BdJ n.º 15/17 – Jurisprudencia Actualizada LABORAL (29/08/2017)

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Bdjn.° 15 / AGOSTO 17

Jurisprudencia Actualizada

LABORAL

Estimada comunidad judicial de la provincia:

Desde Boletín Digital Judicial les acercamos una serie de resoluciones de tribunales laborales de la provincia, vinculadas al tema de ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO. En el diseño de la presente edición se destacan los aportes de los redactores Ivana Caeiro Maldonado, Analía Pegoraro, María Jimena López Achával, Gabriela Minasian, Guillermo Cerdá Lopez, Gastón Pintos Iacono y de las supervisoras Valeria Sola y Silvina Leticia González, quienes elaboraron los sumarios seleccionados, bajo la coordinación de la tutora  Silvia Kiatkovski.

Queremos agradecer a magistrados/as y funcionarios/as que proporcionan las sentencias para analizar y con ello actualizar permanentemente la base de datos.

Para acceder a los textos completos ingrese al Buscador de Jurisprudencia y Acuerdos del TSJ y coloque la combinación de voces del sumario: voz + voz (si la voz está compuesta por más de una palabra deben ir entre comillas. Ej: “potestad disciplinaria” + policía), en el campo de búsqueda de la rama JURISPRUDENCIA.

Puede solicitar los documentos en formato accesible para personas con discapacidad visual (audio) en: boletindigital@justiciacordoba.gob.ar

                               

FALLO 1

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba

Dependencia: Sala Primera de la Cámara del Trabajo.

Autos: “Cejas, Miguel Alberto c/ Galeno ART SA (Ex Mapfre Argentina ART SA) –Ordinario – Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos)”, expediente n.° 3201278.

Resolución: Sentencia n.° 113.

Fecha: 10/5/2017

Juez: Ricardo Agustín Giletta.

Análisis documental: Ivana Caeiro Maldonado (redactora), Silvina Leticia González (supervisora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El trabajador reclamó indemnización por enfermedad de trabajo en contra de la ART, haciéndolo a modo de demanda ratificatoria de los recursos de apelación que interpusiera por ante la justicia federal en contra de los dictámenes de la comisión médica. La accionada contestó la demanda solicitando su rechazo y planteó además la defensa de prescripción porque al momento de formular el reclamo ante la Comisión Médica habían transcurrido más de dos años desde el cese de la relación laboral. Alegó que las enfermedades por las que se acciona son “inculpables” y que algunas de ellas no se encuentran en el listado de enfermedades profesionales, omitiéndose no obstante sustanciar el procedimiento del art. 6.2.b) de la LRT, lo que conlleva la falta de acción. Tras desestimar las excepciones articuladas y corroborar que medió aceptación tácita de la pretensión por parte de la ART al haber omitido pronunciarse en el término previsto en el art. 6 del Decreto 717/96, el tribunal la condenó a abonar al actor la indemnización por la incapacidad derivada de las enfermedades profesionales que estimó acreditadas, con más intereses.

SUMARIOS:

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Carga procesal.

Resulta imprescindible que en los procesos por accidentes o enfermedades profesionales la ART o el empleador autoasegurado demandado en su caso, den su propia versión sobre los acontecimientos para que el tribunal, a la hora de resolver la causa, tenga volcados dos relatos contrastables y no sólo uno; tenga en definitiva conformada la litis en términos plenos. La alegación de la aseguradora de que su negativa se sustenta en que los hechos le son ajenos y no constarle a su representada ni la mecánica ni las labores del actor, podría ser admisible solo en supuestos de accidentes in itínere, ocurridos fuera del ámbito de conocimiento del empleador y del control de la aseguradora, pero es inaceptable cuando se trata de actividades normales cumplidas en el marco de la actividad propia de la empresa asegurada.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. DENUNCIA DEL SINIESTRO.  OBLIGACIÓN DE EXPEDIRSE. Acceso a la información. 

