BdJ n.º 18/17 – Jurisprudencia Actualizada PENAL (06/09/2017)

 cabecera Boletin 2017

Bdjn.° 18 / SEPTIEMBRE 17

Jurisprudencia Actualizada

DERECHO PENAL

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos una serie de resoluciones de los tribunales de la provincia, vinculadas a temas relevantes, actuales y controvertidos de Derecho Penal y Procesal Penal. En el diseño de la presente edición se destacan los aportes de las redactoras Mariana Sierra, Maricel Venier, Lorena Garate, y de la supervisora Ana Belén Montero, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación del tutor Carlos E. Antacli. Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

Para acceder a los textos completos ingrese al Buscador de Jurisprudencia y Acuerdos del TSJ y coloque la combinación de voces del sumario: voz + voz (si la voz está compuesta por más de una palabra deben ir entre comillas. Ej: “potestad disciplinaria” + policía), en el campo de búsqueda de la rama JURISPRUDENCIA.

Puede solicitar los documentos en formato accesible para personas con discapacidad visual (audio) en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

                                       

FALLO 1

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Acusación.

Autos: “Actuaciones remitidas por Fiscalía General en autos ‘Zabala, Marta Emilia -formula presentación – Ref: Hotel Casino y SPA Ansenuza de la localidad de Miramar – Mar Chiquita (Expte. Z-01/2016)’ – Incidente.” (SAC n.° 6333673).

Resolución: Auto Interlocutorio n.° 498.

Fecha: 25/8/2017.

Jueces: Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar.

Análisis documental: Carlos Eduardo Antacli (tutor)

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el abogado del denunciado y revocó, en consecuencia, la resolución del juez de control por medio de la cual había admitido a una simple asociación civil como querellante particular. Como fundamento de esa decisión la Cámara entendió que dicha asociación civil no revestía los requisitos necesarios a los fines de la legitimación como querellante particular.

SUMARIOS:

QUERELLANTE PARTICULAR. Legitimación activa. Requisitos. Interés individual: alcances. Bien jurídico protegido: afectación real y directa. 

Si bien hubo una ampliación del concepto de querellante particular con relación a quien resulta ser titular de un interés individual, la admisión se debe realizar teniendo en cuenta determinados parámetros, como por ejemplo, la necesidad de analizar el bien jurídico protegido que acompaña al principal (y que el particular alega). Aunque se agrega una exigencia que corresponde destacar: la necesidad de que la afectación al bien jurídico individual que alega el particular –que no es víctima del delito–, lo haya sido en forma real y directa por la acción delictiva del sujeto activo.

QUERELLANTE PARTICULAR. Legitimación activa. Personas jurídicas. Intereses colectivos. Requisitos de admisión: coincidencia de objeto, afectación directa, experiencia.

Con respecto a la pretensión de una persona jurídica que alega intereses colectivos, las exigencias básicas que se requieren para su admisión como querellante particular son las siguientes: a) La coincidencia del objeto o fin social con el bien jurídico atacado; b) La afectación o vulneración directa, de esos intereses (bien jurídico cuya protección propenden) con la conducta denunciada o investigada; y c) La necesidad de la experiencia y técnica aprendida en el ámbito en el cual operan.

QUERELLANTE PARTICULAR. Legitimación activa. Delitos contra la administración pública. Ofendido directo: Estado. Perjuicio a otros bienes jurídicos no previstos en la ley penal: tutela en sede civil. 

Con relación a la afectación indirecta del bien jurídico tutelado, cuando el único bien jurídico penalmente protegido por el tipo es la administración pública, el único ofendido penalmente es el Estado, y si resulta perjuicio a algún otro bien jurídico no previsto por la ley penal, queda la posibilidad del particular de reclamar en sede civil el resarcimiento por el daño sufrido, pero no la intervención en el proceso penal como querellante particular, calidad que solo se concede a la víctima del delito, al ofendido, y al titular del bien jurídico protegido por la figura (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, “Denuncia formulada por Carranza”, auto n.° 149, año 2007).

QUERELLANTE PARTICULAR. Legitimación activa. Personas jurídicas. Intereses colectivos. Delitos contra la administración pública. Delitos pluriofensivos. Delitos de corrupción. Requisitos de admisión: afectación directa, idoneidad.

