BdJ n.º 16/17 – Jurisprudencia Actualizada SOCIEDADES, CONCURSOS Y QUIEBRAS (31/08/2017)

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Bdjn.° 16 / AGOSTO 17

Jurisprudencia Actualizada

SOCIEDADES, CONCURSOS Y QUIEBRAS

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos una serie de resoluciones de los tribunales de la provincia, vinculadas a temas relevantes de SOCIEDADES, CONCURSOS y QUIEBRAS. En el diseño de la presente edición se destacan los aportes de las redactoras Mara Cristina Baeza, María Victoria Sánchez Gómez, Mariana Puccio de Gutierrez Olagner y de la supervisora María del Rocío Vaca Narvaja, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora  María Lorena Caramazza.

Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

Para acceder a los textos completos ingrese al Buscador de Jurisprudencia y Acuerdos del TSJ y coloque la combinación de voces del sumario: voz + voz (si la voz está compuesta por más de una palabra deben ir entre comillas. Ej: “potestad disciplinaria” + policía), en el campo de búsqueda de la rama JURISPRUDENCIA.

Puede solicitar los documentos en formato accesible para personas con discapacidad visual (audio) en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

 

FALLO 1

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Segunda Nominación.

Autos: “Olmedo, Alberto Oscar c/ INCEYCA SACEI – Acción Ordinaria – Extensión de Quiebra”, expediente n.° 5600932.

Resolución: Sentencia n.° 74.

Fecha: 5/7/2017.

Jueces: Delia Inés Rita Carta de Cara, Mario Raúl Lescano y Guillermo E. Barrera Buteler.

Análisis documental: Mara Cristina Baeza (redactora), María del Rocío Vaca Narvaja (supervisora) y María Lorena Caramazza (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

En el marco de la quiebra de una sociedad de hecho, el juzgado de primera instancia resolvió rechazar el pedido de extensión de quiebra formulado en contra de otra persona jurídica, por haberse planteado de manera extemporánea. La parte actora apeló el decisorio, con adhesión de la sindicatura. Ambas cuestionaron los argumentos esgrimidos por la a quo para computar el plazo de interposición de la acción. El tribunal rechazó el recurso interpuesto y declaró formalmente inadmisible la apelación adhesiva.

SUMARIO:

QUIEBRA. ACCIÓN ORDINARIA DE EXTENSIÓN DE QUIEBRA. PLAZO DE INTERPOSICIÓN: naturaleza sustancial, computo en días corridos. 

El plazo para interponer la  acción de extensión de quiebra  es un plazo de caducidad, de carácter sustancial y computable en días corridos. Por ello corresponde rechazar el planteo de no computar el mes de enero del término respectivo. Dicho supuesto, que surge de la ley de rito y se aplica  a la perención de instancia (art. 340, CPCC),  es extraño a la cuestión que se trata en la especie y,  por lo  tanto,  inane al fin para el que se esgrime.

FALLO 2

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Tercera Nominación.

Autos: “Scarponetti Roberto Marcelo – Pequeño concurso preventivo – Recurso de apelación”,  expediente n.° 3989524.

Resolución: Sentencia n.° 68.

Fecha: 11/5/2017.

Jueces: Guillermo E. Barrera Buteler, Beatriz Mansilla de Mosquera y Ricardo Javier Belmaña.

Análisis documental: Mara Cristina Baeza (redactora), María del Rocío Vaca Narvaja (supervisora) y María Lorena Caramazza (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El tribunal de grado dictó resolución a través de la cual declaró concluido el concurso preventivo y reguló los honorarios profesionales correspondientes al síndico en una suma que representa el uno por ciento (1%)  de lo abonado a los acreedores. En contra de dicho pronunciamiento el síndico interpuso recurso de apelación, por considerar que se tomó una base regulatoria errónea y que tal base debió ser actualizada.

SUMARIOS:

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO. CONCLUSIÓN. HONORARIOS DE LA SINDICATURA.  Base regulatoria.