El asegurador tiene como obligación contractual de causa legal la averiguación de todos los extremos concernientes a los motivos del reclamo y sus consecuencias dañosas dentro del plazo que los respectivos ordenamientos le otorgan. El plazo de diez días fijado en el art. 6 del Decreto 717/96 no es un plazo de gracia para contestar “si o no”. Es un plazo orientado a que el asegurador averigüe y determine su responsabilidad y lo que debe o no indemnizar. Ello quiere decir que al momento de contestar la demanda la aseguradora -que debe monitorear a lo largo de la relación contractual las condiciones de trabajo y de seguridad- no puede alegar ignorancia sobre las tareas que cumplía el trabajador. El art. 31 inc. 1.b) le otorga el derecho a pleno acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones, pudiendo así recurrir tanto a la información proporcionada por el empleador asegurado como por el trabajador damnificado. Si no lo hizo en el plazo del Dec. 717/96, debió hacerlo después.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. INCAPACIDAD LABORAL. Patologías diversas. Porcentual. Método de la capacidad residual.

Ante reiterados expedientes generados ante la Comisión Médica por el trabajador con motivo de siniestros laborales, los respectivos porcentajes de incapacidad allí determinados no podrán ser tenidos en consideración a los fines de evaluar la incapacidad indemnizable por el método de la capacidad residual o restante si no surge de aquéllos haber sido efectivamente abonadas al actor o si de aquéllos surge que fueron apelados ante la justicia provincial desconociéndose la suerte de dicho remedio. Es a cargo de la demandada, en todo caso, aportar los elementos probatorios del caso para viabilizar y justificar el cálculo porcentual sobre la capacidad subsistente. Tampoco debe aplicarse este mecanismo frente a patologías diversas de origen concurrente.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. INCAPACIDAD LABORAL. PRIMERA MANIFESTACIÓN INVALIDANTE: concepto.

La primera manifestación invalidante no está expresamente definida en la normativa y suele ser incorrectamente identificada con la primera manifestación clínica de la enfermedad. La primera manifestación invalidante es la primera vez que el trabajador se vio impedido de prestar servicios como consecuencia del siniestro o enfermedad profesional. Es lo que surge del art. 13 inc. 1° de la LRT relativo a la incapacidad temporaria. Si bien la cuantía de la incapacidad laboral temporaria (ILT) se ha modificado (ya que el trabajador tiene derecho actualmente a percibir durante su curso una indemnización mensual equivalente al salario de la actividad), lo relevante es que permite aclarar que la primera manifestación invalidante es la que habilita el pago de la ILT, y ésta existe a partir del día en que el trabajador no puede prestar servicios como consecuencia del siniestro o enfermedad. Ese es el momento al que recurre el sistema como ‘fecha de corte’ referida en varios puntos de su ordenamiento.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. INCAPACIDAD LABORAL. Primera manifestación invalidante. Cálculo indemnizatorio.

Si el trabajador menciona que gozó de licencias por razones de salud asociadas a las dolencias por las cuales reclama incapacidad, pero no existe prueba de ello, ni se alega en la demanda ni en su responde que esas manifestaciones invalidantes hayan existido vigente la relación laboral, entonces se debe considerar que no ha existido, técnicamente, una manifestación invalidante vigente el contrato de trabajo. En tal caso, se debe recurrir a la regla del Decreto 334/96, tomando como fecha a los fines del cálculo respectivo las remuneraciones percibidas el año aniversario anterior al último día en que se abonaron o debieron abonarse las remuneraciones sujetas a cotización con relación al mismo empleador, esto es, la fecha de cese laboral.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. COSTAS. Honorarios del perito de control del trabajador. Conflicto normativo.

Las costas que se imponen a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) condenada deben incluir los honorarios de los peritos de control del trabajador. Ello porque el artículo 49 de la Ley 9459 -que dispone que los honorarios de los peritos de control son a cargo de la parte que los propuso- se torna inaplicable en el Fuero Laboral cuando aquéllos resultasen a cargo del trabajador vencedor en el litigio. De lo contrario entraría en colisión con la regla del art 23 inc. 10 de la Constitución provincial en cuanto garantiza la gratuidad de las reclamaciones laborales; e igualmente con lo dispuesto por el art. 20 de la LCT. La regla citada del Código Arancelario en materia laboral se presenta contraria a garantías de mayor envergadura cuando se impone ese costo al trabajador vencedor en la causa. La circunstancia que el perito de control no sea “necesario” sino una facultad de la parte no altera lo expuesto, por cuanto se trata de una “facultad” claramente vinculada a la vigencia integral del derecho de defensa en juicio tutelado por el art. 18 CN, que cobra particular relevancia en los casos en que se litigue contra personas que conforme sus características permiten presumir que cuentan en sus estructuras con asesoramientos y equipos o personal técnico idóneo en la materia, como en el caso de las ART en materia de higiene y seguridad industrial y médica. En el conflicto normativo, priman indudablemente las reglas sustantivas citadas (art. 20 LCT y art. 23 inc. 10 Const. provincial).

