el actual plexo adjetivo civil y comercial (Ley 8465), el recurso de nulidad, amén de haber perdido autonomía por encontrarse subsumido en el de apelación, ha circunscripto su admisibilidad –únicamente– a las impugnaciones dirigidas con relación a los vicios procesales que pudieran afectar alguna resolución judicial en sí misma. Por tanto, quedan excluidas de su ámbito aquellas irregularidades de que adolezcan los actos procesales que precedieron a su pronunciamiento. En autos, y de los términos del escrito recursivo, la apelación y su adhesión resultan manifiestamente improcedentes, pues se han sustentado en irregularidades procedimentales que se habrían producido antes del dictado de la sentencia impugnada, para lo cual debieron los recurrentes, inexorablemente, articular en la primera oportunidad el incidente de nulidad –arts. 34 y 37, Ley 7987–, lo que no ha acontecido. En efecto, el recurrente señala errores in procedendo al indicar que el tribunal de conciliación, sin efectuar reparo alguno, agregó un acuerdo presentado por las partes con cuatro meses de antelación y luego de que se proveyó toda la prueba. Afirma también que la resolución final es arbitraria, pero en realidad por los motivos que refiere, lo arbitrario es el modo en que el proceso siguió “sin contemplación alguna de la sucesión de hechos acaecidos”.

 

MEDIOS IMPUGNATIVOS. Recurso de apelación. Incidente de nulidad. Oportunidad. PRINCIPIO DE UNICIDAD DE LOS RECURSOS: doctrina del TSJ.

Al pretender el demandado dejar sin efecto la regulación de honorarios del perito contador oficial –dispuesta en la sentencia homologatoria– por resultarle gravoso, la única solución factible es la de retrotraer las cosas a la oportunidad temporal de la presentación del acuerdo, por vía del incidente de nulidad. Al no haberse planteado en tiempo y forma (art. 34, Ley 7987), precluyó la posibilidad de hacerlo ulteriormente, por lo que quedó clausurada cualquier revisión al respecto por el tribunal del recurso. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia al afirmar que “en virtud del principio de unicidad de los recursos, las resoluciones judiciales toleran solo un sendero impugnativo específico. Siendo así, si la vía idónea para reprochar una anomalía en el procedimiento es el incidente de nulidad, va de suyo, que queda desplazado el recurso de apelación como medio impugnativo alternativo. En nada obsta tal conclusión, la circunstancia de que el recurso de apelación absorba el recurso de nulidad, desde que –tal como explícitamente lo dispone el art. 362 del CPCC– en estos casos el “recurso de apelación comprende los vicios de nulidad de las resoluciones” (TSJ, Sala Civil y Comercial, “Marín José Alejandro c/ Bibas Ana Cristina- desalojo por abandono- Recurso directo”, sentencia de fecha 8/6/04).

 

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