Del análisis de la norma contenida en el art. 289 de la 24522 (LCQ) puede advertirse con claridad que la idea original, al legislar, fue vincular los honorarios profesionales que corresponden al encargado del contralor del acuerdo, con el monto oblado en función de tal concordato.  Los estipendios regulados en el concurso preventivo al homologar la propuesta de acuerdo (art. 265 inc.1, LCQ), tienen justificación en una etapa diferente del proceso concursal, por lo cual no resulta procedente su inclusión a los fines de la determinación de la base regulatoria prevista por el art. 289 de la LCQ, en el momento de resolver la conclusión del concurso preventivo. Dicha interpretación, si bien no resulta pacífica -tanto  a nivel doctrinario como jurisprudencial-  es la que más se atiene a la finalidad de la norma (art. 2 del CCC),  que constituye uno de los principales parámetros de interpretación que deben observarse al momento de aplicar la ley.

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO. CONCLUSIÓN. HONORARIOS DE LA SINDICATURA.  Base regulatoria. Derecho de propiedad. 

Tomar como base regulatoria el valor nominal que representa la sumatoria del valor de los pagos de las cuotas concordatorias -cuando han transcurrido casi veinte años desde la homologación de la propuesta de acuerdo preventivo que no previó mecanismo alguno de revalorización de los créditos-  resulta atentatorio del derecho de propiedad del profesional beneficiario de la regulación (art. 17 de la Constitución Nacional).

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO. CONCLUSIÓN. HONORARIOS DE LA SINDICATURA.  BASE REGULATORIA: Actualización

Si el monto regulado por el tribunal a quo (utilizando como base regulatoria el valor nominal de los pagos de las cuotas concordatorias) resulta  completamente desproporcionado tomando en consideración el tiempo que insumió la tramitación del proceso, la responsabilidad comprometida por el profesional beneficiario de la regulación, la complejidad y de más pautas de evaluación cualitativas (art. 39 de la ley 9459), que preceden a una regulación de honorarios, corresponde corregir ese desfasaje. A tal fin, debe calcularse la base regulatoria tomando en consideración la sumatoria de los montos abonados a valores actualizados conforme el índice de precios al consumidor Córdoba, nivel general, desde la fecha en que se produjeron los pagos y hasta la fecha del dictado de la resolución que declara cumplido el acuerdo preventivo. Sobre el monto que resulte, deberá regularse el uno por ciento (1%).

 

FALLO 3

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Tercera Nominación.

Autos: “Instituto Atlético Central Córdoba – Gran Concurso Preventivo – Cuerpo de Copias a los fines de la tramitación del Rec. de Apel. Interpuesto por el Dr. Gatani contra proveído de fecha 21.11.16”, expediente n.° 2928026/36.

Resolución: Auto Interlocutorio n.° 69.

Fecha: 23/3/2017.

Jueces: Guillermo Barrera Buteler, Beatriz Mansilla de Mosquera y Ricardo Belmaña.

Análisis documental: María del Rocío Vaca Narvaja (supervisora) y María Lorena Caramazza (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El letrado de la concursada inició incidente de regulación de honorarios en base a un contrato de honorarios celebrado antes de la presentación en concurso preventivo. Expresó que no es un crédito de causa o título anterior al concurso, o que el derecho a la retribución nazca a partir del contrato, sino que nacen con la causa del derecho a percibir. El tribunal de primera instancia dispuso el rechazo liminar del incidente fundamentando la decisión en que el art. 62 del Código Arancelario excluye la aplicación de la ley local para los procesos concursales y la Ley 24522 (LCQ) impone oportunidades precisas para la determinación de los estipendios (art. 265, LCQ). El letrado interpuso recurso de apelación. La cámara rechazó la apelación interpuesta confirmando la decisión de primera instancia.

SUMARIOS:

CONCURSO PREVENTIVO. HONORARIOS DEL LETRADO DE LA CONCURSADA: Régimen legal aplicable.

Resulta incuestionable que la Ley 24522 es la que rige para determinar los honorarios del letrado de la concursada. La ley de fondo contiene normas procesales con la finalidad de hacer operativos los principios y figuras propios del derecho material, tales como: igualdad de trato, universalidad objetiva o patrimonial, universalidad subjetiva o colectividad de acreedores, conservación de empresas útiles.

CONCURSO PREVENTIVO. REGULACIÓN DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES: Oportunidad. Orden público.

