BdJ n.º 19/17 – Jurisprudencia temática CONSTITUCIONAL (12/09/2017)

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Bdjn.° 19 / SEPTIEMBRE 17

Jurisprudencia Temática CONSTITUCIONAL

DERECHO AMBIENTAL

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos una serie de resoluciones de los tribunales de la provincia, vinculadas al tema específico de Derecho Ambiental. En el diseño de la presente edición se destacan los aportes de las redactoras Romina Graffi, Patricia Junyent, María Emilia Mimessi y del supervisor Juan Pablo Rodas Peluc, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora Virginia G. Casella. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

Para acceder a los textos completos ingrese al Buscador de Jurisprudencia y Acuerdos del TSJ y coloque en el campo de búsqueda de la rama JURISPRUDENCIA. la combinación de voces del sumario: voz + voz (si la voz está compuesta por más de una palabra deben ir entre comillas. Ej: “potestad disciplinaria” + policía).

Puede solicitar los documentos en formato accesible para personas con discapacidad visual (audio) en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

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FALLO 1

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Carlos Paz.

Dependencia: Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación.

Autos: “ADARSA (Asociación Amigos Rio San Antonio) c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros – Amparo”, expediente n.° 1174894.

Resolución: Sentencia n.° 104.

Fecha: 30/5/2017.

Jueza: Viviana Rodríguez.

Análisis documental: Patricia Junyent (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (supervisor), Virginia Casella (tutora)

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La Asociación de Amigos de Río San Antonio (ADARSA) interpuso acción de amparo ambiental contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de San Antonio y la empresa GAMA S.A., a los fines de que revoque el permiso otorgado para el desarrollo del mega emprendimiento el Dorado III o Gran Dorado, por violar las leyes nacionales y provinciales de ambiente y la ley de bosques nativos. El Juzgado hizo lugar al amparo.

SUMARIOS:

ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL: Legitimación. Asociación ambientalista debidamente registrada.

Mediante la reforma constitucional del año 1994 se abre paso al reconocimiento de actores sociales con legitimación colectiva y la admisión de una novedosa categoría de derechos. Ello quedó plasmado en el 2° párrafo del art. 43 de la CN y con la incorporación de los tratados internacionales (art. 75, inc. 22, CN) y sus principios, que  declinan toda valla que limite el acceso a la justicia. Finalmente la Ley General del Ambiente contempla un amplio abanico cuando se trata de legitimar para un proceso ambiental. Es por esto que una asociación ambientalista debidamente registrada se encuentra legitimada para interponer una acción de amparo ambiental. Además,  y si aún quedara alguna duda al respecto, el art. 53 de la Constitución provincial es plenamente operativo en cuanto dispone que toda persona tiene garantizada la legitimación para proteger los intereses difusos en ella reconocidos, y que una omisión del legislador en su reglamentación no puede constituirse en obstáculo para el ejercicio de tal derecho.

ACCIÓN DE AMPARO: ADMISIBILIDAD. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD MANIFIESTA. LEY DE BOSQUES. ZONA AMARILLA

A la luz de la normativa internacional, nacional y provincial de protección al derecho fundamental al ambiente sano, resulta ilegal la autorización otorgada para la construcción de un mega desarrollo inmobiliario (mediante la Ordenanza municipal de factibilidad y la Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental) puesto que la ubicación donde se pretende emplazar el emprendimiento no sólo es bosque nativo sino que está en la zona amarilla (arts. 9 y 15 de la Ley nacional de bosques n.° 26391 y art. 5 de la Ley n.° 9814) y allí está expresamente prohibida la intervención que se pretende. Es que, tal como lo ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia, la factibilidad de la obra, así como todo el trámite administrativo hasta la toma de la decisión definitiva, son actos preparatorios de la decisión administrativa final y como tales, no crean una situación jurídica de derecho subjetivo de carácter administrativo a favor de la accionante (Sala Contencioso Administrativa, “Telefónica Comunicaciones Personales S.A. v. Municipalidad de Colonia Caroya”, sentencia del 15/08/2002).

ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL. Autoridad de aplicación: función. Deberes de precaución y prevención.

La precaución es la actitud que debe estar en la mira de quienes tienen el poder de tomar decisiones relativas a una actividad que puede implicar un grave daño para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para el medio ambiente. Es que, el incumplimiento de los deberes de precaución y prevención significa una flagrante violación del ordenamiento jurídico. Son las autoridades administrativas -en su función de autoridad de aplicación- las encargadas de valorar y juzgar si la actividad proyectada, compromete normas que protegen el medio ambiente.

INCONSTITUCIONALIDAD: Declaración de oficio. Control de constitucionalidad. Deber del Poder Judicial. Ambiente.

Debe declararse oficiosamente la inconstitucionalidad de la Ordenanza que otorgó la “prefactibilidad” al desarrollo del mega emprendimiento inmobiliario, por ser contundentemente ilegal. El control de constitucionalidad, con o sin petición de parte, está consagrado desde los orígenes de nuestra historia. No solo es una atribución de los jueces sino es un deber del Poder Judicial aplicar la Constitución sobre cualquier otra norma del sistema jurídico. Si bien, la declaración de inconstitucionalidad debe ser la última ratio, en el caso, no hacerlo dejaría vigente una norma en la que la contradicción con el mandato constitucional de protección al ambiente, es palmaria.

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FALLO 2

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Tribunal Superior de Justicia. (Sala Electoral y de Competencia Originaria). 

Autos: “Gremo, María Teresa y otros c/ Corp. Intercomunal para la Gestión Sustentab. de los Resid. del Área Metrop. Cba. S.A. (CORMECOR) – Amparo (Ley 4915) – Cuerpo de copias – Recurso de Apelación”, expediente n.° 3326232.

Resolución: Auto n.° 43

Fecha: 18/5/2017.

Jueces: Aída Lucía T. Tarditti, Domingo J. Sesin, Luis E. Rubio; M. de las Mercedes Blanc de Arabel; M. Marta Cáceres de Bollati; Sebastián C. López Peña y Alejandro G. Weiss.

Análisis documental: María Emilia Mimessi (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (supervisor), Virginia Casella (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La demandada -Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba S.A. (CORMECOR)-, en el marco de una acción de amparo ambiental, interpuso recurso de apelación en contra de la medida cautelar que ordenó la suspensión de toda obra de instalación de la planta de tratamiento de residuos domiciliados -cuya puesta en funcionamiento fue cuestionada mediante el proceso del amparo ambiental-, hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental en toda la zona de influencia de la obra. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la medida dispuesta por el a quo, respecto a las obras civiles que impliquen la ejecución del proyecto ambiental objeto del amparo y, autorizó el avance de todos los actos preparatorios necesarios para el desarrollo del proceso ambiental no comprendido en la medida.

SUMARIOS:

ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL: Carácter preventivo. Procedencia. ARBITARIEDAD E ILEGALIDAD: Amenaza de daño. MEDIDAS DE URGENCIA: Paralización de obras.

La acción de amparo ambiental es concebida en el régimen provincial (Ley n.° 10208) como una medida preventiva (no sólo represiva) que procede ante cualquier tipo de contaminación o polución que afecte o ponga en riesgo los recursos naturales, la salud y la calidad de vida, por causas arbitrarias o ilegales que generen lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos y/o colectivos en materia ambiental (art. 71). En dicho sistema normativo ambiental, se encuentra flexibilizado el requisito de la antijuridicidad -exigido en el amparo genérico de la Ley n.° 4915- en tanto no requiere que la arbitrariedad y la ilegalidad resulten manifiestas, y se autoriza la disposición, en cualquier estado del proceso, de medidas de urgencia, como resulta ser la paralización de la obra que implique la instalación de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios cuestionada mediante el ejercicio de la acción de amparo ambiental.