Aún ante personas jurídicas que invocan intereses colectivos, resulta necesario analizar cada caso en concreto en función de los bienes jurídicos protegidos en juego, ya que no todo delito contra la Administración Pública tiene uno o más bienes jurídicos adicionales que lo acompañan. Nadie podría negar que los hechos de corrupción afectan a toda la comunidad en general, pero solo en forma inespecífica y distinta del bien jurídico propio violentado por el acto de corrupción, por lo que si esto último ya fuese suficiente para que un particular damnificado adquiriese la calidad de querellante particular, pues entonces no sólo se violentarían principios básicos vinculados al equilibrio en el proceso, sino que además se llegaría a una situación que, desde lo práctico, resultaría inviable. Es que, de esa manera, en una investigación por hechos de corrupción, se deberían admitir como querellantes particulares a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, que, en forma individual, o a través de una simple asociación o persona jurídica, lo requieran, sin que se verifique la afectación directa, ni la idoneidad requerida –en el caso de la asociación-.

QUERELLANTE PARTICULAR. Legitimación activa. Personas jurídicas. Intereses colectivos. Requisitos de admisión. Coincidencia de objeto o fin. Bien jurídico protegido: afectación real y directa.

La solución al inconveniente práctico de la multiplicidad de querellantes particulares no puede residir en la representación, si es que los parámetros de análisis van a ser diferentes a los utilizados para el particular afectado. Ello, por cuanto la exigencia de representación de intereses colectivos a los fines de la participación en el proceso penal como querellante particular no se satisface con su mera enunciación en el objeto o fin social, pues esa sola circunstancia es insuficiente para adquirir legitimación subjetiva. No basta acreditar una simple calidad formal, sino que se requiere algo más que simplemente conformar determinado status legal para ser parte querellante en un proceso penal, en tanto es requisito que la representación del interés colectivo alegado sea real, exteriorizado en acciones o medidas concretas, sea de ayuda a víctimas de ciertos delitos, o sea de protección de los denominados derechos de incidencia colectiva e incluida en el tipo penal en cuestión.

QUERELLANTE PARTICULAR. Legitimación activa. Personas jurídicas. Intereses colectivos. Requisitos de admisión: coincidencia de objeto o fin, afectación real y directa, experiencia.

A los fines del artículo 7 del CPP, tienen legitimación subjetiva para constituirse como querellantes particulares aquellas personas jurídicas –entidades no gubernamentales sin fin de lucro–, cuyo objeto social coincida con el bien jurídico –principal o secundario– protegido por la norma penal, que demuestren una real representación de intereses colectivos, concretos y diferenciados del simple interés público y su afectación directa por el delito que se denuncia o investiga –aquél, el interés público, defendido por el Ministerio Público Fiscal en el proceso, a través de la promoción y ejercicio de la acción penal pública (art. 172 de la Const. Provincial)–, y experticia en dicho ámbito.

 subir

FALLO 2

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Juzgado de Control y Faltas n°. 7.

Autos: “Habeas corpus presentado por Ludueña, Hugo Emmanuel, Mollica Figueroa César Mariano, Aguirre Lucas y otros a su favor”.

Resolución: Auto n.° 96.

Fecha: 30/6/2017.

Juez: Esteban Ignacio Díaz.

Análisis jurisprudencial: Carlos E. Antacli (tutor).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

A raíz de un hábeas corpus presentado a favor de tres personas determinadas, y de un hábeas corpus colectivo presentado a favor de un grupo de ciudadanos que habitan determinados barrios de la ciudad de Córdoba, el Juez de Control y Faltas n.° 7 de la misma ciudad, resolvió declarar arbitrarios una serie de procedimientos llevados a cabo por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba. Asimismo, el Magistrado exhortó al Jefe de Policía para que haga conocer a todo el personal policial que, en el ejercicio de las facultades que se corresponden con el vigente Código de Convivencia Ciudadana, una vez producida la detención preventiva de un ciudadano, debe ser puesto a disposición inmediata de la autoridad pertinente; y recordó, además, que la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria.

SUMARIOS:

POLICÍA DE SEGURIDAD. Policía de la Provincia: funciones. Funciones preventivas: caracterización: discrecionalidad. Límites: Derechos Humanos. Competencia jurisdiccional.

