Discriminación en el trabajo. Cargo por concurso.

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, Secretaria 4.

Autos: “Virgolini, Laura del Carmen c/ Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. – Ordinario – Otros”, expediente 3202880

Resolución: Sentencia n.° 377

Fecha: 4/8/2017

Juez: Cristián Requena.

Análisis documental: Gastón Pintos Iacono (redactor) y Silvia Kiatkosvki (tutora).

 

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La trabajadora interpuso demanda denunciando discriminación laboral. Sostuvo que participó de un concurso de oposición y antecedentes organizado por la empleadora y obtuvo el mayor puntaje para acceder a un cargo. Que dicho cargo le fue asignado provisoriamente, y en vísperas del cumplimiento del plazo, sus superiores directos sugirieron que se la promoviera definitivamente. Refirió que la mayoría de quienes rindieron para otros cargos fueron confirmados, excepto aquellos que, como ella, mantenían acciones judiciales en contra de la entidad. Alegó que no fue confirmada en el cargo sin que se le brindaran razones y siendo que gozaba del visto bueno de sus superiores. En función de ello, reclamó que se ordene su designación, se le abonen las diferencias de haberes resultantes del tiempo en que cesó y hasta el dictado de la sentencia, y se la resarza por el agravio moral inferido. La demandada reconoció los hechos, excepto lo concerniente a que haya existido discriminación laboral. Refirió que la no promoción se basó en razones de conveniencia, conforme las facultades de dirección y organización. El tribunal hizo lugar a la demanda.

 

 

SUMARIOS:

 

CONTRATO DE TRABAJO. DISCRIMINACIÓN.  Ley 23592: Finalidad de la norma.

Los términos de la Ley 23592 en su art. 1° son lo suficientemente amplios como para abarcar cualquier caso de discriminación, por más que no sea de los mencionados en el catálogo que “enunciativamente” contiene la propia norma. Lo que persigue la disposición es fundamentalmente evitar -y si ello no es posible hacerla cesar y castigar-, la discriminación basada en una diferenciación arbitraria, es decir, sin causa justificable, por el sólo hecho de pertenecer a alguna de las categorías o grupos indicados allí. Pero también permite, fuera ya de estos colectivos, indagar si en situaciones particulares se presenta la actitud discriminatoria para con un trabajador en cualquiera de las esferas de su desempeño laboral. Y en tal sentido, esta normativa se erige como una razonable complementación, o incluso reglamentación, de lo que dispone el Convenio 111 de la O.I.T. que, como norma internacional específica sobre la discriminación laboral, abarca toda forma de distinción, exclusión o preferencia en tanto busque anular o alterar el principio de igualdad de oportunidades o de trato en el empleo.

  

CONTRATO DE TRABAJO. DISCRIMINACIÓN. Prueba del acto discriminatorio: Carga de la prueba.

El trabajador que denuncia discriminación en el empleo debe aportar la mayor cantidad de indicios y elementos probatorios con los que cuente para acreditar ese proceder discriminatorio en su contra, señalando no sólo en qué ha consistido, sino de qué forma se ha quebrantado el principio de igualdad en su desmedro. Es que este principio es la clave, tratándose de un caso individual -es decir, que no queda contemplado en alguno de los colectivos que menciona la norma contenida en el art. 1 de la Ley 23592-, ya que es el proceder discriminatorio negativo, peyorativo, el que debe demostrarse en el caso concreto.

 

CONTRATO DE TRABAJO. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES. FACULTAD DE DIRECCIÓN.

Las facultades de los arts. 64 y 65 de la LCT son las que inexorablemente debe observar, cumplir, todo empleador atrapado en la normativa del Régimen de Contrato de Trabajo. En orden a la facultad de dirección, la norma del art. 65 de la LCT positiviza un comportamiento ineludible para el empleador al organizar económica y técnicamente su empresa: que ejerza esa dirección con “carácter funcional”, es decir, atendiendo a los fines de la empresa, con sus exigencias en la producción, pero sin perjuicio -es decir, con la obligación, porque le está vedado no hacerlo- de preservar y mejorar los derechos personales y patrimoniales de sus trabajadores. Es decir, el art. 65 LCT otorga al empleador un poder de dirección, pero de ningún modo lo faculta a que su ejercicio pueda ser arbitrario: es que precisamente es el carácter funcional el que debe guiar las decisiones del empleador en pos del beneficio colectivo de la empresa -considerada como una organización- y no el interés personal del empleador.

  

CONTRATO DE TRABAJO. DISCRIMINACIÓN. Decisión arbitraria. Acto discriminatorio. Derecho a peticionar. Principio de igualdad.

Si la empleadora no puede justificar por qué causa no confirmó a la trabajadora en el cargo por el que había concursado, siendo que funcionalmente era beneficioso para la empresa (porque había demostrado en concurso de oposición y antecedentes y luego en el concreto ejercicio, que era la persona idónea), la decisión carece de razonabilidad, lo cual amerita en sí misma su descalificación por arbitraria. Y si además, la dependiente demuestra que el acto discriminatorio existió en lo fáctico, y todos los indicios desembocan en la presunción cierta y tangible de lo afirmado respecto a la condición impuesta por la empleadora de que no podían ascender o ser confirmados en sus cargos quienes mantenían juicio con la institución. De tal manera, corresponde declarar incursa a la demandada en un acto discriminatorio consistente en negarle arbitrariamente a la actora el legítimo ascenso al cargo concursado y ganado en razón de haber reclamado judicialmente, en ejercicio de su derecho constitucional a peticionar a las autoridades que corresponde y haberse negado a desistir de la acción y del derecho en ese juicio. Esto, porque la empleadora obra con desprecio hacia el principio de igualdad tutelado constitucionalmente (art. 16, CN), en desmedro de los derechos y garantías que posee la actora como trabajadora. Por consiguiente, queda incursa en la causal que contempla el art. 1º de la Ley 23592.

 

CONTRATO DE TRABAJO. DISCRIMINACIÓN. DAÑO MORAL. Indemnización.

Si la empleadora deniega a la dependiente su promoción o ascenso al cargo que legítimamente había ganado compitiendo en un concurso, a través de una resolución arbitraria, resulta procedente la condena por daño moral, en los términos del art. 1° de la Ley 23592, por el agravio que le causa tal acto, mediante el cual se la discrimina. Esto, porque como consecuencia de dicho acto la pretensora ha sufrido una afrenta en su dignidad como trabajadora, ya que pese a gozar de los merecimientos del cargo ganado por su capacidad y esfuerzo, le es negado arbitrariamente. Más aún, si en el caso particular, se demuestra que la empleadora no confirmaba en sus cargos a quienes mantenían juicio con la institución, pues se ejerce sobre la empleada una presión inadmisible, cual es hacerle saber que sólo si renuncia a un derecho (peticionar a las autoridades mediante el ejercicio del derecho a la jurisdicción judicial), podrá acceder al cargo. La afrenta de no promoverla por tal razón, no necesita de demostración alguna en orden al menoscabo espiritual que significa para cualquier persona y su repercusión en el proyecto de vida.

 

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