AMPARO AMBIENTAL. LEGISLACIÓN AMBIENTAL. PROCESO AMBIENTAL. LICENCIA AMBIENTAL. AUTORIZACIÓN FORMAL. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. ACTIVIDAD JUDICIAL. CONTROL DE JURIDICIDAD.

La legislación ambiental ha previsto un proceso ambiental específico -bajo la supervisión y gestión de la autoridad de aplicación- a los fines de la habilitación de todas aquellas políticas, proyectos, acciones o actividades susceptibles de producir un impacto ambiental en la salud del hombre y/o en el medio ambiente (Ley n.° 10208 y Decreto n.° 2131/00, arts. 6, 7 y 8). Dicho proceso, compuesto por una secuencia compleja de procedimientos administrativos, se encuentra sujeto a requisitos y condiciones ineludibles para llegar a su punto culminante, cual es la Licencia Ambiental que da la autorización formal para que aquellas acciones u obras puedan ejecutarse. En tal contexto, la actividad judicial siempre debe estar presidida por la clara comprensión de las diferencias existentes entre el proceso ambiental que tiene lugar ante la autoridad de aplicación de la Administración Pública; y el control judicial de juridicidad de los planteos emanados como consecuencias de tales actuaciones administrativas.

AMPARO AMBIENTAL: MEDIDA CAUTELAR: Procedencia, Arbitrariedad e ilegalidad, Peligro en la demora. DECISIÓN PROVISORIA. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO: PROCESO AMBIENTAL: Licencia ambiental, Impugnaciones.

La calidad jurídico procesal de la medida cautelar dispuesta en el marco de una acción de amparo ambiental -en la que la demostración de la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas se encuentra flexibilizada- permite a la Justicia adoptar la decisión anticipada y provisoria de mantener la suspensión de todo acto que implique la ejecución del proyecto ambiental hasta que se resuelva la cuestión de fondo, en tanto, resulta indudable que el conflicto de intereses planteado repercute directamente sobre el interés general y la salud pública de parte de la población, pues podría poner en riesgo el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano (arts. 42, CN y 66, Const. pcial.), y el desarrollo del proceso ambiental ha registrado diferentes inconvenientes administrativos y climatológicos, que llevaron a múltiples impugnaciones y observaciones a la Licencia Ambiental otorgada por la autoridad de aplicación.

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FALLO 3

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación.

Autos: “Tulián, Mariela Jorgelina y otros c/ Provincia de Córdoba (Poder Legislativo) – Amparo (Ley 4815)”, expediente n.° 3561349.

Resolución: Auto n.° 122.

Fecha: 30/3/2017.

Juezas: María Inés Ortiz de Gallardo y Cecilia María de Guernica.

Análisis documental: Romina Paola Graffi (redactora) y Virginia Casella (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La parte actora interpuso acción de amparo ambiental en contra de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (arts. 41 y 43 de la Const. Nac., 48 y 53 de la Const. Pcial., Leyes 10208 y 4915). Pretendió que se la ampare en la defensa del medio ambiente; en el derecho a la identidad social y cultural de los pueblos indígenas, como así también, en el derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales. En concreto, solicitó que se declare la nulidad del “Proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba”. La Cámara Contencioso Administrativa declaró inadmisible la acción. Para así decidir ponderó la inexistencia de una norma en vigor, condición para la apertura de la jurisdicción constitucional del amparo. No obstante ello, exhortó a las autoridades político-electivas de la Provincia, para que, en el supuesto de impulsar el proyecto, aseguren los presupuestos de participación ciudadana.