La Policía de la Provincia de Córdoba integra el sistema de seguridad, siendo su máxima autoridad el Gobernador. En el poder que representa, le corresponde formular y delinear las políticas públicas de seguridad, regulando la multiplicidad de funciones (preventivas) que cumple la fuerza policial, caracterizada por un alto grado de discrecionalidad. Tal discrecionalidad (las funciones preventivas no son taxativas) encuentra en un Estado de derecho un vallado de imposible superación: el respeto ineludible por los derechos humanos. Éste, es un compromiso asumido por el Estado ante el resto de los países, al incorporar al bloque constitucional los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). En consecuencia, la eventual vulneración de alguno de los derechos fundamentales habilita, sin más, la competencia jurisdiccional para su restablecimiento.

 

 

POLICÍA DE SEGURIDAD. Procedimientos policiales. Arbitrariedad del procedimiento policial: indicios. Privación de la libertad: carácter excepcional, necesidad, motivación.

Se puede concluir razonablemente que un procedimiento policial resultó arbitrario cuando existen indicios que ponen en evidencia particulares circunstancias, tales como las siguientes: que se trató de aprehensiones de hombres jóvenes provenientes de barrios periféricos de un determinado sector de la ciudad; que todas las supuestas conductas atribuidas se tipificaron en unos pocos artículos del Código de Faltas; que la mayoría de los aprehendidos recuperó su libertad pocas horas después, sin imponérseles sanción administrativa alguna; y, que las aprehensiones se realizaron en su mayoría en forma sucesiva; entre otras. Es que, la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional, cuando resulte absolutamente necesario y expresando las razones que la determinaron.

POLICÍA DE SEGURIDAD. Procedimientos policiales. Arbitrariedad del procedimiento policial: falta de motivación, ilegitimidad.

Es posible y probable que parte de la sociedad observe indiferente, o hasta con cierta simpatía, que ocurran acontecimientos de control por parte del poder de policía. Sobre todo, si en el imaginario social se entiende a dicha intervención de la autoridad como un supuesto acto previo protectivo de derechos y disuasivo de intenciones delictivas, generalmente dirigidas a los integrantes de las capas sociales superiores. Pero a pesar de esa opinión generalizada, lo cierto es que no es posible la actuación represiva de las fuerzas policiales, sin la existencia de un evento tipificado como contravención. Es aquí, donde la actuación de la autoridad no encuentra sustento legal ni legítimo.

HÁBEAS CORPUS. Procedencia. Procedimientos policiales: arbitrariedad, aprehensiones ilegítimas, falta de motivación suficiente.

La impetración de un hábeas corpus, en forma inmediata a los eventos que lo motivaron, la gran cantidad de personas controladas en un procedimiento; la concentración de efectivos policiales en ciertos y determinados puntos o barrios de la ciudad que son habitados por ciudadanos que obedecen a perfiles que, prejuiciosamente, pueden llevar a tener conclusiones arbitrarias en la autoridad; y, la existencia, entre los controlados, de individuos que han tenido conflicto con la ley penal; son circunstancias que demuestran que la motivación de autoridad, para ordenar aquellos actos limitativos de la libertad personal, fue dispuesta en función de lograr una saturación territorial, como posible método de comprobación de infracciones al Código de Faltas, pero con un exagerado y aparatoso despliegue de los cuadros policiales, cuyo resultado ha sido, más el infundir temor en los barrios afectados, que el éxito en lo que se buscaba.

 subir

FALLO 3

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Rio Cuarto.

Dependencia: Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación.

Autos: “Cabral, Gianina Débora y Soria, Jesús Nicolás p. ss. aa. de tenencia de estupefacientes, comercialización agravada, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

Resolución: Sentencia n.° 50.

Fecha: 24/5/2017.

Juez: Emilio Francisco Andruet.

Análisis documental: Mariana Sierra (redactora) y Carlos E. Antacli (tutor).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La cámara del crimen resolvió no hacer lugar a la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, efectuada por el fiscal de cámara, con respecto al mínimo de la escala penal prevista para el delito de comercialización de estupefacientes. En consecuencia, condenó a los imputados a la pena de siete y seis años de prisión, respectivamente, por los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por ser en perjuicio de menores de edad y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

SUMARIO:

COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES. Mínimo de la escala penal, planteo de inconstitucionalidad: rechazo.

No es inconstitucional el mínimo de la escala penal prevista por el art. 5, inc. “c”, en función del art. 34, inc. 1°, de la Ley 23737. Es que, luego de la declaración de inconstitucionalidad que realizaran algunos tribunales, el Congreso de la Nación ha procedido a ratificar el mínimo de la escala previsto para ese delito, mediante la sanción de la Ley 27302 (publicada el 8/11/2016). Es decir, por razones de política criminal, el legislador no ha querido prever una rebaja en la punición y ha manteniendo la original. Con esta nueva ley, el legislador ha dejado en claro que no se ha equivocado, que es su republicana voluntad contribuir con el mínimo de esta pena a combatir el flagelo de la tenencia de estupefacientes para la comercialización y la comercialización misma, siempre en sus últimos eslabones de la cadena.

  subir

FALLO 4

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Acusación.

