Contrato administrativo. Vivienda social.

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Tribunal Superior de Justicia (Sala Contencioso Administrativa).

Autos: “Amaranto, Rosa Azucena c/ Provincia de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso de Apelación”, expediente. n.° 1503842

Resolución: Sentencia n.º 150.

Fecha: 24/8/2017.

Jueces: Domingo Juan Sesin, María Marta Cáceres de Bollati y Luis Enrique Rubio.

Análisis documental: Ignacio Díaz Cafferata (redactor), Andrea Molina (supervisora) y Virginia Casella (tutora).

 

 

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La parte actora interpuso demanda de plena jurisdicción en contra de la resolución de la Secretaría de Servicios Públicos y Vivienda, que declaró rescindido el contrato celebrado entre ambas, y dejó sin efecto la adjudicación en venta de una vivienda, exigiendo su devolución y total desocupación. La Cámara Contencioso Administrativa consideró que la accionante no cumplimentó la obligación asumida contractualmente de residir permanentemente en la vivienda adjudicada, incurriendo además en falta de pago de cuotas del plan establecido. Contra tal decisorio la actora interpuso recurso de apelación, el que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia.

 

 

SUMARIOS:

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DE  PARTICULARES. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Falta de residencia efectiva y pago de cuotas. Recuperación del inmueble por parte del Estado. CARÁCTER SOCIAL DE LA VIVIENDA: Nueva adjudicación.

El contrato administrativo por el cual el Estado adjudica en venta una vivienda a favor de un particular, se enmarca en el ámbito de un servicio de utilidad pública e interés general cuya prestación supone el traspaso del dominio de un bien de aquel, por razones de índole social (Ley n.º 8558 y conc.). En ese contexto, los adjudicatarios provisionales, titulares de un derecho imperfecto, de una simple situación precaria, se encuentran condicionados al cumplimiento de los requisitos impuestos por la entidad promotora del programa de viviendas, entre otros, residencia personal y efectiva en el inmueble y abono de las cuotas pactadas. Acaecido el incumplimiento, la autoridad administrativa tiene la obligación de instar el procedimiento tendiente a recuperar la vivienda para realizar una nueva adjudicación dado su carácter social, considerando la situación socio-económica del resto de los postulantes.

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRAVENTA DE INMUEBLE A FAVOR DE PARTICULARES: Rescisión. Revocación de la adjudicación. Razonabilidad.  POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONALES.  DERECHO DE DEFENSA.

La razonabilidad de lo decidido por la Administración al rescindir un contrato de venta y dejar sin efecto la adjudicación de un inmueble, debe ser ponderada en atención a la máxima jerarquía que ostenta el derecho a la vivienda cuyo resguardo se busca mediante las distintas políticas públicas habitacionales (arts. 14 bis y 75 inc. 22, CN), diseñadas a fin de satisfacer el mandato constitucional (art. 67, Const. pcial.). Asimismo, debe valorarse en cada caso si el acto revocatorio aseguró a los adjudicatarios el efectivo ejercicio del derecho de defensa (art. 18, CN).

 

 

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA: Reglamentación de su ejercicio. Compatibilidad con el bien común. Derecho común y concurrente. PRINCIPIO DE IGUALDAD.

La Constitución nacional, garantiza el derecho a una vivienda digna, pero ello no puede operar sino a través de la política habitacional que implementa el Estado, quien, en ejercicio de sus legales atribuciones, debe reglamentar los derechos para tornarlos compatibles con el bien común. Así, aquel derecho, es común a  todos los habitantes de la Nación, de ahí que no puede ser evaluado sino en el contexto de igualdad de derechos que tienen todas las familias que hayan cumplido con el procedimiento de inscripción y adjudicación ante el organismo correspondiente.

 

Acceda al fallo completo:    Sentencia 150

 

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