Amparo. Cupo de discapacidad en empresas estatales.

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Río Cuarto.

Dependencia: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Primera Nominación.

Autos: “Diez, Alfredo Hugo c/ Empresa Provincial de Energía de Córdoba – EPEC – Amparo”, expediente n.º 2488520

Resolución: Sentencia n.° 64.

Fecha: 19/9/2017.

Juezas: Rosana A. de Souza y María Adriana Godoy.

Análisis documental: Ignacio Díaz Cafferata (redactor) y Virginia Casella (tutora)

 

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El actor interpuso acción de amparo en contra de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) procurando se ordene a la demandada incorporarlo como personal de planta permanente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley n.° 22431 y 2 de la Ley n.° 5624. Dicha normativa contempla la obligación del Estado nacional, provincial y de las empresas estatales de incorporar a la planta permanente a un porcentaje de personas con discapacidad. Alegó que durante el tiempo previo a la acción nunca tuvo acceso al expediente administrativo, que se vulneraron sus derechos de acceso al trabajo y de respuesta expedita y rápida a solicitud de cumplimiento de un derecho. Sostuvo además, que la accionada actuó como si estuviera al margen del cumplimiento de las leyes administrativas. El tribunal hizo lugar a lo solicitado y ordenó a EPEC que incorpore al accionante dentro del cupo de discapacidad (art. 2 de la Ley n.° 5624, texto conforme a la  Ley n.° 8834).

 

 

SUMARIOS:

 

AMPARO. ADMISIBILIDAD FORMAL. Vías alternativas. DISCAPACIDAD. Cupo de discapacidad en empresas estatales. Derechos constitucionales a la salud y al trabajo.

Es formalmente admisible una acción de amparo tendiente a lograr el ingreso de una persona dentro del cupo por discapacidad, en la planta permanente de una entidad pública (arts. 8, Ley n.° 22431 y 2, Ley n.° 5624) cuando luego de reiterados reclamos administrativos, no obtuvo respuesta en un tiempo razonable. Esto confirma la ineptitud de la vía, más aun tratándose de una persona discapacitada, quien por tal motivo se encuentra en una situación de vulnerabilidad que merece mayor atención y contención. Es que, en una acción de amparo de esta naturaleza, se encuentran en juego dos derechos de raigambre constitucional, por un lado el derecho a la salud y por el otro el derecho al trabajo, combinados de manera tal que lo pretendido se circunscribe a lograr la aplicación de las normas vigentes que otorgan a personas menoscabadas en su salud la posibilidad de acceder a cargos en la administración pública.

 

AMPARO. DISCAPACIDAD. Cupo de discapacidad. DERECHO A LA SALUD Y AL TRABAJO. Derecho a igualdad y no discriminación. Silencio de la Administración. Derecho a una legítima respuesta.

La actitud asumida por la demandada en sede administrativa y sostenida en el proceso judicial, consistente en la falta de respuesta al reclamo presentado por el actor y la falta de cumplimiento de las normas que disponen el cupo por discapacidad en la planta permanente de la administración pública (arts. 8, Ley n.° 22431 y 2, Ley n.° 5624) deviene en arbitraria e ilegal, en tanto que con su silencio ha violentado derechos de raigambre constitucional de titularidad del accionante. La conducta omisiva ha privado al amparista de tener una legítima respuesta a su reclamo de un puesto de trabajo por cupo de discapacidad, circunstancia que afecta el derecho a la salud, al trabajo (de naturaleza alimentario) y tangencialmente al derecho a la igualdad y no discriminación. Máxime cuando lo pretendido deviene de una norma vigente y habiendo obtenido el correspondiente apto psicofísico para integrar la planta permanente en las condiciones requeridas.

 

Acceda al fallo completo:  Sentencia 64

 

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