Competencia contencioso administrativa. Comunidades indígenas.

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Tribunal Superior de Justicia (Sala Contencioso Administrativa)

Autos: “Comunidad Aborigen Ticas c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Ilegitimidad – Recurso de Apelación”, expediente n.° 1797969.

Resolución: Sentencia n.° 153.

Fecha: 31/8/2017.

Jueces: Domingo Juan Sesin, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati.

Análisis documental: Eugenia Manzanares (redactora), Andrea Molina (supervisora) y Virginia Casella (tutora)

 

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La parte actora interpuso acción de ilegitimidad por entender que los actos administrativos impugnados -vinculados a la apertura de una calle pública en un predio,  que, según alegó, es un lugar sagrado y consagrado al ceremonial- se encontraban viciados al no respetar la demandada los procedimientos establecidos para su dictado. Ello, al no ordenarse la suspensión de los plazos administrativos solicitada ni haber dado participación a la autoridad de aplicación (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) conforme lo dispuesto por la Ley n.º 26160 y su reglamentación (art. 2, Decreto n.° 1122/2007). La Cámara Contencioso Administrativa declaró que la causa no integraba la competencia del tribunal, en virtud de ser una cuestión que debía resolverse aplicando normas del derecho privado (art. 2, inc. c), Ley n.° 7182) y por los jueces ordinarios en materia civil. El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante y habilitó la vía contencioso administrativa.

 

SUMARIOS:

 

HABILITACIÓN DE INSTANCIA. COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA: COMUNIDADES INDÍGENAS: Desocupación de tierras. ACTO ADMINISTRATIVO: Posibilidad de revisión.  Aplicación exclusiva de normas de derecho privado: Improcedencia.

La Ley n.° 26160, conforme se desprende de su art. 2, tiene incidencia directa tanto en procesos judiciales de diversa índole, como en procedimientos administrativos cuyo objeto sea el “desalojo” o “desocupación” de tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país. Frente a esta normativa de orden público y a la naturaleza de los derechos de dichas comunidades, que gozan de tutela constitucional y cuya protección ha asumido nuestro país en sede internacional, corresponde habilitar la vía contencioso administrativa. Ello, a los fines de determinar si los actos administrativos que los afectan se ajustan al ordenamiento vigente o si, por el contrario, se encuentran viciados; cuestión que no se resuelve aplicando exclusivamente normas del derecho privado (art. 2 inciso c), Ley n.° 7182).

 

 

HABILITACIÓN DE INSTANCIA. COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. COMUNIDADES INDÍGENAS: Derecho a participar. Derecho de consulta. Deber del Estado.

El derecho de las comunidades indígenas a participar en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, conforme el artículo 75, inciso 17), de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (arts. 6, 5, 17, entre otros) incluye el derecho de consulta. Dicho derecho implica el deber que tiene el Estado de consultarlas toda vez que se pretendan adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que puedan afectarlas.

 

 

Acceda al fallo completo:  Sentencia 153

 

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