 

FALLO 2

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Décima de la Cámara del Trabajo, Secretaría 20.

Autos: “Rodríguez María Celia c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. – Ordinario – Accidente (Ley de Riesgos)”, expediente n.ᵒ 3234660.

Resolución: Sentencia n.° 130.

Fecha: 12/5/2017

Juez: Horacio Antonio Saad.

Análisis documental: Analía Pegoraro (redactora), Silvina Leticia González (supervisora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La actora promovió demanda contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) con el fin de obtener la cobertura de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo por la incapacidad que alegó padecer a raíz de sendos accidentes de trabajo in itinere de los que fue protagonista. Planteó la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, arts. 21, 22, 46, 12 de la Ley 24557 (LRT) y decreto 717/96. Solicitó la aplicación de la Ley 26773, reclamando el adicional del 20% del art. 3 y planteó a tal efecto su inconstitucionalidad por cuanto excluye de su cobertura a ese tipo de accidentes. Pretendió asimismo la actualización del crédito reclamado mediante el índice RIPTE. De su lado, la ART traída al proceso por subrogación legal negó la incapacidad y planteó falta de acción por no haberse seguido el trámite fijado por el decreto 717/96. El tribunal rechazó la defensa de falta de acción, la tacha de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 26773 y la actualización mediante el índice RIPTE. Finalmente, y atento al estado de liquidación de la demandada devenido durante el proceso, condenó al pago del crédito reclamado con más intereses reducidos y costas a la gerenciadora del Fondo de Reserva del art. 34 LRT.

SUMARIOS:

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. ACCIDENTE IN ITINERE. Prestación adicional del art. 3 de la Ley 26773: exclusión legal.

El planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 26773 en orden a la exclusión de los accidentes in itinere y sobre la base de que resultaría atentatorio del art. 16 de CN, principio de igualdad, equidad y justicia social, debe rechazarse pues no existe ninguna situación de discriminación reprochable. Cuando esa norma hace referencia a que tal porcentaje es “en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas”, alude a lo que podría surgir en función al régimen común y, particularmente, a lo relativo al daño no patrimonial o moral, es decir a supuestos de responsabilidad que -como regla general y salvo alguna excepcionalísima circunstancia- no ocurren en supuestos de accidentes in itinere, ello así por cuanto es casi inimaginable que en tal tipo de accidentes pudiera intervenir la culpa o dolo del empleador o, en su caso, de la ART; y mucho menos aún por riesgo de la cosa o actividad de esta. En tales términos, la excepción que hace la norma objeto de reproche es por demás razonable.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Incapacidad laboral. Prestaciones dinerarias. APLICACIÓN DE LA LEY 26773: Ajuste de indemnizaciones. Índice RIPTE.

Mediante la regla del art. 8 la Ley 26773 ha instaurado un método de “mejoramiento” automático y constante a futuro de los valores que refleja el texto de los arts. 11 apartado 4, 14 y 15 de la Ley 24557 (LRT) -preceptos que han quedado incólumes en su textualidad-, tornando de ese modo innecesario que el Poder Ejecutivo deba asumir periódicamente la función que le reservara el apartado 3 del art. 11 LRT de “mejorar” las prestaciones. Y, para ejecutar tal método, el legislador cristalizó un método sencillo y mecánico basado exclusivamente en la variación del promedio de remuneraciones de los trabajadores estables (RIPTE), que se relaciona con la pauta del art. 12 de la LRT. Por eso dicho art. 8 no ajusta las prestaciones adeudadas, sean de nacimiento anterior al 26/10/2012 o posteriores y únicamente ha dispuesto que los valores mencionados en el art. 11 apartado 4 (modificados por el decreto 1694/2009 y por la regla del art. 17 apartado 6 de la ley 26773) y los mínimos de referencia de los arts. 14 y 15 sean “mejorados” en forma periódica y automática cada seis meses.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Incapacidad laboral. Prestaciones dinerarias. ART EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN. INTERESES. CRITERIO DEL TSJ.