SUMARIOS:

ACCIÓN DE AMPARO. AMPARO AMBIENTAL. Presupuestos de admisibilidad: Existencia de caso judicial o causa. Vigencia de la norma atacada. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

Es condición para promover el control de constitucionalidad por vía del amparo, la existencia de un caso o causa judicial madura. Esto es, que la ley que se cuestiona haya sido sancionada y promulgada. De este modo, es manifiestamente inadmisible una acción de amparo (art. 3, Ley 4915) cuando el objeto de la pretensión deducida persigue un control previo de constitucionalidad sobre un proyecto de ley, que no es admitido por las normas que disciplinan la vía elegida. En efecto, por más que se requiera la declaración de nulidad del proyecto, si lo que se invoca es un vicio en el procedimiento previo a su formación como acto legislativo, en la medida que dicho proyecto no se convierta en ley, los motivos de impugnación no pasan de ser hipotéticos o conjeturales.

ACCIÓN DE AMPARO. AMPARO AMBIENTAL. CAUSA JUDICIAL. OPINIONES CONSULTIVAS: Improcedencia.

En nuestro derecho constitucional y procesal son improcedentes las opiniones consultivas, es decir, un pronunciamiento del Poder Judicial que se emita antes de que éste tenga verdaderamente lugar. De este modo, para promover el control de constitucionalidad por vía del amparo debe tratarse de un caso o causa judicial madura, esto es, que la ley que se cuestiona haya sido sancionada y promulgada.

ACCIÓN DE AMPARO. AMPARO AMBIENTAL. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: Directo o difuso. Causa judicial. Requisito: ley o norma en vigor.

Nuestro sistema jurídico receptó, el sistema de control de constitucionalidad difuso mediante la previa comprobación de la configuración de un caso o causa judicial, por cualquier juez de la República o el control directo de constitucionalidad de carácter preventivo pero sobre una norma jurídica ya sancionada o en vigor y en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los Tribunales Superiores o Cortes Supremas de las Provincias Argentinas y de la CABA. De ello se deriva como necesaria consecuencia que, en el sistema de control de constitucionalidad difuso, todos los tribunales de justicia poseen facultades para declarar la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de una norma, pero siempre aplicado a un “caso concreto”, por lo que este tipo de control -valga la redundancia- es “concreto” y no “abstracto o consultivo”, lo que exige la existencia de una ley o norma en vigor.

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FALLO 4

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Tribunal Superior de Justicia. (Secretaría de Feria)

Autos: “Montenegro, Raúl A. y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia De Córdoba – Amparo – Recurso de Apelación”, expediente n.°  3423933.

Resolución: Auto n.° 4.

Fecha: 30/1/2017.

Juez: Domingo Juan Sesin.

Análisis documental: María Emilia Mimessi (redactora), Juan Pablo Rodas Peluc (supervisor), Virginia Casella (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El actor, en el marco de una acción de amparo ambiental, solicitó el dictado de una medida cautelar. Pretendía que se ordene la cancelación de la autorización brindada a los organizadores del Rally Dakar 2017, para su realización dentro del ámbito de la Provincia de Córdoba, por no contar con la licencia ambiental requerida por la Ley Provincial Ambiental (Ley n.º 10208). El tribunal de primera instancia declaró abstracta le medida solicitada en tanto la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia otorgó la licencia requerida. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación por entender que la autorización otorgada no satisfacía el objeto de la cautelar, al no cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que ordena la normativa (Decreto n.° 2131/00). El Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso planteado y confirmó la decisión de primera instancia.

SUMARIO:

ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL: MEDIDA CAUTELAR: Improcedencia. Ausencia de verosimilitud del derecho. Protección del ambiente. Autorización de eventos. Estudio de impacto ambiental. Licencia de impacto ambiental. Procedimiento administrativo cumplido.

La verosimilitud del derecho requerida para disponer la procedencia de una medida cautelar en el marco de una acción de amparo ambiental (art. 484 y cc. del CPCC, aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley n.° 7182 y del art. 17 de la Ley n.° 4915), se encuentra afectada cuando no se ha acreditado la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en la actuación de la Administración. Es que la Licencia Ambiental otorgada sin condicionamiento alguno por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, pone de manifiesto que se ha culminado el procedimiento administrativo tendiente a autorizar la realización del evento.

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