Autos: “Graziani, Rodolfo Esteban p. s. a. Quiebra Fraudulenta”.

Resolución: Auto n.° 688.

Fecha: 25/11/2016.

Jueces: Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar.

Análisis documental: Maricel Venier (redactora), Ana Belén Montero (supervisora), Carlos E. Antacli (tutor).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El fiscal de instrucción le requirió al juez del control el relevamiento del secreto bancario, pero este último resolvió no hacer lugar a lo solicitado y devolvió las actuaciones a la fiscalía remitente. La fiscalía interpuso recurso de apelación y la Cámara de Acusación lo rechazó, confirmando la decisión del a-quo. Como fundamento de dicha decisión, se tuvo en cuenta que los fiscales de instrucción se encuentran facultados para solicitar directamente el levantamiento del secreto bancario sin requerimiento previo al juez de control.

SUMARIOS:

ENTIDADES FINANCIERAS. SECRETO BANCARIO. Relevamiento del secreto bancario. Autoridad competente. Facultad del fiscal de instrucción.

En relación a la facultad del fiscal de instrucción de requerir información protegida por el secreto bancario, la Ley de Entidades Financieras (Ley 21526) debe ser interpretada  siguiendo el modelo del Código Procesal Penal de Córdoba instaurado por Ley 8123, que ha colocado en cabeza del fiscal de instrucción la investigación de los delitos de acción pública, por lo que, la excepción al secreto bancario la constituye el pedido de informe expedido no ya por un juez, sino por la autoridad judicial competente. En consecuencia, el fiscal de instrucción se encuentra facultado para solicitar directamente el levantamiento del secreto bancario sin requerimiento previo al juez de control (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, “Dujovne”, auto n.° 25, de fecha 28 de febrero de 2012).

ENTIDADES FINANCIERAS. SECRETO BANCARIO. Relevamiento del secreto bancario. Autoridad competente. Excepciones. Facultad del fiscal de instrucción.

La facultad del fiscal de instrucción para requerir información protegida por el secreto bancario, sin requerimiento previo al juez de control, se justifica en el hecho de que la Ley de Entidades Financieras (Ley 21526) contiene otras excepciones al secreto bancario, previstas en los incs. “b” y “c” del art. 39. Estas excepciones están constituidas por las solicitudes de informes del Banco Central de la República Argentina y de los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales, con lo cual, si se interpretara que sólo el juez es el que se encuentra habilitado para requerir el relevamiento del secreto bancario, debería concluirse que incluso el funcionario de cualquier municipalidad del país, que fuere titular del órgano administrativo encargado de la recaudación impositiva local, estaría autorizado para requerir ese tipo de información bancaria directamente (sin la venia de ninguna otra autoridad), pero tal posibilidad estaría vedada para el fiscal de instrucción a cargo de la investigación de un delito de acción pública, lo que constituye un contrasentido (en el mismo sentido, Cámara de Acusación, “Dujovne”, auto n.° 25, de fecha 28 de febrero de 2012).

 subir

FALLO 5

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Río Cuarto.

Dependencia: Cámara en lo Criminal y Correccional de 2° Nominación.

Autos: “Herrera, Juan Gabriel y otros p. ss. aa. Homicidio calificado por ensañamiento y en razón del género”.

Resolución: Sentencia n.° 74.

Fecha: 07/11/2016.

Jueces: Carlos Hernán González Castellanos y Pablo Bianchi (mayoría), y Emilio Francisco Andruet (disidencia); y los jurados populares Héctor German Bertaina, Diego Daniel Gallo, Víctor Hugo Devia, Pablo Javier Peretti, Mónica Hayde Bina, Liliana Grissanti, Ivana Soledad Garro y Cintia Yanina García.

Análisis documental: Lorena Garate (redactora) y Carlos E. Antacli (tutor).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto resolvió condenar al imputado como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ensañamiento y en razón del género, en grado de tentativa y en concurso ideal. 

SUMARIOS:

PRUEBA INDIRECTA. Indicios. Régimen aplicable. Libertad probatoria.