Teniendo en cuenta que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo accionada fue declarada en estado de liquidación durante la tramitación del proceso, corresponde que a la suma que constituye el capital de condena se apliquen los intereses dispuestos por la comunicación “A” n.° 14290 del BCRA (tasa pasiva promedio nominal mensual), desde la fecha de interposición de la demanda  y hasta haber sido debidamente notificada la disposición de la suma (art. 1 Res. n.° 233/04 y 29773/04). Ello conforme lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al sostener que “la reducción en cuestión, además de ser común en todas las leyes que legislan los estados falenciales, encuentra explicación (…) en la protección de todos los que necesitan cobrar créditos por igual. Se supera así, cualquier alternativa individualista más aún, cuando se trata de personas laboralmente enfermas o accidentadas.” (TSJ, “Alvarez Ramón Dardo c/ Responsabilidad Patronal ART SA y otro – Ordinario – Accidente (Ley de Riesgos)” Recurso de Casación – 70059/37, sentencia 83, de fecha 23 de marzo de 2015).  Sin perjuicio de ello, la fijación de la tasa de interés no causa estado y podrá ser modificada según el caso si variaran las circunstancias que determinaron su cuantificación, sin que ello afecte el derecho de las partes ni la cosa juzgada.

 

FALLO 3

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Segunda de la Cámara del Trabajo.

Autos: “Ramírez, Pamela Cecilia c/ Federación Patronal Seguros S.A. – Ordinario – Accidente in itinere”, expediente n.° 3165859

Resolución: Sentencia n. ° 46.

Fecha: 8/3/2017.

Juez: Luis Fernando Farías.

Análisis documental: Gabriela Minasian (redactora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

La trabajadora promovió demanda contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo reclamando la reparación integral de los daños padecidos tras sufrir un accidente mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Como sustento a su reclamo por la reparación integral establecida por los arts. 1109 y 1113 del Código Civil (aplicable al tiempo del siniestro), planteó la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24557 (LRT). La aseguradora requirió la citación de la empleadora. Ambas rechazaron la demanda. El tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT y rechazó la demanda en contra de ambas.

SUMARIOS:

ACCIDENTE IN ITINERE. INCAPACIDAD. REPARACION INTEGRAL. Presupuestos.

El derecho del trabajo, con su carácter eminentemente tuitivo de los intereses de la persona trabajadora le otorga a ésta ciertas prerrogativas sustentadas en lo que se denomina el “protectorio”, por resultar los derechos en juego de orden público. En cambio, si el trabajador opta por accionar a través del derecho común, le obliga también a una precisión acabada de su pretensión en el escrito de demanda y también en lo que respecta a la actividad probatoria. La demanda requiere que las acciones que se pretenden, tengan una correcta descripción con sustento en el o los presupuestos de responsabilidad que denuncia. Debe resultar de absoluta claridad la tipificación de la relación entre la acción que pretende y los presupuestos fácticos en que se sostiene. No es suficiente la mera invocación de la norma. Por ello, incumple la carga de afirmación que tiene al introducir su acción si solo se limita a denunciar el accidente y sus consecuencias dañosas, invoca para su procedencia las normas del código civil, pero no denuncia qué factor de atribución de responsabilidad le atribuye a los distintos daños denunciados, no alude a cuál ha sido el nexo causal entre los hechos y el daño y no precisa de manera alguna cuál ha sido la cosa riesgosa o productora de la actividad riesgosa y mucho menos en que consistió el riesgo. Más aún, si las atribuciones de responsabilidad de las normas que invoca son diferentes o resultan contradictorias.

ACCIDENTE IN ITINERE. INCAPACIDAD. REPARACION INTEGRAL. Atribución de responsabilidad.