Para determinar los honorarios del letrado de la concursada es menester utilizar las pautas estipuladas en los arts. 265 a 272 de la Ley 24522 (LCQ), desplazando ab initio a otras reglas arancelarias locales. El art. 278 de la LCQ autoriza la aplicación de las normas procesales en cuanto no esté expresamente dispuesto por la ley concursal, de manera que para el caso de honorarios la supletoriedad de la ley local tendrá lugar en tanto comulgue con principios tales como la onerosidad, la rapidez y economía del trámite concursal. En tal inteligencia, se deben fijar los porcentajes regulatorios sobre una base económica única, cuya sumatoria no puede superar la porción partible que se determina en el marco de ciertos topes mínimos y máximos que deben ser respetados. Además, debe reflejar una adecuada proporcionalidad entre las distintas labores efectuadas y el monto asignado a cada profesional, lo que importa una valoración cualitativa y comparativa. Es claro que esta solución importa que las regulaciones deban realizarse en una misma oportunidad y en conjunto, que no son otras que las dispuestas por la ley concursal en su artículo 265. Esta oportunidad no puede ser anticipada ni postergada por imperio de la voluntad de los sujetos procesales ni de sus letrados, desde que la cualidad de orden público del ordenamiento concursal, importa la indisponibilidad de las normas que contiene y por ende, priva a las partes del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

CONCURSO PREVENTIVO. REGULACIÓN DE HONORARIOS. ORDEN PÚBLICO. Convenio privado de las partes.

La norma nacional que rige para los honorarios reviste el carácter de orden público, lo que indica que en la medida que pudieran afectar los intereses amparados no podrían ser alteradas, por convenio particular, las pautas regulatorias que emanan de aquélla. Aseverar que un convenio privado entre cliente y letrado pueda quedar por fuera del orden público de la ley concursal es inconsistente, con solo advertir los principios que hacen al proceso colectivo y los distintos intereses que se procuran conciliar y resguardar a través del sistema estructurado para los honorarios de funcionarios y letrados, de modo que el honorario acordado merece su análisis en las oportunidades previstas por el art. 265 de la Ley 24522.

CONCURSO PREVENTIVO. REGULACIÓN DE HONORARIOS. Funcionarios: alcance del término. Integralidad del sistema.

La interpretación en el sentido de que las normas arancelarias tienden a regular los honorarios sólo de funcionarios, soslaya la integralidad del sistema. Si bien el art. 265 de la Ley 24522 (LCQ) alude a “funcionarios”, claramente el art. 266, aplicable para el caso de concurso preventivo homologado, alude a “honorarios totales de los funcionarios y de los letrados del síndico y del deudor”, y el art. 267 del mismo cuerpo legal, que refiere a la quiebra liquidada, indica la regulación de honorarios de “funcionarios y profesionales”.

FALLO 4

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Tercera Nominación.

Autos: “Terella, Gerardo – Quiebra Pedida Simple – Recurso de Apelación”, expediente n° 2868871/36.

Resolución: Sentencia n.° 36.

Fecha: 28/3/2017.

Jueces: Beatriz Mansilla de Mosquera, Guillermo E. Barrera Buteler y Ricardo Javier Belmaña.

Análisis documental: María Victoria Sánchez Gómez (redactora), María del Rocío Vaca Narvaja (supervisora) y María Lorena Caramazza (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El juez a quo declaró de oficio la caducidad de instancia en una quiebra pedida por entender que habían transcurrido más de tres meses sin existencia de actividad tendiente al avance del proceso. El apoderado de la peticionante de la quiebra interpuso apelación. Afirmó el agraviado que no había transcurrido el plazo que prevé la ley, ya que debía tomarse en cuenta la feria judicial de julio. Alegó además, que no tuvo intención de abandonar la instancia por cuanto se encontraba efectuando las diligencias requeridas por el tribunal mediante la obtención de constancias en otros procesos. La cámara hizo lugar a la apelación.

SUMARIOS:

QUIEBRA. QUIEBRA PEDIDA. PERENCIÓN DE INSTANCIA: perención prefalencial. CÓMPUTO: receso judicial de invierno.