Para arribar al grado de certeza necesario para la condena del imputado, se puede tener en cuenta la prueba directa y los elementos de convicción indirectos, como son los indicios, los que deben ser unívocos. Es decir, los hechos conocidos, indiciarios, debidamente acreditados, deben ser analizados en su conjunto y conducir a una única conclusión. Si bien la ley procesal no reglamenta expresamente la prueba indiciaria, su aplicación se encuentra perfectamente justificada por imperio de los principios de libertad probatoria y sana critica racional que regulan los arts. 192, 193, 406 y cc. del CPP.

PRUEBA INDIRECTA. INDICIOS. Concepto. Clases. Valor probatorio.

La fuerza probatoria de la prueba indiciaria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el hecho indiciario no pueda ser relacionado con hecho que no sea el indicado, es lo que se llama la nubosidad del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del nombrado, la relación entre ambos será contingente, es lo que se llama indicio anfibológico. Puesto que el valor probatorio del indicio es más experimental que lógico, sólo el unívoco podrá producir certeza, en tanto que el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado.

HOMICIDIO CALIFICADO. FEMICIDIO. Fundamento de la calificante. Características.

En la figura jurídica de femicidio (art. 80, inc. 11, del Código Penal), el fundamento de la mayor penalidad reside en la condición del sujeto pasivo y en las circunstancias especiales de su comisión: la violencia ejercida en un contexto de género. Sólo interesa, para esta agravante, que la muerte de la mujer se haya producido en un ámbito de subordinación y sometimiento al hombre, basado en una relación desigual de poder. Es decir, que sólo se podrá configurar el femicidio si la muerte se produce, objetivamente, en el marco de un contexto de violencia de género y, subjetivamente, por pertenecer el sujeto pasivo al género femenino.

HOMICIDIO CALIFICADO. FEMICIDIO. Femicidio no íntimo. Noción. Contexto de violencia de género. 

Cuando el femicidio se produce en un ámbito donde no hay, ni hubo, relación previa (femicidio no íntimo), la violencia de género se debe desprender del mismo hecho, ese debe ser el contexto. No cualquier ejercicio de violencia contra una mujer es violencia de género, sino sólo aquella violencia que la realiza el varón en contra de una mujer por el solo hecho de pertenecer al género femenino, en un ámbito (entorno físico o de situación) de subordinación y sometimiento basada en la idea de inferioridad de la mujer y superioridad del varón.

HOMICIDIO CALIFICADO. FEMICIDIO. Noción. Contexto de violencia de género: interpretación, alcances.

El contexto circunstancial de la violencia de género implica una previa interrelación personal entre el autor y la víctima, y episodios anteriores que demuestren el accionar característico de esta modalidad basada en la idea de superioridad del varón sobre la mujer, que puede involucrar maltratos previos, ofensas directas o indirectas, cualquier acto de desprecio a la condición femenina o agresiones similares. El solo hecho de que la víctima del homicidio sea una mujer no autoriza a tipificar al suceso como un delito de femicidio, aun cuando el hecho fuere precedido inmediatamente de violencia física sobre la misma, si es que no se produce en un contexto de violencia de género, entendido como esa interrelación previa de carácter íntimo, vincular, familiar o laboral (del voto del juez Emilio Francisco Andruet).

 subir

Enlaces de interés

Nueva Página Web del Boletín Digital Judicial

Nuevo buscador de Jurisprudencia y Acuerdos del TSJ ( Boletin Digital Judicial – Lex Doctor)

Novedades Judiciales ( Prensa TSJ )

Búsqueda de Doctrina ON LINE ( SAIJ )

INVITACIÓN A COLABORAR

Esta publicación periódica es una construcción colaborativa entre los tribunales de toda la Provincia y el equipo del Boletín Digital Judicial.

El análisis documental de las resoluciones relevantes es un servicio a la comunidad, que facilita y organiza la comprensión de la función reguladora del derecho en condiciones de igualdad para todos los interesados.

La participación en el proyecto admite muchas modalidades y es la base de su riqueza. Contar con el apoyo de todos los magistrados y funcionarios de la Provincia es la única garantía de un producto de excelencia.

Los fallos se receptarán en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

———————

Boletín Digital Judicial – Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

Coordinación: Ab. Silvia Kiatkovski – Sub Área de Documentación e Información Pública | Tel. 0351 4481000 int. 37361 – boletindigital@justiciacordoba.gob.ar