Si el trabajador acciona a través del derecho común, contra la aseguradora de riesgos del trabajo y contra la empleadora, y su reclamo tiene como causa un accidente in itinere, ocurrido en la vía pública, donde intervino un tercero ajeno absolutamente a su empleadora, denunciar la atribución de responsabilidad resulta de exigencia ineludible. Esto pues ni siquiera puede inferirse la atribución de responsabilidad objetiva o subjetiva que pueda caberle a la aseguradora demandada y tampoco a su empleadora. Debe determinar qué actividad o inactividad de la demandada o aseguradora actuaron causalmente en el daño sufrido y si ello resultó, por ejemplo, como consecuencia de culpa, vicio o riesgo de la cosa, sea esta un objeto determinado o la actividad desplegada. Si incumple tal carga de afirmación que tiene al introducir su acción, esta carencia resulta óbice insalvable para que el tribunal pueda analizar la existencia del daño, sus características y consecuencias, por lo que debe rechazarse la demanda.

 

FALLO 4

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Bell Ville.

Dependencia: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación, Secretaría 1.

Autos: “Bettic, Germán Leandro c/ Asociart SA ART – Ordinario – Incapacidad”, expediente n.° 2957455.

Resolución: Auto n.° 62

Fecha: 31/3/2017.

Jueza: Elisa Beatriz Molina Torres de Morales.

Análisis documental: Guillermo Cerda Lopez (redactor) y Silvia Kiatkovski (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El trabajador solicitó con carácter cautelar y como medida autosatisfactiva, se ordenara a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) el otorgamiento de las prestaciones en especie previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, a los fines de restablecer su aptitud física, hasta la curación completa. Alegó padecer enfermedades profesionales que contrajo con motivo de su trabajo y que le impedían valerse de sí mismo para la vida cotidiana. Manifestó que el reclamo extrajudicial fue rechazado por la ART por considerar que se trataba de enfermedades inculpables, lo que fue ratificado por la Comisión Médica. La demandada rechazó el pedido de la medida urgente requerida por el trabajador, en virtud de considerar que el reclamo era por enfermedades profesionales controvertidas, lo que debería ser resuelto, oportunamente, por el tribunal de mérito. En la audiencia de conciliación fijada en los autos principales, se ordenó formar un cuadernillo separado para tramitar tal medida. El tribunal, luego de encuadrar la solicitud como medida de tutela anticipada, le hizo lugar, y ordenó a la aseguradora la cobertura de la totalidad de las prestaciones médicas correspondientes.

SUMARIOS:

PROCESOS URGENTES. MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. TUTELA ANTICIPADA. CARACTERES COMUNES. DIFERENCIAS.

Los institutos de medida autosatisfactiva y tutela anticipada tienen características comunes: las dos participan de la categoría de procesos urgentes, ambos requieren de un grado de convicción suficiente sobre la probabilidad del derecho alegado y un daño irreparable, irreversible o de difícil reparación. Pero la resolución que recae en una medida autosatisfactiva agota el objeto de la pretensión del solicitante, con el carácter y la calidad de cosa juzgada, es decir no requiere de un proceso de cognición posterior, ni tampoco podrá retrotraerse lo decidido autosatisfactivamente. En tanto que la “resolución anticipatoria” adelanta provisoriamente, total o parcialmente lo pretendido por el requirente que podrá ser confirmado o revocado por la sentencia definitiva sobre el mérito que se dictará al finalizar el proceso. Ello es así, en virtud de que existe una fuerte probabilidad de que se llegue a sufrir un perjuicio irreparable, ocasionado por tener que esperar a la conclusión del juicio principal. Con ellas se procura evitar el perjuicio que podría significar para el peticionante de la medida, la demora en la satisfacción de la pretensión hasta el momento en que se dicte resolución definitiva.

PROCESOS URGENTES. TUTELA ANTICIPADA. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.

Los presupuestos o requisitos de procedencia de la medida de tutela anticipada son: una fuerte verosimilitud del derecho invocado, grave peligro en la demora, la prestación de contracautela, y que la decisión anticipatoria no produzca efectos irreparables para el demandado.

PROCESOS URGENTES. TUTELA ANTICIPADA. Requisitos de procedencia: FUERTE VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO.