A los fines del cómputo del plazo de perención del art. 277 de la Ley 24522 (LCQ) no cabe excluir la feria judicial del mes de julio conforme a lo previsto por el último párrafo del art. 340 del CPCC (aplicable en función de lo normado por el art. 278 de la LCQ). No puede dejar de computarse el receso judicial de invierno, cuando el código procesal local es explícito en el sentido de que sólo se refiere a la feria de enero para la exclusión del cómputo de la caducidad en los plazos inferiores a seis meses.

QUIEBRA. QUIEBRA PEDIDA. PERENCIÓN DE INSTANCIA: perención prefalencial. CÓMPUTO. INTERRUPCIÓN: actos en extraña jurisdicción. 

La existencia de actuaciones efectuadas en extraña jurisdicción dirigidas a cumplir con un requerimiento del tribunal de primera instancia y con la finalidad de impulsar el procedimiento, poseen virtualidad interruptiva del curso de la perención (art. 277 de la Ley 24522).

 

FALLO 5

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Tercera Nominación.

Autos: “Albert, Alexandra Melina – Quiebra Pedida Simple – Recurso de Apelación”, expediente n.° 2734792 /36.

Resolución: Sentencia n.° 27.

Fecha: 9/3/2017.

Jueces: Beatriz Mansilla de Mosquera, Guillermo E. Barrera Buteler y Ricardo Javier Belmaña.

Análisis documental: Mara Cristina Baeza (redactora), María del Rocío Vaca Narvaja (supervisora) y María Lorena Caramazza (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

En el marco de una quiebra pedida por acreedor, el juez de primera instancia dictó sentencia por la que se declaró de oficio la caducidad de instancia, por haber transcurrido más de tres meses sin existencia de actividad tendiente al avance del proceso. En contra de la mencionada resolución, la sociedad peticionante de la quiebra interpuso apelación. Al expresar agravios afirmó que no había transcurrido el plazo de perención que prevé la ley, conforme cédula de notificación diligenciada y que tal acto de impulso produjo la interrupción del plazo de la perención de instancia. El tribunal hizo lugar al recurso de apelación interpuesto. 

SUMARIO:

QUIEBRA PEDIDA. PERENCIÓN DE INSTANCIA. Interrupción de plazo.

Si al momento de dictarse la resolución que declara de oficio la caducidad de instancia, el término de la perención que prevé el art. 277 de la Ley 24522 no se encontraba cumplido pues se comprueba que, antes de su vencimiento, se había cursado una notificación, tal resolutorio debe ser revocado. Ello aunque la cédula de notificación no se encontrara acreditada en el expediente al momento del dictado, pues conforma un acto tendiente al progreso de la instancia, por ende, interruptor del termino de perención.

 

FALLO 6

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Río Cuarto.

Dependencia: Cámara de Apelaciones de Primera Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y con competencia en lo Contencioso Administrativo. 

Autos: “El Recreo Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Ghama Sociedad De Responsabilidad Limitada y Otros. Acciones Societarias. Cuerpo de Copias”, expediente n.º 3310688.

Resolución: Auto Interlocutorio n.° 101.

Fecha: 25/4/17.

Jueces: María Adriana Godoy de López, Rosana A. de Souza y Eduardo Héctor Cenzano.

Análisis documental: Mariana Puccio de Gutiérrez Olagner (redactora),  María del Rocío Vaca Narvaja (supervisora) y  María Lorena Caramazza (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La actora interpuso recurso de apelación en contra del proveído que resolvió conceder los recursos de apelación de las demandadas con efecto suspensivo –contra la resolución que dictó la intervención judicial–, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 117 de la Ley 19550 (LS). El tribunal resolvió hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia, modificó el efecto de los recursos interpuestos.

SUMARIO:

SOCIEDADES. MEDIDA CAUTELAR. INTERVENCIÓN JUDICIAL: recurso de apelación. Efecto (art. 117 LS).

El “efecto” con el cual deben concederse los recursos deriva expresamente de la ley. Por ello, resulta inadmisible efectuar consideraciones discrecionales en torno a dicho tema cuando la norma vigente y aplicable establece un determinado efecto; máxime cuando dicha ley no ha sido impugnada (tachada de inconstitucional).

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