A diferencia de las medidas cautelares, en las que se exige la simple verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris-, en la tutela anticipada se exige un plus, es decir una fuerte verosimilitud. No basta la mera enunciación del derecho por quien lo invoca, sino que el requirente debe acompañar los elementos de prueba de donde surja que la invocación de su derecho goza de una fuerte verosimilitud. Dichos elementos, deben tener la aptitud suficiente como para convencer al juez de la existencia prima facie del derecho invocado que se pretende tutelar.

PROCESOS URGENTES. TUTELA ANTICIPADA. Requisitos de procedencia: GRAVE PELIGRO EN LA DEMORA.

El grave peligro en la demora debe analizarse teniendo especialmente en cuenta la prolongación en el tiempo de los procesos y con ello la insatisfacción del derecho del peticionante; lo cual justifica, por un lado, la urgencia de la medida y, por el otro, la anticipación provisoria estimatoria de la demanda (En el mismo sentido, CSJN in re “Camacho Acosta, M. c/ Grafo SRL y otros”, 07/08/97). En tales casos se justifica la anticipación de la tutela ya que, si se espera a la finalización del proceso, puede que la sentencia definitiva llegue demasiado tarde, con lo cual no habría justicia.

PROCESOS URGENTES. TUTELA ANTICIPADA. Requisitos de procedencia: PRESTACION DE CONTRACAUTELA.

La prestación de contracautela en las medidas de tutela anticipada obedece a la necesidad de asegurar a quien resulta demandado y luego condenado al pago de la prestación reclamada, que vea asegurado el cobro de los daños que pudieran ocasionarse en su patrimonio si el derecho invocado por el accionante deviniera inexistente. La contracautela que se necesita para este tipo de medidas no responde a un estándar determinado. El juez, en el caso concreto, deberá analizarla prudencialmente al momento de examinar los requisitos de procedencia de la medida y teniendo en cuenta el derecho del demandado para que éste no se vea vulnerado.

PROCESOS URGENTES. MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. PRESTACIONES EN ESPECIE. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA. TUTELA ANTICIPADA.

Ante la petición del trabajador para que como medida autosatisfactiva se condene a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada, a que le otorgue las prestaciones en especie previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo, por el principio iura novit curia, si se encuentra en trámite la cuestión de fondo, corresponde encuadrar dicha solicitud como medida de “tutela anticipada”.

PROCESOS URGENTES. TUTELA ANTICIPADA. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. PRESTACIONES EN ESPECIE. FUERTE VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO. GRAVE PELIGRO EN LA DEMORA. PRUEBA.

Si el certificado médico y el informe de los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia, dan cuenta de la enfermedad que padece el accionante, que las tareas desarrolladas fueron el factor determinante o más importante, y que debe continuar el tratamiento de la misma; y del examen preocupacional surge que no tenía incapacidad preexistente al inicio de la relación laboral, queda acreditada la fuerte verosimilitud del derecho invocado. Asimismo, si bien las afirmaciones del trabajador sobre el motivo del agravamiento de su enfermedad serán meritadas por el tribunal de sentencia, conforme las pruebas que se produzcan, si decidiera esperar el estado procesal oportuno para que se resuelva la cuestión de fondo hay grave peligro de que la solución llegue tarde, produciéndole o agravando un daño a su salud e integridad física.

 

FALLO 5

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Décima de la Cámara del Trabajo, Secretaría 20.

Autos: “Lujan, Natalia Elizabeth y otros c/ Provincia ART S.A. – Ordinario – Accidente in itinere” – Expediente n.° 3274277.

Resolución: Sentencia n°. 10.

Fecha: 13/02/2017.          

Juez: Daniel H. Brain.

Análisis documental: Gastón Pintos Iacono (redactor), Silvina Leticia Gonzalez (supervisora) y Silvia Kiatkovski (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

Los derechohabientes de un trabajador interpusieron demanda en contra de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) reclamando las prestaciones dinerarias debidas por la muerte de aquél acaecida en un accidente de trabajo “in itínere”. Relataron que la demandada nunca contestó el reclamo administrativo que iniciaron previamente a la demanda y plantearon inconstitucionalidad del art. 46 primer párrafo de la Ley 24457, 8 inc. 3, 21 y 22 del mismo plexo legal y del Decreto Reglamentario 717/96. La accionada, por su parte, solicitó el rechazo de la demanda con costas. Si bien reconoció la vigencia del contrato con la empleadora al momento del siniestro, negó todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por los accionantes. Sostuvo también que no existió denuncia administrativa alguna del supuesto siniestro, la que estimó necesaria en casos de “accidentes in itinere” a los fines de corroborar la veracidad de los hechos. El tribunal hizo lugar a la demanda, negando el carácter obligatorio de la instancia administrativa y condenando a la accionada por los rubros reclamados más intereses.

SUMARIO:

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. ACCIDENTE IN ITINERE. INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DE PAGO ÚNICO (ART. 3 LEY 26773).

Verificada la existencia de un accidente de trabajo “in itínere” (art. 6.1 Ley 24557) y que la empleadora del trabajador fallecido se encontraba afiliada a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), corresponde a tal ART adicionar el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26773 a las prestaciones dinerarias a abonar a los causahabientes de aquél (art. 15 apartado 2, con más la del art. 11 inciso 4, ambas de la Ley 24557). Es clara la norma en cuanto indica que esta suma adicional deba abonársele al trabajador accidentado no solamente en los supuestos de un accidente típico de trabajo, o sea en el lugar del trabajo, sino también en los supuestos de encontrarse el trabajador “a disposición del empleador”, debiendo considerarse comprendidos también los casos de accidente in itínere. Porque cuando el trabajador se dirige desde su domicilio al trabajo o viceversa, lo hace en el marco de encontrarse a disposición del empleador, más allá del medio que utilice para su traslado. A lo que refiere la norma en cuestión no es al “hecho” típico sino a la “ocasionalidad”. Es mandato constitucional que los jueces deben interpretar las normas según su “ratio legis” y no sobre la base de un razonamiento aislado del contexto normativo en que una norma rige y no surge del art. 3 que se encuentre excluido de la reparación adicional el “accidente in itínere”, pues de haberlo querido el legislador, lo hubiera señalado de manera expresa y categórica.

 

FALLO 6

DATOS DE LA CAUSA

Sede: Ciudad de Córdoba.

Dependencia: Sala Primera  de la Cámara del Trabajo.

Autos: “Alessandrini, Andrés Fernando c/ ART Horizonte Seguros – Ordinario – Enfermedad. Accidente (Ley de Riesgos)”, expediente n.° 3199986.

Resolución: Sentencia n.° 85.

Fecha: 24/4/2017.

Juez: Enrique Andrés María Rolón.

Análisis documental: Jimena Lopez Achaval (redactora), Valeria Sola (supervisora) y Silvia Kiatkovski  (tutora).

SÍNTESIS DE LA CAUSA

El trabajador inició demanda en contra de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo persiguiendo el cobro de la prestación dineraria establecida en la Ley 24557, por la incapacidad que afirmó padecer por una patología calificada como enfermedad profesional. Manifestó que efectuó denuncia ante la aseguradora, quién no contesto su requisitoria, guardando silencio. La demandada planteó falta de acción, porque el actor no cumplió con el trámite administrativo previo obligatorio por la ley. Negó que el accionante padezca la patología e incapacidad que afirma y que exista relación de causalidad entre las tareas y la dolencia denunciada. El Tribunal rechazó la excepción planteada, e hizo lugar a la demanda.

SUMARIO:

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. DENUNCIA. RECHAZO EXTEMPORANEO. EFECTO: aceptación tácita.

Si el trabajador formuló la correspondiente denuncia de la afección a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y ésta rechazó la misma, resulta dirimente establecer si tal rechazo se hizo de modo temporáneo. De acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del decreto 717/96 (texto vigente a la fecha de la denuncia) el plazo para contestar la misma es de diez días. Probado que el rechazo referenciado fue recibido trascurrido ese plazo, sin que conste en dicha misiva que la aseguradora demandada utilizara el plazo de suspensión de diez días más previsto en la misma norma, tal rechazo tardío implica la aceptación tácita de la denuncia. El aludido rechazo extemporáneo posee los mismos efectos que el silencio, esto es la aceptación de la pretensión, es decir, que la afección y/o patología denunciada por el trabajador es enfermedad profesional y por ende existe relación causal entre ella y las tareas del actor.

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